El limbo jurídico de los hermanos Mora Urrea

 

En una incertidumbre jurídica se encuentran los hermanos Mora Urrea, pues su caso no se encuentra ni en la justicia ordinaria ni ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Este clan se hizo famoso luego de que la Fiscalía los acusara de ser auxiliadores de la antigua guerrilla de las Farc como propietarios de una cadena de supermercados ubicada en poblaciones de Tolima y Cundinamarca, y en sectores populares de Bogotá.

Tras conocerse la noticia, una horda de vándalos atacó, saqueó y destruyó varios de sus locales. Mientras eso sucedía, Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea comenzaban su desfile ante los juzgados donde se les acusó de delitos relacionados con lavado de activos.

Tras las audiencias de rigor, la Fiscalía radicó el escrito de acusación y previo al llamado a juicio, el juez de la causa advirtió que al haber personas de las Farc involucradas en el expediente no era competente para dirimir el asunto, por lo que le pidió al Tribunal de Bogotá que asumiera el proceso.

Desde allí argumentaron lo mismo y remitieron el expediente a la JEP. Ese tribunal está en mora de un pronunciamiento para decidir si acepta el proceso o decide no admitirlo para que continúe ante la justicia ordinaria.

Sea cual sea el camino, la defensa de Norberto Mora, asumida por el movimiento Cárceles al Desnudo, presentará una serie de documentos con los que esperan demostrar lo que ellos han denominado como “violaciones al debido proceso, al buen nombre y a la presunción de inocencia”.

Según explican en el escrito de acusación, el ente investigador relaciona los informes periciales suscritos por un investigador de nombre Jefferson Álvarez Benavides quien, al parecer, revisó y entregó un dictamen sobre los libros contables y los informes financieros de Norberto Mora Urrea.

Álvarez Benavides también aparece firmando el análisis de la información financiera del peritaje que se les hizo a las empresas Supermercados Cundinamarca y Transportes Cundinamarca. Aparece bajo el radicado FPJ 13.

Con esos documentos, la Fiscalía argumentó que el clan de los Mora Urrea tuvo un incremento patrimonial que no era acorde a la actividad económica que ejercían y ante el juez expusieron unas cifras que estaban en el informe de Álvarez Benavides.

Sin embargo, para la defensa, ese informe se constituye en una prueba sin validez toda vez que para la Junta Central de Contadores “no está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión”. Así se desprende de un documento emitido por ese órgano el 28 de abril del año pasado tras solicitud de la defensa a raíz de que, para ellos, fue desproporcionado lo mencionado por el perito que, aparentemente, fue contratado como investigador adjunto para este caso.

La Junta de Contadores señaló en su concepto que “en la base de datos se encontró que Jefferson Manuel Álvarez Benavides radicó su solicitud de inscripción y expedición de tarjeta profesional de contador público el 6 de junio de 2017, la cual se desistió mediante resolución 674 del 8 de agosto de 2017”.

“Esa es una de las pruebas que tenemos para demostrar la inocencia, pero no tenemos a quién entregársela. Ese es un informe contable suscrito por una persona que no es contador”, explica una de las abogadas de Cárceles al Desnudo.

 

A PIQUE

Actualmente, los Supercundi no tienen la misma oferta de productos que mostraban hace unos años. A raíz del proceso jurídico, su administración pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales que le entregó el emporio a la oficina de los abogados Páramo.

La planta de personal que antes del escándalo era de unos 1.100 empleados, actualmente llega a unos 500, los cuales, además, han denunciado demoras en algunos de los pagos. Personas que conocen el manejo de los supermercados señalaron que las ventas actuales diarias por punto de venta no superan los 10 millones de pesos, mientras que antes dicho monto oscilaba entre 60 y 70 millones de pesos.

El sindicato que cobija a los trabajadores de esa empresa señaló que las utilidades son empleadas “primero para pagarle a los abogados y demás gastos administrativos, dejando de último a los trabajadores quienes son las víctimas de esta administración”.

 

LOS TESTIMONIOS

La otra base de la acusación, de acuerdo con la Fiscalía, son los testimonios de guerrilleros que estuvieron en las filas de las Farc y sostuvieron en declaraciones del año pasado que vieron y conocieron que los Mora Urrea tuvieron nexos con esa guerrilla. Una de esas declaraciones, bajo la gravedad de juramento, es la de Etifer Quiroga Vargas, un joven nacido en Mesetas, Meta, que estuvo en el frente 53.

La Fiscalía presentó su declaración ante el estrado y, además, en la lista de testigos para el juicio es la segunda persona que será citada por el ente acusador para que confirme la teoría de que los Mora Urrea son testaferros de esa guerrilla.

Quiroga le dijo al investigador de la Fiscalía que vio a Norberto Mora Urrea reunido con el Zarco Aldinever y el Loco Iván “hablando de negocios”. También contó que “lo conoció como colaborador de la guerrilla lo mismo que a Luis Mora Urrea. No sé precisamente en qué invertían la plata”.

Quiroga le dio al fiscal 35 un relato pormenorizado de lo que hacían, hablaban y con quién se reunían los Mora Urrea.

Sin embargo, cuando se desmovilizó Quiroga, conocido con el alias de Alcides en ese frente, le entregó otra versión al Gaula del Ejército. En un informe de carácter reservado al que tuvo acceso COLPRENSA, Alcides confiesa que dentro de esa organización era la de arriero, es decir, guerrillero base.

Al Ejército le dijo que en sus dos años y medio como guerrillero conoció al cabecilla de ese frente Antonio José Montoya, a quien le decían ‘Diablo’, y a su escolta personal, Indalexis Gómez, ‘Arcángel’. En esa entrevista, relacionó, por lo menos, a 13 guerrilleros más de diferente rango dentro de la organización.

Pero nunca mencionó al Zarco Aldinever ante las Fuerzas Militares. El alias del Zarco no es de poca monta ni de fácil olvido toda vez que dentro del sanguinario Bloque Oriental de las Farc se decía que él era el heredero del ‘Mono Jojoy’.

Cuando al recién desmovilizado le preguntan por el ambiente operacional, es decir, por las llamadas redes de apoyo al terrorismo o personas de contacto con los guerrilleros, Alcides responde que “no conoce colaboradores, milicianos bolivarianos, clandestinos, debido a las funciones de arriero que tenía”.

El oficial del Ejército que lo interroga le preguntó por la información de finanzas, puntualmente de testaferros, pero en el informe queda reseñado que “el entrevistado manifiesta no tener conocimiento”. La misma respuesta se anotó en el documento de inteligencia cuando le preguntan si tiene conocimiento sobre empresas fachadas que le sirvan a la estructura.

Junto con el de Alcides habría tres testimonios que, dice la defensa, serían la prueba de un supuesto montaje de parte de la Fiscalía. En la JEP, la respuesta saldría en menos de un mes, de acuerdo a fuentes consultadas.

 

 

 

BOGOTÁ (Colprensa).