Sometimiento a la justicia

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Sorprendió al país la noticia de que alias “Otoniel”, jefe del Clan del Golfo, manifestó estar dispuesto a someterse a la Justicia, según informó el Presidente de la República, indicando que el pasado 3 de septiembre, tres días después de que alias “Gavilán”, el segundo al mando del grupo delincuencial muriera en medio de un combate, recibió una carta del máximo líder de esta banda criminal, en el que expresó su deseo de sometimiento. Ha sido claro el Gobierno en manifestar que se trata de un sometimiento y no de una negociación.

Luego observamos una filmación que salió por todos los medios, donde aparece el líder de la banda criminal, con atuendo de militar camuflado, de cinta al brazo, al estilo de la guerrilla,  donde manifiesta,  previo a la visita del Papa Francisco,  su voluntad de  llegar a un acuerdo de paz con el país;    intervención y presentación con bastante tinte político.  Da a entender que lo que quiere es llegar a una negociación, como lo hizo la guerrilla de las Farc.

Gobierno y bandido líder parecen estar hablando en dos lenguajes diferentes y tener pretensiones muy distintas.      

Con los delincuentes no se negocia; se atiende estrictamente a lo que dispone la ley procesal penal; se les escucha en la indagatoria que rindan ante la autoridad competente.  Si se someten voluntariamente, seguramente podrán obtener los beneficios que el sistema penal acusatorio colombiano le otorga a quién colabora; como principio de oportunidad, sentencia anticipada, rebaja de penas, etc. Pero todo dentro del marco legal.  

También causó sorpresa el hecho de ya exista un proyecto de ley para someter a las bandas criminales organizadas en el país;  donde  se reglamenta todo un proceso para el sometimiento, con particularidades normativas bastante llamativas, como que  en  su capítulo  sexto se establece que,  una vez iniciado el proceso de sometimiento a la justicia, la Fiscalía podrá suspender por el término que éste dure, las órdenes de captura  que se hayan dictado contra los representantes de los grupos armados organizados (GAO);  se habla de negociación colectiva y sometimiento individual.  En el capítulo séptimo se refiere a un tratamiento penitenciario especial para quienes se acojan a la justicia en el marco del referido proyecto de ley. También se crea un fondo para reparar a las víctimas.  Es decir, el estudio o proyecto que viene adelantándose desde el año 2016, es todo un estatuto para la gran delincuencia organizada.

Después de leer el proyecto, quedan en el imaginario varias inquietudes y perplejidades. Miremos algunas de ellas: En primer lugar, hasta donde es necesaria la expedición de una ley de esta estirpe, ¿acaso el sistema penal colombiano no es suficiente para someter a estas bandas criminales a la justicia?   ¿Por qué tenemos que solucionar todos los problemas del Estado a punta de expedir leyes que no hacen más que aumentar la inflación legislativa? Si las bandas se quieren entregar, que lo hagan; el sistema es flexible y otorga dádivas  cuando esto ocurre;  pero si lo que quieren es copiar lo  que si hizo  con la guerrilla, alegando que los delitos son prácticamente los mismos; la cuestión es distinta. Apague y vámonos si se está pensando en atenderlos; sería claudicar el Estado colombiano.

*ExMagistrado

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