Sanción u objeción , es el dilema

El país está centrado en la discusión de si el Presidente Duque debe sancionar u objetar la Ley Estatutaria de la JEP, que reglamenta  el Acto Legislativo 01 de 2017 en relación al funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, creada con ocasión del llamado proceso de paz surtido entre las FARC y el gobierno del presidente Santos.

A respecto, el Fiscal General de la Nación, este lunes pasado, envió una carta al presidente Duque donde hace reparos a la ley estatuaria y le pide que la objete por inconveniente por algunas razones entre las que podemos mencionar las siguientes: Que los reinsertados que sigan en narcotráfico pueden conservar beneficios de la JEP y la Fiscalía no los podrá investigar.

Estamos totalmente de acuerdo con lo plateado por el señor Fiscal, en Colombia no puede haber privilegiados frente a la ley y mucho menos personas que gocen de impunidad por la comisión de delitos comunes, pues los guerrilleros que se acogieron al proceso de paz, pasaron a ser Colombianos de a pie comunes y corrientes y como tal, deben responder por sus acciones como ciudadanos reinsertados a la sociedad y deben ser investigados por la Fiscalía si cometen delitos después de diciembre de 2016.

Otracrítica que plantea el señor Fiscal a la Ley estatutaria es porla supuesta concurrencia con beneficios, que la justicia transicional le concedería a losreincidentes. En caso de que vuelvan a cometer delitos. Y al respecto dice el Fiscal: “la sociedad no entendería que tengan privilegios de penas, no tengan tratamiento penitenciario ni extradición”.

Nada más ilegal e inconstitucional que tratar de entronizar en nuestra sociedad un grupo de personas llenas de privilegios, los exguerrilleros, en estas condiciones, serían los colombianos inmunes a la justicia y tendrían una especie de patente de corso para vulnerar la ley penal y continuar como exguerrilleros protegidos por el acuerdo y por la JEP.

Igualmente es importante comentar la siguiente advertencia del Fiscal en cuanto hace referencia a los delitos de guerra o lesa humanidad. Expresa el doctor Martínez que nuestro país tiene firmado varios acuerdo internacionales sobre derechos humanos, donde el Estado colombiano se compromete a perseguirlos delitos o crímenes de guerra, por lo que es imposible bajo estos convenios internacionales, el otorgamiento de amnistías a los responsables de tales delitos.

Los arquitectos de la JEP, defiende a capa y espada su engendro y pretenden que el señor Presidente no haga uso de una potestad que le concede nuestra Constitución Políticacomo es la de sancionar u objetar una ley.

Si hay algo que caracteriza a un Estado democrático es el respeto a la Constitución, la ley y las facultades de cada una de la ramas del poder público y que las normas no pueden ser pétreas o inmodificables, toda reglapor superior que sea, está sometida a su actualización o modificación en la medida que las circunstancias de nuestra sociedad cambien, de lo contrario, estaríamos en la era de piedra o en presencia de una dictadura donde la evolución jurídica estaría prohibida.

¿Sabes qué? El país está cansado de los privilegios concedidos a la FARC, no se opone a la paz, pero si quiere que esta se enmarque dentro de la ley y la constitución, los que pretenden lo contrario, son lo que tiene a Colombia sumida en la polarización.

*Catedrático universitario