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Nicaragua negocia una salida a la crisis
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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y la oposición iniciarán negociaciones el próximo miércoles para superar una crisis política en un ambiente crispado y de mutua desconfianza.
«Confiamos que estamos a las puertas de iniciar una negociación incluyente, seria, franca e informada», dijo la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en la negociación, en un comunicado donde planteó sus temas de agenda.
Ortega convocó la noche del jueves a la oposición para reanudar las negociaciones a partir del próximo miércoles 27, «sin multitudes ni medios de comunicación» como en el primer intento de diálogo, cuyas sesiones fueron transmitidas en vivo por televisión.
Las pláticas se darán en un contexto de un grave deterioro en materia de derechos humanos y una economía en retroceso, según organismos de derechos humanos y gremios económicos.
El problema de la convocatoria es que Ortega llama a negociar «cuando se siente con el agua al cuello y está en un riesgo del que no puede salir», dijo a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
El gobierno afronta un déficit fiscal de 315 millones de dólares, sin respaldo financiero, debido a sanciones de Estados Unidos que impedirán acceso a créditos de organismos multilaterales de crédito.
En el marco de la crisis, la economía se contrajo un 4% en 2018 y más de 300.000 puestos de trabajo se perdieron, según gremios económicos.
Además, la situación de Nicaragua coincide con la crisis en Venezuela, un aliado que le proporcionó al gobierno más de 4.800 millones de dólares en cooperación petrolera e inversiones entre 2008 y junio de 2019, según datos del Banco Central.
Ortega «no va de buena voluntad (a negociar) y aunque es una oportunidad que no se debe desaprovechar (…) debe de ser un diálogo real no una simulación y un engaño», advirtió Núñez.
El mandatario, un exguerrillero de 73 años en el gobierno desde el 2007, aceptó volver a la mesa de negociaciones ocho meses después de abandonarlas de forma unilateral alegando un intento de golpe de Estado para sacarlo del poder antes de culminar su tercer mandato en 2021.
La alianza opositora indicó que definió como prioridad la liberación de más de 700 personas encarceladas, algunas ya sentenciadas, por participar en las protestas antigubernamentales, así como la restitución de todas las libertades que están restringidas.
La población «lo que quiere es la libertad de los presos, que cese la represión, la intimidación, el regreso de los exiliados y todo, esas demandas ‘son derechos humanos'» y no deben estar sujetas a una negociación, sostuvo Núñez.
Organismos de derechos humanos afirman que las protestas antigubernamentales que se desataron en abril del año pasado dejaron 325 muertos y más de 50.000 exiliados.
MANAGUA AFP
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