¿Por qué lo que dice en redes sociales le puede salir caro?

¡Estudien, vagos!, dice una de las frases que Sebastián Alberto Solano, un joven de Bogotá de 20 años, plasmó en uno de los cuadernos que creó inspirado en políticos colombianos. Los bautizó memebooks.

Entre los miles de pedidos y entrevistas que ha atendido, Solano tuvo que encargarse de otro asunto: encontró una imagen en Facebook que lo señalaba como uno de los fleteros involucrados en el caso de la muerte del cantanteFabio Legarda en Medellín. Un caso de calumnia.

Al conocer la imagen, Sebastián la desmintió; sus amigos y conocidos les solicitaron a sus contactos en esa plataforma que reportaran la publicación para que la red social le diera de baja. “Por favor, no crean todo lo que dicen las redes. Les pido el favor de reportar este post”, escribió su amiga María Alejandra Ramírez.

Por casos como este, y tres tutelas que ciudadanos presentaron ante la Corte Constitucional, en las que señalan que en Facebook se publicó información falsa sobre ellos, se citó a una audiencia el próximo 28 de febrero. Gloria Ortiz,presidenta de esa institución, afirmó que se debatirán los límites de la libertad de expresión en redes sociales y cuál debería ser el control y la responsabilidad de los usuarios frente a lo que publican.

Esa audiencia se dará en Sala Plena, y como otro de los puntos es si los responsables de las plataformas ejercen o no un control sobre las noticias y perfiles falsos, Ortiz invitó a los representantes de Google y Facebook.

En esa pregunta por cómo garantizar la libertad de expresión en las plataformas digitales sin ir en contra del buen nombre, la intimidad, la dignidad y la imagen, entrará el tema de los límites, es decir, cuándo una publicación es delito, en tanto calumnia o injuria al otro, o solo un insulto. Es más, si existe el “derecho a insultar” y si quien lo recibe tiene que soportarlo sin más, implica una responsabilidad o trae alguna consecuencia.

Este martes se dio un caso más, distinto a los otros, pero que sumó preguntas al tema: el trino sobre “las mujeres petristas” de Ignacio Greiffenstein, periodista encargado del servicio de televisión en la Casa de Nariño, que lo llevó a renunciar.

 

Consecuencias

Las redes sociales son terreno movedizo para quienes lanzan improperios contra otros y se escudan en la libertad de expresión. Cuando no se miden las palabras se podría pasar a la injuria o la calumnia, delitos que sin importar el medio por el que se cometan, se penalizan.

Así lo aclara Martha Cecilia Ramírez Torres, directora de maestrías y especializaciones de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. Según ella, aunque en el Código Penal no se mencionen específicamente las redes sociales, “que el delito se cometa por estos medios no quiere decir que no se constituya”.

Diego Buitrago, docente de la facultad de derecho de la universidad CES y experto en derecho de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), reitera que “la injuria y la calumnia son tipificados independientemente del canal por el que se realicen”.

Y ahí está un punto más a debatir: si se necesita una especificidad en el código, además de qué alternativas hay, cuáles reglas deben existir, si la salida debe ser siempre la responsabilidad civil o penal para quienes vulneren los derechos o cometan delitos menores como la calumnia o la injuria en estos espacios y, por supuesto, cuál es el límite entre expresarse con libertad y hacerle daño a otros.

Lo que estamos viviendo actualmente, comenta Ramírez, es una muestra de la irresponsabilidad de algunos usuarios de estos medios sociales que se toman con ligereza sus acusaciones y creen que son inmunes a las responsabilidades que estas acarrean.

Para ella, que esas situaciones se presenten en plataformas como Facebook y Twitter es aún más sensible, ya que su impacto ante la sociedad puede ser mayor.

Lo que podría suceder entonces el próximo 28 de febrero, dice el profesor del CES, es que “se ponga sobre la mesa esta situación con la idea de encontrar nuevos escenarios jurídicos”, que para él son innecesarios, ya que el Código penal actual no diferencia el medio, simplemente se comete el delito y listo.

Por su parte, la vocera de la Sabana considera que en definitiva las redes sociales están trayendo retos, y este es uno, revisar si se deberían considerar sanciones especiales para lo que se hace en las vías digitales y atenta contra otros.

 

Un mecanismo

Cada plataforma ha establecido sus maneras de reportar publicaciones no apropiadas.

Facebook lo llama normas comunitarias, y dice que es una manera para que sus usuarios se sientan seguros aplicando las políticas contra discursos de odio, matoneo y acoso: casos como el de Solano, y en general de quienes sufren algún tipo de persecución en redes sociales.

Twitter también tiene la opción (directamente en el tuit) de denunciar el contenido si se considera abusivo o perjudicial.

En cualquiera de esos dos casos, el único poder de las compañías es retirar las publicaciones de quienes las hagan. Ya le compete a la persona que sienta que vulneraron alguno de sus derechos interponer una querella.

Si se trata de un delito menor, como en el caso de Solano, la opción es dirigir su caso al Centro Cibernético Policial o a la Fiscalía.

 

Lo fundamental

Un tuit hecho por un político, por ejemplo, podría decirse que no tiene vuelta atrás; una vez enviado quedará en Internet así el usuario que lo escriba lo elimine, porque sus seguidores y detractores ya lo habrán visto y seguro guardado. Por esa razón, la coordinadora de convivencias en red, del Centro Gabo y consultora en medios digitales, Renata Cabrales, menciona la importancia de la autorregulación (ver ayuda). Le puede pasar a cualquiera, en tanto después de que se publique algo es imposible medir su alcance.

No hay que ser un personaje público para aplicar esta conducta, “si no lo hacemos podríamos caer en usos irresponsables, irrespetuosos y poco útiles de las redes sociales, por no hablar de situaciones en las que se vulneran derechos fundamentales”, señala Cabrales.

Lo que podría acontecer si esas situaciones se siguen presentando, dice ella, es que se generen regulaciones que “podrían menoscabar aún más nuestro derecho a expresarnos libremente”.

El problema es aún mayor, comenta la consultora, si se tiene en cuenta que los individuos que deberían ser ejemplo del buen uso de los medios sociales (famosos y políticos, entre ellos) son cuestionados muchas veces por el mal manejo que hacen de estos, así a veces se amparen en que los errores son cometidos por quienes gestionan sus plataformas.

Esa, cree la vocera de la Sabana, tampoco es excusa, pues la responsabilidad recae tanto sobre el gestor como sobre quien lo contrató, y cualquier sanción que tenga, en caso de que se cometa un delito, ameritará una revisión del contrato entre ambas partes porque es un tema complejo. Eso igual se revisará en el encuentro que propuso la presidenta de la Corte.

Por eso, lo mejor es autorregularse, No todo hay que decirlo.

El Colombiano