‘Gobierno nos llevará a la quiebra’: Vendedores

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La informalidad en el Centro Histórico es un fenómeno social que obedece a una realidad nacional es por ello que la Alacldía conjuntamente con las autoridades implementa un plan por la formalidad y legalidad en Santa Marta. /MONTINER ALVIS

Algunos vendedores de fritos de Santa Marta hacen un llamado a las autoridades para que reflexionen sobre las leyes que se están aprobando y examinen las consecuencias que pueden originar.

Una verdadera controversia entre los vendedores de fritos en Santa Marta se ha suscitado a raíz de la implementación de multas a los consumidores de estos alimentos en espacios públicos.

Algunos expendedores de empanadas, buñuelos, arepas de huevo, arepas y chorizos coincidieron en que la medida les ahuyentará la clientela y los conducirá a la quiebra de sus negocios.

Así mismo consideran que la medida les genera una gran preocupación ya que la mayoría de vendedores de fritos llevan varios años en esa actividad y con las pocas ganancias que perciben diariamente logran sobrevivir ayudando a sus respectivas familias.

Rodrigo Nieves quien lleva 46 años vendiendo fritos en diversos puntos del Centro Histórico afirmó que gracias a ese negocio ha podido sacar adelante a su familia compuesta por 7 hijos. Al referirse a la norma del Código de Policía donde se multa a los consumidores de empanadas compradas en espacios públicos, dijo que esa iniciativa debe ser revisada porque va a perjudicar a las personas que se dedican a esa actividad.

‘‘No sé qué voy hacer porque yo soy una persona pobre que no tiene otra entrada económica y además no hay otras fuentes de trabajo, por eso es que vendo mis empanadas, arepas y buñuelos de frijol’’, recalcó.

Dijo que muchas personas que consumen fritos van a sentir el temor de comprar para no ser multados y eso genera un impacto directo a los vendedores que van camino a la quiebra de sus negocios. ‘‘Afortunadamente yo tengo mi clientela en varios sitios como la Gobernación, Alcaldía, Registraduría, los Juzgados yNotarías aunque las ventas han bajado mucho porque hay mucha competencia’’, comentó.

A su turno Eulogio Carrillo, un longevo que frecuenta la esquina del Edificio de los Bancos, opina que la medida adoptada por el Gobierno tiene un propósitoy es combatir la informalidad en los espacios públicos. ‘‘Para mí es una decisión lamentable porque antes que combatir se debería planear una reubicación de los vendedores a lugares apropiados porque las personas necesitan trabajar para ganarse el sustento familiar en actividades lícitas’’, enfatizó.

Fabio Torres quien lleva casi 30 años vendiendo alimentos en la plaza San Francisco, en el Centro Histórico de Santa Marta, asegura que está preocupado con la medida del Gobierno ya que iniciaron con las ventas de empanadas para luego cobijar a todos los demás alimentos. ‘‘Ya estoy teniendo inconvenientes con los funcionarios del espacio público quienes vinieron el día sábado y me decomisaron unos paraguas lo que considero algo grave porque a nosotros nos sacaron de la carrera 4 junto a la iglesia San Francisco con el pretexto de que regresaríamos cuando se terminaran las obras pero no ha sido cumplido’’, indicó.

Comentó que los paraguas tienen una base de cemento muy pesada y que para evitar trasladarlos a diario él había decidido encadenarlos a un árbol diagonal a la iglesia pero que los miembros de la Udep llegaron y se los llevaron hasta la Estación Norte.

‘‘No ha sido posible lograr la devolución del paraguas y por eso debo soportar la fuerte canícula. Creo que las medidas del gobierno nos perjudican ya que vivimos de esto, yo tengo un permiso de la Secretaría de Gobierno que me habilita para ejercer esta actividad aquí’’, mencionó.

Al referirse a la noticia relacionada con la multa de $800.000 a un consumidor de empanadas en Bogotá, Fabio Torres dijo que es muy preocupante que eso llegue a Santa Marta porque esa medida puede cohibir a los clientes lo que afectaría las ventas que de por sí están muy regular debido a la competencia.

‘‘Muchas personas pueden abstenerse de comprarnos ya que no van a preguntarle a uno si tenemos un permiso legal para vender. Eso es algo absurdo y muy seguramente nos puede llevar a la quiebra del negocio’’, enfatizó.

Jhon Jairo Bolaños es un vendedor de chorizos en la calle 19 (Tumbacuatro) y aduce que la prohibición de las ventas en espacios públicos es algo que atenta contra su forma de subsistencia. ‘‘Nosotros no estamos haciendo algo malo sino que ofrecemos un alimento a la comunidad a un precio razonable. Ya completamos 8 años en esta actividad que nos permite ayudar a la familia conformada por 5 personas’’, aseguró.

Comentó que resulta insólito que el Gobierno quiera acabar con las ventas callejeras ya que siempre han existido y la clientela busca esas frituras que son apetecidas en la Avenida Campo Serrano con calle 19, en las afueras de Almacenes Éxito.

Fredy De León también expende chorizos y asegura que ese negocio le permite obtener la papita para su familia que está integrada por 8 personas incluyendo los suegros y un niño especial.

‘‘Este negocio lo inició el señor Alberto hace 14 años, siempre ha estado en este punto por eso puedo asegurar que nos conocen y nos compran chorizo con bollo porque les gusta’’, recalcó. 

Al opinar sobre la multa de $800.000 a un consumidor de empanadas en Bogotá, Fredy dijo que esa medida va dirigida a los clientes que son la razón de ser de cualquier negocio. ‘‘Sin compradores no hay negocio, creo que el Gobierno debe pensar muy bien lo que está haciendo porque de esto es que vivimos, del producido diario es que subsistimos y con eso ayudamos a los muchachos en sus estudios, útiles, uniformes, etc’’, anotó.

Jesús García Oliveros, vendedor de arepas asadas en la calle 19, rechazó la medida del Gobierno ya que afectará no solo a los vendedores sino también a los compradores. ‘‘Muy seguramente a muchas personas les dará miedo comprarle a los vendedores públicos pero los más afectados seremos nosotros quienes subsistimos con esta actividad’’, comentó.

El joven vendedor de arepas hizo un llamado a las autoridades para que reflexionen sobre las leyes que se están aprobando y examinen las consecuencias que pueden originar. ‘‘Nosotros gracias a este negocio podemos obtener unos ingresos legales que nos permiten adquirir el sustento familiar para 6 personas, además estamos ayudando a las personas que preparan la masa de las arepas, en fin esta actividad irriga dos hogares samarios que se benefician. Si se nos acaba el negocio no sé qué vamos hacer para lograr ingresos’’, recalcó.

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