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Corte Constitucional estudiará carta del fiscal sobre ley estatutaria de la JEP

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La Sala Plena de la Corte Constitucional conocerá este miércoles la carta de nueve páginas que envió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al presidente Iván Duque, con cuatro reparos puntuales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está lista para ser sancionada.

La Sala, encabeza de la magistrada Gloria Stella Ortiz, estudiará las preocupaciones del jefe del ente acusador, quien ha señalado que se pueden registrar tintes de impunidad con los excombatientes de las Farc.

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, en la carta se “hace una reflexión a partir de la política criminal para que el Gobierno haga su valoración”. Bajo ese entendido, el presidente de la República deberá confirmar si dichas apreciaciones son convenientes y si las acoge o no.

El documento también generó la reacción de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, quien en la mañana de este martes aseguró que en la entidad “no habrá impunidad” y contrario a lo que considera el fiscal, “se sancionarán a quienes hayan cometido delitos de guerra”.

Linares reiteró que “el modelo y la Jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarles a las víctimas y al país que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos en la materia y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

Linares catalogó como un debate político las aseveraciones hechas por Martínez Neira, porque a su juicio en la normativa de la JEP ya se suplieron todos los actos constitucionales, por lo que consideró que solamente les “corresponde cumplir de manera estricta a la Constitución, las leyes y la jurisprudencia a la que estamos sometidos como jueces de la República que somos”.

Al fiscal General le aseguró que no hay ambigüedades en la aplicación de la ley. La competencia de la Jurisdicción abarca solo los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “Los delitos que se cometan después de esa fecha son competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía mantiene su competencia y debe investigar ese tipo de delitos”.

 

La polémica se dio por los siguientes reparos

– Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.

– De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no a que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.

– La norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado, mientras la JEP asuma los casos.

– Y finalmente, también de acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgue amnistía a los autores de crímenes de guerra.

Los cuatro temas, según el fiscal, fueron discutidos en el Congreso, pero fueron modificados en el texto final de la ley, que llegó a manos del presidente para su firma.

 

Bogotá Colprensa

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