HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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La crueldad del Eln

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No encuentra el Eln como justificar la demencial acción terrorista perpetrada contra un grupo de jóvenes cadetes en la Escuela de Policía del General Santander. El comunicado en el que reconoce su responsabilidad  esta organización armada ilegal sostiene que “La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate,  conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social”, no se aviene a lo que dicen las normas del derecho de los conflictos armados.

En efecto, la Policía Nacional no es propiamente una fuerza militar. La Constitución Política dice que es una institución de naturaleza civil, y el hecho de que los oficiales que de ella egresan reciban inteligencia de combate o que luego participen en la guerra contrainsurgente, no los convierte en lo que ellos llaman “un objetivo militar lícito”, porque se trata de estudiantes que obviamente no estaban portando armas y no realizaban ninguna actividad contrainsurgente, es decir, no participaban directamente de las hostilidades en la condición de estudiantes.

Lo anterior quiere decir que esa acción violenta viola en forma grave los dos ejes centrales del DIH: el principio de distinción y el de proporcionalidad en el uso de la fuerza. O sea que, al margen de la discusión en el sentido de si la Policía Nacional es asimilable o no al concepto de fuerza militar para efectos de establecer si se le aplica o no el DIH, lo que si resulta claro es que los jóvenes estudiantes de la Escuela de Cadetes no tenían la condición de combatientes por lo que esa acción violenta constituye una grave infracción al derecho de los conflictos armados.

Como es conocido, el terrible atentado terrorista produjo una fuerte condena de la comunidad internacional, que incluye al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un hecho tan doloroso como este  no justifica ninguna ideología. Y el Eln desconoce por completo las normas protectoras del DIH cuando fue, precisamente, esa organización armada ilegal la que más propugnó por la adhesión del Estado colombiano al Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, como consta en la comunicación que a este respecto le dirigieran los comandantes del Eln al expresidente López Michelsen.

El grupo armado que desde la violencia quiera llegar a la paz tiene que introducirle un mínimo de racionalidad ética a sus métodos y el camino para hacerlo es desescalando la confrontación armada y respetando las reglas del DIH.

Por otro lado, hay que repudiar la muerte absurda de los jóvenes cadetes así como la de los líderes sociales. Condenamos toda manifestación de violencia y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas cuyo dolor es uno solo. Por ello no se entiende cómo algunos alcanzaron a sugerir que este episodio lamentable era como un “falso positivo”  o que la ágil investigación de la Fiscalía se conocía  desde antes. Hasta allá no pueden llegar los odios.

*ExDefensor del Pueblo

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