¡Cuidado! comprar sopa o mandarinazo da para una multa de $ 800 mil

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En Santa Marta, las ventas ambulantes y estacionarias ocupan en un cien por ciento la Avenida Campo Serrano, donde los ciudadanos ya no pueden transitar por sus andenes y son lanzados por la misma ocupación ilegal a la calzada de la vía debiendo sortear toda clase de peligro con el tráfico de motos, buses, taxis y vehículos particulares.

A raíz de la polémica desatada y conocida como la ´empanada de 800 mil pesos´,  es el artículo 140 del Código de Policía, el ´arma´ para combatir la informalidad? El debate está planteado. Pero mientras tanto, cuídese de la multa y que no lo sorprendan.

Apareció la ´varita mágica´ para que la ciudad recupere el espacio público que hoy de manera ilegal y arbitraria ocupan miles de personas, muchas de ellas en condición de arriendo que paga a organizadas mafias locales por el uso y goce de un espacio que nos pertenece a todos.

Sabido es, tanto por la comunidad, los propios vendedores y las autoridades, que lo largo y ancho de la Avenida Campo Serrano, la famosa ´Carrera Quinta´, algunos avivatos supuestamente respaldados antes por los paramilitares y luego por bandas criminales, le cobran a los informales para que estos puedan desarrollar su irregular labor.

´Una esquina, en un espacio de dos por dos debe pagar uno 10 mil pesos diarios, o 250 mil al mes. Hay otros que en medio de una cuadra, en un espacio de dos por un metro deben pagar hasta 15 mil pesos, todo va de acuerdo a la ubicación´, nos narró un vendedor informal a cambio de anonimato.

Y es que su relato además de real es espeluznante. Hace tres años cuatro vendedores ambulantes y estacionarios de la ´Quinta´ fueron asesinados por envidos de la mafia porque se resistieron a pagar el alquiler. Estos crímenes pasaron desapercibidos para las autoridades y la misma comunidad que nunca supo los móviles o razones de las muertes, pero quienes fueron sus compañeros sí lo sabe, pero no se atreven a hablar por temor a las represalias.

Inclusive, para el mismo Distrito es de conocimiento que la mafia que opera en la Avenida Campo Serrano cobra por el alquiler del espacio público, pero los responsables no han podido ser judicializados a falta de una denuncia en concreto.

LA TABLA DE SALVACIÓN

Quienes defienden la erradicación de las ventas ambulantes y estacionarias que hoy invaden de manera ilegal, arbitraria y desbordada el espacio público consideran que lo ocurrido en Bogotá con el comparendo que le impusieron a un ciudadano por comprar una empanada a un puesto de ventas que utilizaba el espacio público, puede ser la tabla de salvación para que en la ciudad de Santa Marta se inicie la recuperación de lo perdido.

´Es que la Policía Metropolitana debe aplicar el Código en todo su contexto, el Código no puede ser letra muerta, en él hay normas claras y precisas que las autoridades deben aplicar´, señaló el abogado Luis Enrique Molina.

Y es que si se llegare a aplicar la norma como lo pide el togado Molina, la ciudad se liberaría de esa ocupación ilegal que hoy no deja caminar a los transeúntes por los andenes.

´Los vendedores ambulantes y estacionarios lanzan de manera literal sobre la calzada por donde transitan los vehículos a los peatones, quienes exponen su vida al caminar en medio de motos, buses, taxis y vehículos particulares. Ahora, pues ya no hay excusas, la administración de la ciudad tiene las herramientas jurídicas a su alcance para desestimular el uso del espacio público para actividades comerciales no autorizadas, y debe actuar de común acuerdo con la Policía para corregir estas situaciones irregulares´, dijo por su parte don Sebastián Avendaño, residente en el Centro Histórico. ´Yo soy de la tercera edad, ya no puedo caminar ni por el andén de mi casa porque está ocupado por unas sillas y mesas de unos negocios que venden licores y comidas´, anotó.

EDUCACIÓN PARA EL CIUDADANO

Pero más allá de la indignación, el rechazo, la incomprensión de la gente acerca de la imposición del comparendo al pobre muchacho que compró una empanada a un puesto informal que ocupaba el espacio público, el debate de fondo está en la educación para el ciudadano.

Los ciudadanos no pueden seguir actuando con irresponsabilidad, comprando alimentos en sancocherías al aire libre, sin las más mínimas normas de higiene, expuestos a contagiarse de cualquier enfermedad o a padecer severos traumas en la salud por la ingesta de comidas en mal estado. Aquí no todo debe achacársele a la Policía o al Código aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional que es nuestra máxima instancia jurídica, aquí hayuna enorme dosis de responsabilidad en el ciudadano que no tiene educación, no tiene cultura, cree que puede hacer todo lo que considera que le está permitido y eso no es así, vivir en sociedad tiene su costo, y los ciudadanos debemos aprender a respetar las reglas de convivencia, las normas establecidas por las autoridades en materia de locomoción, tránsito, comercio, etc, creo que el debate está equivocado, no debe radicar en la norma ni en el procedimiento de la Policía, debemos ir más allá´, sustentó el abogado Luis Enrique Molina.

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