Futuro de negociadores del Eln quedan en el limbo

Nicolás Rodríguez Bautista, alias ´Gabino´,  comandante del Eln y quien se encuentra en La Habana, Cuba.

Las expectativas del país y de la comunidad internacional están puestas en lo que pueda pasar con los exnegociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional que permanecen en Cuba, luego de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunciara la decisión de levantar la mesa de diálogos con este grupo armado tras confirmarse que fue el responsable del atentado en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

Cuando el jefe de Estado notificó a los colombianos esta decisión, dijo que el Gobierno levantaba a partir de ese momento la suspensión de las órdenes de captura contra los diez miembros de la delegación de paz de esa guerrilla, por lo que le pidió a Cuba capturar y trasladar a los mismos a territorio colombiano para que fueran juzgados por las autoridades.

Sin embargo, Cuba, a través de los canales diplomáticos, señaló que debía seguir los protocolos firmados con el Estado y los demás países garantes del proceso (Noruega, Chile y Brasil), en relación a lo logística a seguir tras el levantamiento de la mesa de diálogos. El Gobierno colombiano fue enfático en decir que desconocía dicho pacto por haberse firmado con el anterior Gobierno e insistió en que la isla hiciera valer el acuerdo de extradición firmado entre ambas naciones.

Carlos Patiño, experto en relaciones internacionales, sostiene que la única salida que le queda al presidente Duque para resolver el futuro las relaciones internacionales entre ambas naciones y de los exnegociadores es la política. Esto significa sentarse a negociar tanto con Cuba como con los tres países garantes del proceso, en especial ahora que Noruega manifestó que respeta el documento.

 “Noruega a petición del Gobierno colombiano aceptó asumir el papel de país garante. Noruega valora y se toma muy en serio esta responsabilidad y la confianza depositada en nosotros (…) Noruega, junto con los demás países garantes, ha firmado varios documentos, inclusive el Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN (…) Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos”, comunicó el país.

Patiño explica que el camino diplomático es el único que permitiría resolver qué pasará con la ahora exdelegación de paz del Gobierno, debido a que no existe ninguna instancia internacional que pueda resolver este cruce de versiones entre Estados. Sin embargo, el experto dice que normalmente los pactos entre naciones se respetan, bajo el principio del Derecho Internacional.

“El Gobierno del presidente Duque tiene un argumento fuerte cuando alude a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, que dice que las políticas de paz son políticas gubernamentales y no Estatales, en ese contexto tiene un argumento a favor muy fuerte e importante”, señala el analista.

Según el experto, Duque debe valorar que con este proceder puede cerrar las puertas a que otros países sirvan como mediadores en eventuales negociaciones con el ELN u otro grupo armado. Dice que también hay que reconocer que este grupo armado cometió un grave acto terrorista.

Manuel Alejandro Correal Tovar, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Libre, indica que pese a que el documento no surtió procedimientos internos, al igual que otros pactos internacionales, no obstante es un acuerdo entre Estados y no entre Gobiernos y por tanto quienes lo suscribieron deben cumplirlo.

 “El Gobierno Nacional está cometiendo una equivocación al creer que fue un acuerdo del anterior Gobierno, cuando lo que estaba haciendo al anterior Gobierno era obligar al Estado. El protocolo de Ginebra es el que le da las facultades a los Estados para que celebren acuerdos, como el de las FARC, que está en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, dice Correal.

Sin embargo, señala que para resolver la suerte de los exnegociadores del ELN se podría acudir a los mecanismos de solución pacífica de controversias, como lo contempla la Organización de las Naciones Unidas, pero advierte que el Derecho Internacional está del lado de Cuba.