Juez cobijó con medida intramural al alcalde de Popayán por presunta corrupción

Luego de tres aplazamientos por no contar con su abogado defensor, este martes finalizaron las audiencias preliminares contra el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El procesado fue enviado a la cárcel.

Una jueza con funciones de control de garantías ordenó enviar a la cárcel al alcalde César Cristian Gómez Castro como medida cautelar dentro de una investigación que adelanta la Fiscalía por posibles irregularidades en una contratación que adelantó con la empresa local de telecomunicaciones Emtel S.A. y la empresa antioqueña Quipux para el año 2017.

Y es que hoy se vivió un capítulo más de este segundo proceso penal que afronta Gómez Castro, luego que la Fiscalía pidiera dicha medida al considerar como gravísima la forma como este funcionario, según el ente acusador, “planeó y ejecutó un contrato con Emtel para 2017, previa autorización del Concejo, para la prestación de dichos servicios de tránsito, situación que él sabía no se podía hacer, primero porque dicha empresa no tiene experiencia para ello; segundo, porque no estaba en la capacidad logística ni presupuestal para garantizar la ejecución de este contrato; tercero, porque debía adelantar una licitación pública y no una contratación directa”.

Es más, en las diligencias judiciales trascendió que el mismo Gómez Castro, como presidente de la junta directiva de Emtel, para inicios de 2018, “instó a sus integrantes para que aprobaran la venta del 44 % de las acciones para así salvarla de la grave situación financiera en que se encuentra, porque ya no tiene activos ni capacidad laboral para funcionar. Aun así, en el año 2017 firmó un contrato interadministrativo con esta empresa para que entrara a operar los servicios de la oficina de tránsito, actividad que no estaba en capacidad de adelantar, además se sabía a todas luces que no tenía la experiencia para ello”.

Para sustentar la necesidad de la medida intramural, la funcionaría de la Fiscalía hizo una amplia exposición con la copia del contrato, actas de reuniones, de inicio, así como grabaciones telefónicas y otros elementos que sustentarían que, a pesar de saber que contrariaba la ley, el hoy alcalde terminó ejecutando este contrato con Emtel, pero a la vez, esta subcontrató con la empresa Quipux S.A, para cumplir con lo pactado, es decir, “este último terminó realizado las tareas planteadas en el objeto del convenio con la primera empresa, acto que va en contravía en la buena administración de los recursos públicos, ya que se quedaba con el 25 % del valor que se generaba con esta actividad”.  

“Señoría, tenemos en nuestro poder grabaciones telefónicas así como documentos donde se alerta al alcalde sobre el error que se cometía si se llegaba a celebrar dicha contratación, como efectivamente sucedió, como por ejemplo el concepto desfavorable de la entonces secretaria de hacienda municipal, Claudia García, frente dicha contratación al considerarla contraria a la ley y muy desfavorable para el municipio, muestra que César Cristian Gómez Castro sabía que cometía un delito, aun así, ejecutó dicho contrato”, relató la Fiscalía.

También, como elementos de sustento, entregaron una serie de comunicaciones entre Alejandro Pajoy, el exsecretario de tránsito municipal y la secretaria de hacienda para la fecha de los hechos, donde queda claro los inconvenientes de esta clase de actuaciones. También se ventiló que se perdieron varias carpetas con documentos donde estaba plasmada la forma cómo se estaba materializando la actividad con la empresa antioqueña, “la cual por quince años explotará económicamente los servicios de la secretaría de tránsito de Popayán, obteniendo una ganancia del 25 %”, argumento la Fiscalía. 
Para esta diligencia, César Cristian Gómez Castro le tocó renunciar al reconocido abogado Iván Cancino, quien no pudo asistir a la diligencia judicial, y aceptar que su suplente asumiera su defensa, ya que la jueza ordenó sustentar de inmediato por la urgencia de tomar la decisión.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA

La defensa del entonces mandatario manifestó fallas en la argumentación del ente acusador, entre ellas “sobre la precariedad de los elementos materiales probatorios presentados como, por ejemplo, la falta de claridad sobre de qué abonados telefónicos fueron sacadas las conversaciones donde se habla el tema de la forma como se contrató, tampoco hay claridad de quienes son las personas que intervienen en dichas conversaciones”.

De igual forma, recalcó la falta de rigurosidad a la hora de darle tratamiento al material probatorio, pasando por alto la aplicación de la norma procesal penal en temas como el uso de las pruebas por indicios, aplicación de las evaluaciones que exige la ley.

“En ese orden de ideas, una lectura juiciosa del objeto de la sociedad y las obligaciones emanadas del contrato permiten concluir, sin asomo de duda, que las actividades que se desprenden del objeto del contrato sí tienen relación con el objeto de la empresa Emtel, una muestra más de que si era idónea para prestar esta clase de servicios”, sustentó el abogado a la hora de entrar a explicar que la actual administración cumplió con las directrices del gobierno de poner al servicio de los ciudadanos las herramientas tecnológicas.

A pesar de lo anterior, se tomó la decisión de privar de la libertad al funcionario, quien se declaró inocente en la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 10 de diciembre de 2018, esto como resultado de la denuncia hecha por un abogado en la jornada anticorrupción que adelantó el mismo fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 19 de julio de ese año en Popayán.  

Escoltado por la Policía y el CTI de la Fiscalía, el funcionario salió de las instalaciones del palacio de justicia Luis Carlos Pérez para cumplir con esta medida.

POPAYÁN (Colprensa).