Fiscalía adelanta más de 400 investigaciones

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Más de 400 procesos se adelantaron en 2018 contra funcionarios de la rama judicial: asistentes de despacho, fiscales, jueces, investigadores y guardianes del Inpec, la mayoría por recibir dinero a cambio de cumplir con su función. Así lo establece un informe de la gestión del fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

La mayoría de casos tiene como protagonistas a jueces que resultaron enredados al cambiar decisiones por millonarios pagos.

 

En un informe que presentó la Fiscalía, la entidad revela una preocupante cifra en materia de investigaciones en contra de quienes, en teoría, deben cuidar de la justicia.

Más de 400 procesos se adelantaron en 2018 contra funcionarios de la rama judicial: asistentes de despacho, fiscales, jueces, investigadores y guardianes del Inpec, la mayoría por recibir dinero a cambio de cumplir con su función.

Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía entregaron un nutrido balance de investigaciones que deja más de 100 procesos por corrupción en la justicia, donde casi la mitad relaciona a jueces, asistentes de despacho e investigadores como los más enredados.

Desde la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte también hay un interesante balance: se atendieron 306 casos que dejaron 7 condenados, entre ellos, el controvertido ex director anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, y el socio del ex congresista Otto Bula, el fiscal Rodrigo Aldana. En ese listado también se cuentan magistrados de Tribunal, ex empleados de la Corte Constitucional y se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar a dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

El año pasado, durante la exposición ‘La miseria del oro. Minería ilegal’, en el museo de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez aseguró que esta práctica es un “crimen atroz”.

Una semana después, el ente investigador dio un contundente golpe a las organizaciones criminales dedicadas a destruir los recursos naturales para extraer oro de zonas protegidas y que terminaba nen joyerías de Estados Unidos, India y Emiratos Árabes.

Consulte también: Hasta con muertos legalizaban exportaciones de oro

No son gratis más de 800 operativos contra 2.700 minas ilegales y con más 7.000 capturados en los últimos cinco años. La Fiscalía, la Policía y el Ejército desde hace años combaten este flagelo que deja más ganancias que el narcotráfico, según las mismas autoridades.

En la carta dirigida al presidente Iván Duque, a una lista ministros y funcionarios de los entes de control, la multinacional pide una intervención militar, pero lo cierto es que los resultados de los operativos conjuntos demuestran que hace mucho rato se adelantan esas intervenciones.

PARA 2019

Desde la Fiscalía, se diseñó una estrategia contra la minería ilegal que se concentra en dos escenarios: comercialización interna del oro ilegal y el comercio internacional. En los dos será la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras la encargada de identificar ese mercado ilegal, establecer objetivos y liderar los operativos para atacar la cadena del comercio. Harán un análisis de flujos ilegales de dinero, determinarán la legalidad de las exportaciones, priorizarán algunas zonas del país y judicializarán a los responsables.

CONVENIO CON EE.UU

En una cumbre con autoridades de los Estados Unidos, se definieron algunos compromisos en materia de cooperación judicial y allí se dibujó la estrategia contra la minería ilegal. Se habló de la lucha contra el crimen organizado y de cómo las ganancias que dejan actividades como el contrabando, la corrupción y la minería ilegal serán perseguidas por los dos países.

“Los dos países compartirán activos en forma potestativa y el producto de esta compartición de bienes habrá de traducirse en una mayor capacidad institucional para seguir persiguiendo a los criminales y luchando contra el delito en beneficio de nuestro pueblo”, explicó el fiscal.

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