La operación eléctrica es una bomba social en potencia

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Son demasiado vulnerables los soportes que tiene el sistema eléctrico de distribución regional para acceder a un nuevo operador u operadores que les den plena confianza a los usuarios.

Mientras los cortes y demoras en restablecer el servicio siguen causando molestias y daños económicos y en calidad de vida, creyéndose que la transición no sería tan larga y por lo tanto la espera se vuelve asimilable, se están debatiendo temas que no corresponden con las verdaderas dimensiones de lo que está subyacente en la ruta de la nueva operación.

Se está partiendo de información optimista, algunas veces procedente del gobierno nacional, y de la euforia por haber sacado a los españoles de la responsabilidad por la prestación, pero  no se están teniendo en cuenta factores que hacen irreal tal optimismo.

Es el caso de los pasivos y los ingresos posibles, que no hacen atractivo a simple vista a operadores de primera línea en el mercado mundial venir a la región Caribe. Suman los pasivos de Electricaribe 1.5 billones de pesos por deudas laborales y 2.4 billones a los bancos y contratistas, mientras el recaudo sólo asciende a 246 mil millones mensuales, de los cuales el 80 por ciento debe destinarse a compra de energía.

El sustituto de Electricaribe debe comprometerse con inversiones por 600 mil millones de pesos anuales en diez años, la cual no es una cifra desdeñable.  Adicionalmente, está el problema del robo de la energía, la protección constitucional que tienen ciertos usuarios para que no les quiten la luz, como los establecimientos de servicios públicos esenciales, y la crisis fiscal que está conduciendo a la reducción progresiva de subsidios y de fondos de electrificación social.

Las condiciones socioeconómicas del Caribe y la extensión del territorio hacen complejo el negocio de distribución. De ahí la importancia de los subsidios para que sea sostenible.

Por otra parte, Colombia no es un país tan atractivo para la inversión extranjera en energía, como quedó probado con las dificultades para la venta parcial de Isagen.

El conjunto hace que no será fácil la estructuración de los negocios para una nueva operación confiable. De ahí que tiene que haber mayor rigor en la ruta que se transita para liquidar a Electricaribe y contratar nueva operación con soportes  ciertos. El optimismo y la euforia no son buenas consejeras en asuntos mineroenergéticos.

Debe tenerse cuidado con los anuncios en las situaciones de crisis. Electricaribe no ha recibido los respaldos de la nación con fondos de la Superintendencia de Servicios Públicos que se decretaron para asegurar compras de energía anticipada que le dieran mejores precios y más confiabilidad en el suministro. Por lo tanto, se ha visto obligada la empresa a  comprar energía con mayor volatilidad en los precios y, por lo regular, más cara. Esto está afectando la estructura de costos de la comercializadora hoy en intervención para liquidación. La contribución del Estado quedó en anuncios.

Sin exagerar tenemos una bomba social en potencia en el Caribe colombiano, aún estamos a tiempo de desactivarla.

Consiste esa bomba en que si no hay oferentes apropiados se puede volver a negocios con empresas que no constituyen garantía de efectividad en la prestación del servicio en el mediano y largo plazo,  que fue lo ocurrido con Electricaribe desde 1998, cuando fue creada. Los costos sociales y económicos para el Caribe por una mala estructuración y aplicación del modelo de distribución en ese entonces son difíciles de cuantificar pero han sido demoledores de calidad de vida y competitividad.

En aquel momento el gobierno saliente de Ernesto Samper  no atendió reparos sobre sus procedimientos que llegaron débilmente desde la región y, bajo acuerdo con el entrante, de Andrés Pastrana, procedió a la apropiación por la Nación de los activos y los vendió a los privados.  Fue un zarpazo histórico contra la región porque el capital se había constituido en parte por una sobretasa que pagaron los usuarios de los ocho departamentos.

La experiencia nos debe conducir a prevenir errores para la economía y el bienestar regional. A poner los pies sobre la tierra. Para ello es preciso que se debata con los elementos aquí expuestos sobre el futuro de la distribución de la electricidad.

Se tiene que acabar con la ilusión de que estamos cerca de una solución estructural a un problema que ha sido complejo y ahora lo es más.

*Senador.

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