La ´manzana´ de la discordia

Aunque algunos analistas creen que el presidente debería limitarse a sancionar la norma, porque ya tiene el aval de la Corte Constitucional, funcionarios del Gobierno han dejado entrever que el mandatario podría acoger la recomendación y objetar la norma o parte de ella, por razones de conveniencia.

En un partido de fútbol que se define en el tiempo extra, se convirtió por estos días la expedición de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, JEP, que solo está pendiente de la firma del presidente de la República, Iván Duque, para entrar en vigencia, pero cuya aprobación final se enredó a última hora.

La sanción, necesaria para que la jurisdicción tenga claras sus normas de funcionamiento, ha estado ‘esquiva’ desde el año pasado.

Primero, por la demora que tuvo el envío de la norma del Senado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, luego de ser avalada por la Corte Constitucional. La documentación llegó a la Casa de Nariño hace tan sólo una semana, con un plazo máximo de 20 días hábiles, hasta el próximo 11 de marzo, para que el presidente Duque decida firmarla u objetarla.

Pero ahora, cuando se creía que el impase había quedado superado y el mandatario sancionaría la ley, pese a las críticas que ha hecho frente a ella, laaprobación volvió a enredarse porque algunas voces, incluidas las del ex presidente Uribe, y la del propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le han expresado al presidente sus reparos y la objete, al menos parcialmente.

Aunque algunos analistas creen que el presidente debería limitarse a sancionar la norma, porque ya tiene el aval de la Corte Constitucional, funcionarios del Gobierno han dejado entrever que el mandatario podría acoger la recomendación y objetar la norma o parte de ella, por razones de conveniencia.

El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, así lo manifestaron durante una sesión de las Comisiones de Paz, en donde se revisó el presupuesto que tienen los programa de paz en el plan nacional de desarrollo.

“El presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria”, manifestó Ceballos, que admitió que “nuestro Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones”.

“Son nuevos elementos para ser considerados en el estudio de este tema. Esos elementos están en estudio a la luz del proyecto de ley y del análisis que hizo laCorte Constitucional”, dijo por su parte la ministra Gutiérrez.

LOS EXPRESIDENTES

En la controversia por la estatutaria de la JEP también terciaron los expresidentes de la República, Álvaro Uribe y César Gaviria Trujillo. El jefe del Centro Democrático estima que la mejor salida es que se acabe la JEP.

Uribe se refirió al tema en varios trinos y explicó algunas de sus críticas: la JEP «mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de lafirma», «no se eliminan todos los beneficios a los reincidentes», «no hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces y sobre los cabecillas impunidad total» y «se prohíbe a la Fiscalía la práctica de pruebas».

El exmandatario señaló que la norma «prácticamente cierra las posibilidades de extradición» y «los delitos sobre menores quedan también en impunidad».

«Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla», concluyó.

Su postura fue rechazada de inmediato por el también expresidente César Gaviria Trujillo, quien por el contrario defendió la JEP, su trámite y prácticamente le retó para que presente otra ley si le molesta ésta que está por ser sancionada.

“Confío en que el presidente de la República, Iván Duque, sancione la ley, que de hecho ya se retuvo indebidamente en el Congreso y si él o su Partido o el Fiscal General creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz reconciliación, justicia y verdad y reparación”, declaró el jefe liberal.

Para Gaviria Trujillo, la JEP es la columna dorsal del proceso que permitió el desarme y la desmovilización de las FARC. “Ese diseño, dirigido a satisfacer a las víctimas en su derecho que haya justicia contó con un unánime respaldo de la comunidad internacional y su alcance trasciende la normatividad que proviene de la legislación ordinaria colombiana”, manifestó.

EN EL CONGRESO

Y con las posturas del gobierno y de los expresidentes Gaviria y Uribe conocidas, en el Congreso de la República se volvió a desatar el debate entre los senadores y representantes, el cual ya no fue en las curules sino en micrófonos y las redes sociales.

Quien defendió la teoría de que se puede objetar la ley estatutaria fue el senador José Obdulio Gaviria, quien sostiene que la Corte Constitucional optó por acoger lo votado por las minorías y no las mayorías cuando se discutió el tema.

“Que el presidente de la República objete por inconveniencia los cuatro puntos de la sentencia de la JEP que retrotrajeron el debate, o si no eliminarla. Este es un extraño mundo en que se toman unas decisiones y la corte decreta lo que no vale e impone la decisión de la minoría”, sostuvo.

El entonces ponente del proyecto, senador de La U, Roy Barreras, señaló que el planteamiento de Uribe es sólo una ‘fake news’. Para Barreras “claro que es necesario que la JEP mantenga competencia sobre delitos de ejecución permanente. Es la única manera de que las víctimas accedan a la verdad sobre sus desaparecidos y muertos luego de 50 años de doloroso silencio».

Barreras igualmente aseveró: «no es cierto que no se eliminen beneficios a reincidentes. Los pierden todos y si cometen otros delitos van a justicia ordinaria… y no es cierto que no haya acción penal sobre delitos atroces. Se juzga y castiga a máximos responsables».

La representante a la Cámara, Margarita Restrepo, de la bancada de gobierno, manifestó por su parte: “en manos del presidente Iván Duque está la opción de objetar por inconveniencia la ley estatutaria de la JEP, así lo demanda buena parte de la opinión pública, pero sobre todo un amplísimo sector de las víctimas de las Farc que ven con legítima preocupación que la JEP será un mecanismo para la impunidad de sus victimarios”.

En la oposición hay una lectura más de lo que se está dando. Para el senador Iván Cepeda, lo que existe es una unión entre el gobierno Duque con el fiscal Néstor Humberto Martínez, porque desde el ejecutivo le ayudaron a tapar su escándalo con Odebrecht. /Colprensa