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Mina de asbesto en Campamento, Antioquia.
El juez Leonardo Galeano, del Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, ordenó a los ministerios de Salud y del Trabajo, implementar una política de sustitución del asbesto, lo que constituye un nuevo paso entre los intentos por prohibir el uso de dicho material en el país.
La decisión, que será dada a conocer esta semana, surge en respuesta a la demanda interpuesta por Juan José Galíndez en 2005, luego de que 7 proyectos de ley que buscaban erradicar el uso de asbesto en Colombia fracasaran en el Congreso.
Desde hace cerca de 40 años, autoridades en materia de salud de todo el mundo recopilan evidencia que relaciona el asbesto con el surgimiento de varios tipos de cáncer en personas que han estado expuestas a él con frecuencia.
De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos lo clasifica como un cancerígeno humano reconocido, que puede causar “mesotelioma -cáncer de las membranas delgadas que revisten el pecho y el abdomen-, y cánceres de pulmón, de laringe y de ovario”.
Pero en nuestro país, el Ministerio de Salud, al revelar recientemente un informe con cifras de pacientes y posibles enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto, señaló que “las fuentes de información no contienen las variables para determinar las enfermedades a causa de efectos secundarios derivados del uso del asbesto”. Por tanto, aunque se estima que entre 2005 y 2014 han muerto unas 787 personas en Colombia por dicha causa, la certeza no es completa.
Hoy, 55 países han prohibido su uso. En Colombia, sectores de la industria han afirmado que el material está prácticamente erradicado en el país y que su producción está siendo exportada a países de Asia, pero han señalado que detrás de los proyectos de ley que buscan prohibirlo definitivamente, hay intereses económicos, comerciales y políticos.
El Colombiano