Aumento del GPL afecta a los más pobres

Los recientes anuncios realizados por el Gobierno en cabeza del Ministerio de Minas sobre los racionamientos programados de Gas Licuado de Petróleo o gas propano(GLP) que iniciarán a partir del mes de enero de 2019, se han convertido en una lamentable noticia para el bolsillo de cerca de 12 millones de colombianos.

Y es que con la resolución 41277 del 20 de diciembre de 2018, el Ministerio de Minas y Energía estableció que desde el primer semestre de 2019 se realizará un racionamiento programado y un alza en los precios del GLP, lo que afectará irremediablemente a los más pobres del país.

Se estima que el incremento en el precio será de aproximadamente 4% para enero, como promedio a nivel nacional, pero este aumento puede variar dependiendo de las necesidades de transporte y condiciones logísticas de cada región. Según la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), la importación de este hidrocarburo podría aumentar en 11,5% el precio al usuario final.

Pese a que en días pasados Ecopetrol había informado que no habría un desabastecimiento de GLP y que el suministro del combustible estaba garantizado para el primer semestre de 2019, ha quedado claro que hay muchas fallas y una letargica capacidad de reacción ante el escenario internacional de precios bajos que inicio en el 2015.

Es aquí donde nos preguntamos: ¿Qué ha hecho Ecopetrol para evitar la pérdida de autosuficiencia nacional? En la última década las empresas petroleras implementaron proyectos de recobro mejorado, que permitieron adicionar algunos volúmenes de crudo a las reservas probadas, lo que aunado al hecho de la entrada en operación de la nueva Refinería de Cartagena y el mejoramiento en la eficiencia de los procesos de refinación del crudo, aplazaron en el tiempo la perdida de autosuficiencia. Sin embargo, en los últimos años estos esfuerzos han mermado y lo que se ha hecho ha sido insuficiente ante la realidad de un escenario internacional de precios bajos.

En los últimos años las inversiones en el sector han disminuido, esto sumado a la falta de formulación y adopción de políticas anticíclicas activas para estimular la actividad petrolera por parte del Ministerio de Minas y la Empresa pública Ecopetrol nos han llevado a este punto de recurrir a la importación de GLP, que utilizan diariamente los colombianos con menos recursos.

En caso de no presentarse un cambio por parte de la dirección de Ecopetrol frente a las condiciones actuales del sector de hidrocarburos, seguiremos percibiendo progresivamente un menor ingreso externo como consecuencia de la reducción de las exportaciones de crudo y por otra parte, una mayor importación de combustibles hacia mediano plazo que afectarían la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En el gobierno pasado, ante un balance negativo de oferta-demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y con el fin de atender las necesidades de abastecimiento del país, Ecopetrol realizó ajustes en su planeación operativa y de mantenimientos programados, que garantizaron el suministro de este combustible a nivel nacional. Estos ajustes en la operación de Ecopetrol para surtir el producto, fueron en línea con los acuerdos establecidos con el Ministerio de Minas y Energía y sobre todo, con su tradicional compromiso de abastecer suficientes combustibles para el bienestar de los colombianos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y la CREG, debe ejecutar la revisión de la regulación del mercado de GLP, acorde con el marco legal nacional, para continuar asegurando la oferta y la atención de la demanda del país, evitando a toda costa que se aumenten los precios al consumidor final.

Esta medida de racionamientos programados de GLP resulta ser una movida facilista del Gobierno Nacional, que siempre traslada su ineficiencia a los ciudadanos y les exige comportamientos restrictivos para subsanar su falta planeación y como si no fuera suficiente, también decide salir a buscar el combustible en el mercado externo en detrimento del bolsillo de los más pobres de Colombia. Esperamos que se tomen las decisiones de fondo que permitan asegurar la oferta y la atención de la demanda del país sin sumarle más gastos a los hogares colombianos.

*Senador de la República