“Hay que apostarle a la educación, si queremos un mayor desarrollo social”

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El 14 de diciembre y luego de dos meses de paro, los líderes universitarios y el presidente de la República, Iván Duque, acordaron un mayor presupuesto para la educación superior, en un acuerdo que fue calificado como ‘histórico’, por una mayor financiación para la educación pública superior.

El día anterior al acuerdo, 13 de diciembre, el país vivió la décima y última movilización del año, en la que los estudiantes salieron a las calles en busca de mayor financiación para la educación. Sin embargo, enfrentamientos entre ellos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que causó que un joven saliera gravemente herido, puso a tambalear así la mesa de negociación, que transcurría ese día y el acuerdo estaba cercano.

Pese a esto, alcanzaron el pacto en el que se comprometieron recursos por 4.5 billones de pesos para la base de las universidades públicas, en los próximos cuatro años. Luego de todo este proceso, el líder estudiantil Alex Flórez habló con COLPRENSA sobre cómo se generó el movimiento estudiantil, el acuerdo y lo que vendrá para 2019.

– ¿Cuál fue el detonante de este movimiento estudiantil?

Este es un movimiento que se venía cocinando desde hace tiempo, producto de las necesidades que el sistema tiene y que se fueron profundizando con el paso de los años. Desde tiempo atrás existía la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares) y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) y fueron estas las que empezaron a fomentar el movimiento. Sin embargo, el detonante fue la situación de la Universidad de Antioquia, donde no fueron los estudiantes, sino los docentes quienes alzaron la voz y entraron en asamblea permanente hace tres meses y tres semanas, producto de las afectaciones que vienen sintiendo como consecuencia de la reforma tributaria del 2016.

– ¡Cómo se veían afectados los docentes?

Esta medida los afectó en lo relacionado con gastos de representación y generó que ellos pasasen de tributar entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales al año, a pasar a tributar entre 2 y 3 salarios mínimos al año. Es decir, un profesor que en estos momentos se gane 5 millones de pesos mensuales está tributando entre 10 y 15 millones de pesos al año, en impuestos, lo que afectó gravemente a los cerca de 12.200 maestros universitarios de planta en todo el país.  

Los maestros entraron en paro porque ya no tenían cómo pagar la nómina de este año, ni del año siguiente y al observar esto, los estudiantes vimos que la universidad pública era inviable por la falta de recursos y, finalmente, se decide entrar en paro nacional el 10 de octubre con el objetivo de hacer reflexionar al país sobre el sistema educativo y las condiciones precarias que teníamos y así demostrar que las universidades son herramientas para la vida.  

– Pero este detonante extendió la ola a nivel nacional. ¿Cómo llegaron a eso?  

Las necesidades no eran solo de la Universidad de Antioquia, sino que de todas, porque ya no teníamos con qué pagar. Los rectores fueron una pieza clave para el inicio de la movilización, ya que visibilizaron la crisis, pero los estudiantes fueron el motor para conseguir el acuerdo que tenemos. Si los jóvenes no se hubieran volcado de todas las regiones a las calles, incluso caminando para llegar a Bogotá y llamar la atención del Gobierno, no se habría pactado nada.  

Desde ese momento, los líderes de las asambleas empezamos a pasar derechos de petición para hablar con el Gobierno y solicitar que girarán los recursos faltantes, pero a eso se hizo caso omiso en un primer momento. Sin embargo, en el camino los rectores bajaron la guardia y vieron que esto se iba saliendo de las manos, pero es que los estudiantes no nos íbamos a conformar con migajas.  

– Precisamente ahora que habla de los rectores, uno de los momentos tensos fue cuando ellos los firmaron el primer acuerdo y ustedes no estuvieron a favor de esto. ¿Qué sucedió en ese momento?

Nosotros no hicimos parte de la mesa que pacto ese acuerdo que se hizo con el Gobierno, por eso salimos a argumentar que no nos consultaron para ello. Mucha gente tomó nuestro descontento como un capricho, pero no fue así. El 25 de octubre nosotros fuimos citados con anterioridad por el Ministerio de Educación para hablar de la crisis, en ese escenario vimos que había poca seriedad del gobierno por lo que terminamos sin acordar nada. Para ese entonces, nosotros exigimos la entrada de los profesores a ese espacio de diálogo, porque así habíamos empezado y con los docentes íbamos a continuar. Al día siguiente, 26 de octubre, el Gobierno se reunió sólo con los rectores y ahí es donde se comete uno de los errores más grandes en medio de este paro, firmaron un pacto que no convenía gradualmente. El Gobierno se sentó con el sector equivocado porque no era un pacto de rectores sino de estudiantes y profesores y el presidente prefirió negociar así creyendo que era más con ellos.  

En esos momentos, nosotros teníamos conocimiento de esa reunión, pero no pensamos que se fuera a generar acuerdo de ese impacto y eso generó molestia y división entre la comunidad académica. Ahora entendemos que ese primer acuerdo no fue voluntad de los rectores, ni del presidente Duque, sino de la movilización de los estudiantes que lo llevó a él a ofrecer una cantidad de recursos muy importantes al ver que el problema era serio.  

– Entonces, la firma de ese acuerdo entre rectores y Gobierno fue visto como ‘puñalada trasera’…

Algunos sectores lo vieron así, pero también los rectores pudieron dar ese paso por la necesidad. La necesidad tiene cara de perro y los rectores definitivamente se dejaron seducir con recursos que no teníamos para las Universidades dejándose deslumbrar, pero se equivocaron con esto. Aún no sabemos si fue por complicidad o inocencia que terminaron firmando un acuerdo con el presidente y el cual fue un error que permitió que el debate se trasladara a otro escenario, en dónde no sólo eran ellos los que nos contradecían, sino también los académicos y llevó a que se suspendiera la mesa, pese a esto los estudiantes nos mantuvimos en firme para dar un poco de solución a esto porque ese dinero no era suficiente.  

– ¿Esperaban conseguir ese acuerdo?

Inicialmente las expectativas de conseguir esa cantidad de recursos eran muy pocas. Realmente nosotros veíamos con dificultad pactar lo que acordamos debido a las posiciones que mostraba el Gobierno en no dar más recursos, eso nos generaba dudas en cuanto a lo que se podía avanzar más allá de lo logrado con los rectores. Sin embargo, el movimiento estudiantil tenía la fuerza suficiente para continuar y eso precisamente fue lo que consiguió esto. Nosotros no nos íbamos a conformar con la respuesta de que no había plata, porque al contrario, sí lo había, lo único que no era la voluntad política. Entonces, ese pensamiento nunca nos hizo flaquear, sino que nos mantuvo firmes y respaldados para lograr un acuerdo con las características que lo hicimos.

– Con respecto al acuerdo y la cifra final, el Gobierno habla de 4.5 billones y ustedes de 6 billones. ¿En sí cuál es el total de recursos conseguidos?  

La cifra real asciende a las 5.85 billones de pesos. El presidente Duque habla de 4.5 billones porque las demás cifras están relacionadas con saldos apropiados y comprometidos. Es decir, son los dineros que al final del año el Gobierno no se gasta. El Gobierno ha comprometido el 20 % de esos saldos cada año, esa cifra anualmente puede ascender hasta los 300.000 millones de pesos por el cuatrienio y eso sumado es alrededor de 1.2 billones de pesos.

-¿Por qué el Gobierno no habla de esa cifra?

Porque solo se tiene la certeza de cuánto será esa cifra hasta final de año. Pese a esto, nosotros calculamos que será 1.2 billones porque cuando se tiene en consideración el dinero de años anteriores que ha quedado sin ejecutar, la cifra promedia en esto. También está el descuento electoral que se le hace a las instituciones y eso es una cifra grande. Cada vez que los estudiantes votan, la universidad les hace un descuento de hasta el 73 %, pero nosotros logramos que ese porcentaje se ampliara hasta el 100 %. Es decir, que se le devolviera a la universidad todo el recurso, y no solo a las 32 universidades, sino a las 61 instituciones de educación superior en el país. Pero esa cifra tiene variables porque depende de la cantidad de estudiantes que voten y que presenten en el trámite el certificado de votación. Con esas dos cifras juntas la cifra sube de 4.5 billones a 5.8 billones, ese es el consolidado real del dinero que se le va a transferir en este cuatrienio a las universidades y a las instituciones de educación pública superior del país.

– ¿Quiénes salen beneficiados con este acuerdo?

El país. Pero más allá los estudiantes y profesores que no tenían garantía en su educación. La universidad pública genera retorno social, cuando se forman a personas de forma idónea con calidad el país avanza, pero esa calidad cuesta y por eso se dio la discusión. La que gana aquí es la sociedad colombiana que va a ver en unos años retornando ese gran esfuerzo que hizo y el avance del país con este aporte a la educación. Hay que apostarle a la educación si queremos un mayor desarrollo social.  

– ¿Qué viene tras el acuerdo?

Lo primero, es que la mesa tendrá continuidad para que sea de largo alcance y aliento, que no sea vista sólo como algo coyuntural, sino que será un espacio para seguir discutiendo estructuralmente las reformas que necesita el sistema educativo. También iniciaremos discusiones sobre reformas normativas, cómo, por ejemplo, al artículo 86 y 87 de la ley 30 que son los que determinan cómo se financia el sistema de educación superior público en Colombia.  

De igual forma, vamos a iniciar una discusión sobre la reforma estructural e integral al Icetex para que esta entidad cumpla, por fin, con la labor que debería y es la de fortalecer la educación superior y no convertirse en un endeudador. Vamos a estar discutiendo además una reforma constitucional al sistema general de regalías, hemos logrado aportes importantes de las regiones por 1.5 billones, los cuales 250.000 millones son para financiar doctorados, lo que quiere decir que vamos a tener profesores mucho más preparados, otros 250.000 millones para investigación y un billón de pesos para inversión en infraestructura y 500.000 millones adicionales para la educación básica y media. A partir de ahí vamos a discutir una reforma estructural y constitucional al sistema general de regalías para que se comprometa con estos recursos de forma permanente para la educación superior.

BOGOTÁ (Colprensa).

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