Ancianos y pobres

Alrededor de 1,3% de los colombianos tiene más de 80 años. Hacia el fin de la centuria se calcula que 14,3% superará esa cota. Gran noticia si somos capaces de proteger a ese enorme contingente contra la pobreza. Como vamos, vamos mal: el sistema pensional contributivo solo protege a 28% de las personas que tiene 60 años o más. No obstante, su módulo de capitalización ha servido para generar una masa de ahorro -propiedad de los trabajadores aportantes- que, al volcarse hacia la inversión dentro del país; nos hace menos dependientes de recursos externos.

De las muchas razones que explican esta situación menciono tres: (I) la elevada informalidad -superior a 60% de la población ocupada-, circunstancia que excluye a muchos de la posibilidad de cotizar o de hacerlo con regularidad; (II) la caída de las tasas de interés de largo plazo de las que depende la posibilidad de generar, sea cual fuere el mecanismo financiero que se utilice, recursos suficientes para que las pensiones sean autosostenibles; (III) la alta dependencia fiscal del régimen de reparto, al que destinamos muchos más recursos que a la salud pública o a la educación, a pesar de que estos servicios benefician a segmentos mucho mayores de la población.

Si todo lo anterior es verdad, parece extraño que a los gobiernos -no solo al nuestro- les resulte tan difícil promover reformas para corregir el problema. Menciono dos factores que inducen a la parálisis: (I) las medidas que es preciso adoptar tienen costos para los trabajadores activos o, alternativamente, implican restricciones en la capacidad de inversión del Estado en programas como los que he citado, aunque, del lado opuesto, benefician a los jóvenes e, incluso, a los colombianos del futuro.

El problema es que los sectores que tendrán que pagar la factura, básicamente trabajadores de ingresos medios y altos, tienen gran capacidad de movilización, mientras que quienes resultarían ganadores no perciben los beneficios; de hecho, muchos de ellos no han nacido…; (II) la pugnacidad ideológica entre quienes creen en la superioridad del mercado y aquellos que toman partido, de modo igualmente radical, en el bando estatal.

Ignoran unos y otros que cualquier solución de fondo implica tomar lo mejor de ambas alternativas. Como sociedad tenemos que ahorrar más, pero la solidaridad, que es inmanente a la seguridad social, requiere subsidios cruzados en pro de aportantes de menor ingreso o transferencias fiscales. Para evitar temores infundados, hay que decir que cualquier reforma deberá partir del reconocimiento de los derechos de los actuales jubilados y de quienes se encuentren próximos a cumplir los requisitos pertinentes.

Al parecer el Gobierno considera que la oportunidad adecuada para llevar una propuesta al Congreso será el año próximo. Nada que objetar siempre y cuando se entienda que el tercer año del cuatrenio presidencial es su última oportunidad; en el cuarto, inevitablemente, “tendrá el sol a la espalda” y poco margen de maniobra. Y a condición de que inicie pronto procesos de acercamiento de los sectores involucrados con el objetivo de que, cuando la ley se radique, se hayan logrado consensos al menos sobre sus elementos esenciales. Este ejercicio requiere un liderazgo unificado del Gobierno a partir de documentos que describan el problema y sus alternativas de solución. En esa mesa tendrán que estar trabajadores y empresarios, académicos y actores de la seguridad social. ¡Pilas, ministros!

*ExMinistro de Estado