Inician aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua

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La represión del Gobierno de Daniel Ortega ya le ha costado la vida a 325 personas

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El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició este jueves el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, anunció Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

“Quisiera aferrarme a que usted y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua”, añadió Almagro, dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo, Luis Alvarado.

 

¿Qué es la Carta Democrática?

La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.

Su artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

Si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.

Durante la sesión de este jueves, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, ente autónomo de la OEA), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a “considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana”.

La embajadora argentina, Paula Bertol, indicó que muchos miembros están pensando en su aplicación porque “estamos hablando de terrorismo de Estado”.

Una ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social que derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, generó una dura represión que según la CIDH ha dejado 325 muertos y 400 detenidos.

Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), que se desplazaron al país pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre.

En Washington, el GIEI denunció en su informe, presentado el 21 de diciembre, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.

 

El Colombiano

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