La minería criminal

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Por. Álvaro Sánchez

Las posiciones políticas con respecto al medio ambiente en general y a los desarrollos mineros en particular no es cuestión de hoy, ya en los albores de nuestra patria eran de común ocurrencia las discusiones al respecto; de hecho frente a las minas de la familia de Don Francisco de Paula Santander se establecieron los decretos ambientales del libertador, causa según algunos historiadores de distanciamiento entre los dos patriotas. Pero más aún, desde cerca de 1500 se hacen referencias a la minería ilegal en nuestro país a través del desenfreno de los colonizadores europeos por llevar al viejo continente metales preciosos, sin tener para nada protección de los recursos naturales desconociendo a las culturas indígenas que privilegiaban la protección del entorno.

Los primeros controles sobre esta actividad tienen su origen en 1824 mediante una ley llamada “de exportación de frutos y producciones” en la misma se establecía un impuesto del 3% sobre la explotación y venta de oro y plata y se prohibía su comercio sin que previamente se amonedara el material; sin embargo el estado no tuvo control sobre la producción y venta de los metales preciosos y se calcula que entre los años 1824 y 1850 se produjo una tonelada de minerales ilegales por cada 85 kilos de minerales declarados.

Hoy por hoy en nuestro país se considera minería ilegal aquella que no cumpla con sus obligaciones fiscales para con el Estado, aquella que no posea título minero, si no tiene licencia ambiental o si es explotada por grupos al margen de la ley; se calcula que hoy por hoy las cosas no han cambiado en mucho y cerca del 65% de la minería de oro es ilegal, amén de otras explotaciones sin control como la del coltán. Debemos si diferenciar la minería de subsistencia que no significa siquiera el 3% de la explotación nacional de la minería criminal que se ensaña, no solo con el medio ambiente sino también con la sociedad.

Así las cosas, podemos afirmar que la minería criminal constituye un inmenso problema de orden no solo ambiental, sino también económico y social, para las poblaciones que observan la destrucción sistemática de su territorio, como se esclavizan sus habitantes y como se evapora su riqueza sin beneficio ninguno para ellos; entonces la pregunta sería ¿Por qué no pasa nada después de tanta destrucción y tantos muertos?

Pero la saturación del problema está llevando a un camino a mi modo de ver equivocado, se han estado promoviendo las llamadas “consultas mineras” con el fin de evitar la explotación minera en algunas zonas del país, no podría afirmar si esto es bueno o malo pero si puedo hacer un análisis particular de algunos pros y contras de estas medidas.

Ante todo deberíamos evitar mezclar la minería legal con la ilegal en un solo canasto y diferenciar a quienes quieren realizar un trabajo limpio y consciente de quienes tienen solo el apetito por los minerales extraídos, luego debemos pensar en que la minería ilegal no desaparecerá por efecto de la prohibición legal de realizar las explotaciones, el hecho de que sea ilegal ya la pone por fuera de cualquier norma que se expida al respecto, el Estado podría controlar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental pero ha demostrado que no tiene capacidad de control sobre explotaciones ilegales; a mi modo de ver, la prohibición de la minería legal abre las puertas a un aumento de la minería ilegal en el país.

Finalmente valga decir que debería tenerse en cuenta la reparación del daño ambiental en las compensaciones que se esperan de los movimientos guerrilleros hacia las víctimas; de una u otra manera todos somos víctimas del tremendo daño que ha significado y está significando la minería criminal.

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