Gobierno de Ortega allanó las oficinas cívicas y OGNs    

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La policía de Nicaragua allanó las oficinas de organismos de derechos humanos y otras asociaciones en una intensificación de las acciones contra opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, denunciaron los afectados.

También fueron ocupados los locales de las revista digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, críticos de Ortega y dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Ana María Tello se presentó el viernes a las oficinas de Confidencial para constatar lo ocurrido en el local de la publicación.

“La CIDH y el Meseni (Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua) condenan esta situación, que es una violación clara al derecho de asociación y de expresión”, dijo Tello.

“No cabe duda de que en las últimas semanas ha habido un incremento notable del hostigamiento a las ONG, miembros de la prensa, y en los últimos dos días, con el cierre de varias ONG, queda claramente demostrado que hay hostigamiento importante de las fuerzas policiales”, añadió.

El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente las acciones represivas y aseguró que con ellas “no conseguirán ocultar la opresión sistemática al pueblo nicaragüense”.

“Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan todavía más al régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el resto del mundo”, señaló el comunicado atribuido a Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.

Entre las ONG allanadas están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la fundación Popol Nah en Managua, la Fundación del Río, en Río San Juan (sur), y el Instituto de Liderazgo de las Segovias, en Nueva Segovia (norte).

El allanamiento de Confidencial, sin orden judicial, se realizó entre la medianoche del jueves y la madrugada del viernes. 

“Fue un asalto brutal (…) entraron a las oficinas y saquearon con lujo de violencia, (…) se llevaron computadoras, equipos de edición y toda clase de documentos”, dijo Chamorro, propietario de la revista digital.

Según aseguró, las autoridades pensaban que en el lugar funcionaba el Centro de Investigación y Comunicación (Cinco), una de las nueve ONG a las que el parlamento canceló el jueves la personería jurídica acusándolas de participar en un intento de golpe de Estado por apoyar las protestas antigubernamentales iniciadas en abril.

“Es un ataque brutal y demencial contra la libertad de prensa y la empresa privada”, denunció Chamorro.

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