Las observaciones de la Contraloría al Plan Nacional de Desarrollo

 

La Contraloría General de la República presentó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en el inicio de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, algunas observaciones sobre las metas y proyectos que pretende cumplir el Gobierno Nacional durante su periodo de mandato.

La presentación fue realizada por el vicecontralor Ricardo Rodríguez, quien consideró que dentro del proyecto hay algunos vacíos sobre la forma como se piensa cumplir con algunos de los objetivos, principalmente en los temas ambientales, agropecuarios, sociales, paz, entre otros.

“La primera consideración de la CGR es que el crecimiento promedio esperado luce optimista, más aún cuando el crecimiento promedio en el período 2014-2018 fue del 2,7 %. Para alcanzar el promedio de crecimiento del 4,1 % en el período 2018-2022, con un crecimiento de 2,6 en 2018, se necesitarían crecimientos por encima de 4 % en los años restantes”, indicó la Contraloría, que también destacó que en la economía mundial hay una incertidumbre con una desacelaración y deuda de China, debilidad en la economía de los Estados Unidos y un posible escenario de guerra comercial.

El organismo de control también señaló que el desempleo es un problema estructural y que viene en aumento en el país, por lo que la meta de desempleo del proyecto es difícil cumplimiento.

En cuanto al tema ambiental, la Contraloría consideró que la mayoría de las propuestas no tienen indicadores ni metas, lo cual dificultaría el control fiscal y de resultados durante el gobierno.

“Propuestas poco claras de articulación y coordinación entre los sectores de Sistema de Información Ambiental de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS). No hay líneas ni estrategias para contrarrestar los efectos ambientales de los cultivos ilícitos”, indicó la Contraloría, quien además señaló que no se establecen fuentes de financiación para el sector.

Para el agro, el vicecontralor señaló que dentro de las propuestas no hay claridad sobre los mecanismos a implementar en aspectos de acceso, distribución, subsidios de tierras y el fondo de tierra, entre otros temas. Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Agricultura no haya utilizado la información del III Censo Nacional Agropecuario en el diseño de su política de ordenamiento productivo.

“Las metas principales propuestas son bajas en consideración a la magnitud del problema (formalizar 37.000 títulos equivale al 2,1 % de los 1,7 millones de predios, dotación de infraestructura de riego vía construcción y rehabilitación de 150.827 hectáreas, que representa el 0,8 % de las tierras potencialmente irrigables en el país (18,6 millones de hectáreas)”, indicó el organismo de control.

Asimismo, en el sector de Minas y Energía, la entidad aseguró que en el Plan de Desarrollo se retoman los mismos indicadores de gobiernos pasados en cuanto a los contratos, pozos y sísmica. Además, indicó que se plantea continuar con la política de estabilización de precios de los combustibles, a pesar de que la Contraloría ha evidenciado que el mecanismo es inviable.

“La mejor alternativa es eliminar esta política. Contrario a la idea original de desregular el mercado de combustibles, se aplazaría por cuatro años más dicha meta. Además, la meta de un millón de nuevos usuarios de gas natural es incierto, ya que no se tiene previsto un aumento de producción de este combustible en el país”, señaló.

La Contraloría también cuestionó que en el proyecto se derogue el articulo artículo 173 de la ley 1753 de 2015, con lo cual se eliminaría la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.

En cuanto al sector de defensa y seguridad, la Contraloría evidenció que hay una reducción de recursos para el sector, ya que se pasa de 137,4 billones de pesos a 126 billones, sin que se conozcan los rubros en los que se van a realizar los recortes.

En materia social son varias las preocupaciones del organismo de control, ya que no serían muy claros los objetivos del sector. Asimismo, cuestionó los cambios que se contemplan en algunos programas sociales.

“El indicador ‘Jóvenes en Acción’ presenta un considerable incremento en el número de personas atendidas; en tanto, en ‘Familias en Acción’ se registra una drástica reducción de la cobertura con respecto a la establecida en las bases del PND 2014-2018, al pasar de 2.706.790 a 2.400.000 familias”, indicó la Contraloría, que también cuestionó que en materia de salud no se sabe con qué recursos de la Nación se va a asumir el gasto en servicios no PBS del régimen subsidiado.

Frente a los temas de infraestructura y comercio exterior, las observaciones están concentradas en que no se presentan estrategias para la financiación del acceso a transporte de la población pobre, igualmente indicó que es necesario revisar las cifras del diagnóstico y las metas frente a los resultados preliminares del Censo, que muestran mayores déficits en servicios públicos y menor población, en donde algunas metas son superiores frente al estimado de población de 45,5 millones de habitantes.

“En el artículo 78, de Concesiones Portuarias sobre nuevos emplazamientos, se considera pertinente revisar el plazo tan amplio que se otorgaría a este tipo de concesiones (80 años). En cuanto a la financiación de los contratos de concesión por la modalidad de APP se hace necesario considerar el no exceder la capacidad de endeudamiento del Estado”, explicó la Contraloría.

Para la entidad, también es importante revisar el plan plurianual de inversiones, ya que solo se asigna 18,7 % de los 17,87 billones del sector a la línea relacionada con la infraestructura en donde todavía hay una brecha.

Finalmente, las observaciones estuvieron concentradas en los recursos y metas para el acuerdo de paz y su implementación, en donde aseguró que no se pueden identificar en los compromisos su población objetivo, responsables, metas, indicadores y recursos para su implementación.

“Las asignaciones presupuestales no son específicas a los programas del Acuerdo, sino hacen parte de los presupuestos generales de las entidades encargadas. Se dificulta el ejercicio de seguimiento y control al cumplimiento de las metas de los programas de postconflicto. Además, obstaculiza la rendición de cuentas del Estado sobre el manejo de los recursos aportados por la comunidad internacional”, señaló la Contraloría.

 

Bogotá Colprensa