Alerta por licitación para cambiar programa de alimentación en cárceles

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Una licitación que se abrió a comienzo de este mes tiene en alerta a los presos de las distintas penitenciarias colombianas, quienes denuncian que de adjudicarse ese proceso se les quitarían algunos beneficios que son de gran utilidad para ellos y sus familias. Se trata de la búsqueda de un operador para el manejo del servicio de alimentación en las cárceles del país.

La historia va así. Algunos internos son escogidos para trabajar en los ranchos, como se les conoce a las cocinas, por lo que reciben una paga por ello. Como dentro de las penitenciarías no se puede manejar dinero en efectivo, a cada reo le dan un bono que luego es entregado a las familias para que lo cambien por plata real.

Esa especie de salario es, en ocasiones, el único sustento que tienen los parientes de los presos para su manutención. La labor también sirve para que los presos rediman tiempo de la pena a la que fueron sentenciados.

Lo que está en juego es una licitación por 341.000 millones de pesos para “la prestación del servicio de alimentación, mediante el suministro de alimentos por el sistema de ración”, conforme se lee en los pliegos que fueron publicados en el portal bolsamercantil.com.co.

En el cuarto punto del documento se precisa que el cierre de la operación se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año “o hasta agotar el presupuesto oficial asignado”.

Sin embargo, para la fundación Movimiento cárceles al desnudo, en los pliegos no se considera la opción de que los internos hagan parte de esta nueva licitación y advierten que las funciones que hoy cumple la población carcelaria sería manejada por personal que sea contratado por el ganador de la licitación.

“Nos preocupa que la alimentación quede a cargo de personal externo, ya que se puede prestar para el ingreso de elementos y sustancia ilícitas. Para nadie es un secreto que los centros de reclusión en Colombia son foco de corrupción liderados en algunas ocasiones por funcionarios que laboran dentro del INPEC”, dice Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación.

Por ejemplo, dice la advertencia, en la cocina de La Picota trabajan alrededor de 120 internos quienes desde la madrugada inician las labores de la preparación de alimentos. Al tener personal de fuera, se debería establecer un protocolo de seguridad adicional para el ingreso de los funcionarios

“Lo que se busca es que se abstengan de eliminar la redención de los internos de los servicios de alimentación, ya que con ello se está vulnerando los derechos fundamentales a 1633 internos en todo el territorio nacional”, comenta Echeverry.

 

Bogotá Colprensa

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