Gobierno le dice ‘No’ a reforma pensional

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, insistió en que la edad de jubilación no aumentará

La reforma pensional del Gobierno no llegaría, por lo menos este año, a la mesa de discusión del Congreso, según la ministra de Trabajo, Alicia Arango.

La decisión se habría tomado porque hay tres pilares que deberán ser analizados en la reforma. Según la funcionaria, se conformará una mesa técnica que se dedique de lleno a la elaboración oficial de la reforma.

El primer punto es que el Gobierno no aumentará la edad de jubilación para los colombianos, como lo había reiterado en algunas oportunidades el presidente Iván Duque. Así las cosas, las mujeres seguirán teniendo la jubilación a los 57 años y los hombres a los 62 años.

El segundo elemento que deberá tener en cuenta la mesa técnica creada por el Gobierno es que la pensión sustitutiva deberá permanecer sin cambios.

Por último, el tercer pilar es “el respeto por los derechos adquiridos por los trabajadores”.

Y aunque la necesidad de hacer una reforma pensional cada vez es más urgente, la ministra Arango señala que “es de vital importancia la socialización de estos temas tan delicados”.

Finalmente Arango dijo que la idea es también recibir apoyo de otros países que tengan sistemas pensionales exitosos y de organismos multilaterales que puedan aportar buenas ideas a Colombia.

SORPRESA

El Gobierno nacional no puede volver a cometer los mismo errores de la Ley de Financiamiento en un eventual trámite de una reforma pensional en el Congreso de la República, advirtió el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Consideró que una iniciativa de tal magnitud deberá ser socializada y consultada con todos los sectores involucrados en la misma.

Por ello, recibió con sorpresa el anuncio de la ministra del Trabajo, Alicia Arango, de no presentar al Congreso de la República el proyecto en el presente año.

Según el director de Fedesarrollo la reforma pensional es inaplazable en el contexto de un sistema de seguridad social que apenas está llegando al 25% de los adultos mayores.

A esto se suma que el costo fiscal es muy alto para las finanzas del Gobierno central y con alta regresividad por la entrega de subsidios a las pensiones más altas.