La polémica regresa a la Corte Constitucional

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Un informe de las Naciones Unidas dice que en Colombia se erradicaron 52.000 hectáreas de arbusto de coca en 2017 y que el Gobierno ha presentado un plan quinquenal de erradicación para reducir las plantaciones a la mitad de los niveles de 2018.

El glifosato vuelve a la Corte Constitucional. Esta vez será el invitado a la audiencia pública que se realizará este jueves como parte del seguimiento a la sentencia de una tutela de 2017 que evidenció la afectación a la que se veían expuestas las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó) si se reanudaba la aspersión aérea con el herbicida. El tema no es de poca monta ya que desde el Gobierno reclaman la fumigación con este químico para evitar el aumento de los cultivos de hoja de coca en el país.

La tutela en mención fue promovida por el personero del mencionado municipio, quien buscó que se ampararan los derechos a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En síntesis, su petición buscaba que se adelantara una consulta con las comunidades afectadas por las decisiones del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato.

En su momento, el delegado del Ministerio Público sostenía que la aplicación de glifosato desde el aire no era una buena opción por las condiciones geográficas y climatológicas del Chocó, es decir por los vientos y las lluvias, el químico “va a parar a los cultivos lícitos de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas”.

La aspersión originó daños al hábitat de la región, al alimento de las familias indígenas y afrodescendientes que derivan su sustento de la agricultura y a los cuerpos de agua de los que se abastecen para sus cultivos, animales y, en ocasiones, para su propio abastecimiento.

Cuando se evidenciaron los problemas en la zona, el personero elevó la denuncia ante las autoridades, pero aseguró que las entidades “se han mostrado ajenas a las quejas, los daños ambientales, la problemática sanitaria y de salud”. Tras la negativa, muchas comunidades optaron el desplazamiento a fin de buscar una nueva forma de manutención.

En primera instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante sentencia proferida el 15 de julio de 2013, negó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud, al ambiente sano, integridad física, vida digna, a la identidad étnica y cultural y a la libre determinación.

Quien profirió la decisión dejó claro que no existía un nexo de causalidad entre las fumigaciones realizadas sobre las zonas supuestamente afectadas y la vulneración de los derechos fundamentales.

Tras la apelación, el fallo de segunda instancia también le fue adverso a los accionantes. En uno de sus apartes sostuvo que tampoco se habían recabado los elementos suficientes para soportar la existencia de un perjuicio irremediable con características de inminencia, urgencia y gravedad ni al menos la afectación directa de un derecho fundamental a una persona concreta.

La revisión llegó a manos de la Corte Constitucional y le correspondió a un magistrado que hoy día está en líos judiciales: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En condición de magistrado sustanciador ordenó varios procedimientos que incluyeron solicitudes de informes ambientales, etnográficos, de política antidrogas y, además, conceptos académicos a organizaciones europeas y a reconocidos expertos en la materia.

Uno de esos conceptos fue solicitado a Keith Solomon, profesor emérito de la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guelph (Canadá), quien participará este jueves como ponente en el segundo eje de la audiencia que hablará sobre Las afectaciones del glifosato en el ambiente, naturaleza, fuentes de agua, vegetación y animales.

EN AUMENTO

El tema del uso del glifosato no es de poca monta teniendo en cuenta que los cultivos van en aumento de acuerdo con el informe entregado esta semana a la ONU por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidroga.

Viroj Sumyai, presidente de esa Junta, declaró que “nos preocupa el aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína en Colombia”. Las cifras indican que el aumento de las hectáreas pasó de 48.000 en 2013 a 171.000 en 2017, lo que significa un aumento del 256%.

Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca son los departamentos, de acuerdo con la JIFE, que más han mostrado incremento en la extensión de los cultivos. Este aumento tiene relación con el crecimiento de los homicidios en esas regiones que las autoridades atribuyen al enfrentamiento a bandas del narcotráfico por el control de las rutas, el manejo de los laboratorios y la custodia de los cultivos.

Cuando asumió la nueva cúpula militar, desde el Ministerio de Defensa se trazó una hoja de ruta y en un documento de 85 páginas se ratifica que “el acelerado crecimiento sin antecedentes de cultivos ilícitos, especialmente de coca, y la extracción ilícita de minerales sin control, otorgan a los GAO (grupos armados organizados) una fuente de financiación y de riqueza criminal que les ha permitido mantenerse y multiplicarse”.

En la página 67 de este derrotero se reconoce que la estrategia gubernamental ha sido “reactiva” por lo que es fundamental anticiparse a la expansión de los cultivos y corredores del narcotráfico (rutas) con el fin de “proteger las selvas, los recursos hídricos y la biodiversidad”. Es decir, en el mismo sentido de la sentencia de la Corte.

En ese mismo sentido, la política de defensa, que fue firmada por el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el consejero de seguridad, Rafael Guarín, advierte que el uso de avionetas para fumigar áreas donde haya cultivos debe cumplir lo establecido por el alto tribunal.

“La aspersión aérea de cultivos de coca es una herramienta que se empleará siempre y cuando se cumplan estrictamente los parámetros establecidos por laCorte Constitucional y considerando las diferentes restricciones en zonas como parques naturales, resguardos indígenas y demás áreas protegidas, también la extensión de los cultivos, su ubicación, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio y la situación de seguridad”, advierte el documento.

Para el sector defensa la aspersión no debe hacerse para cumplir metas numéricas sino dentro de una política integral que esté acompañada de medidas que prevengan la extensión de esos cultivos a otros espacios geográficos, en particular a aquellas zonas ricas en recursos hídricos y biodiversidad.

La postura del Gobierno, con Duque a la cabeza, será escuchada en el primer bloque de la audiencia que contará con las intervenciones de las ministras de Justicia y del Interior, Gloria María Borrero y Nancy Patricia Gutiérrez, respectivamente. También se espera la participación de Guillermo Botero (Defensa), Ricardo Lozano (Ambiente) y Juan Pablo Uribe (Salud).

 En la tarde estará el expresidente Juan Manuel Santos que hará parte del eje de seguridad y defensa, en calidad de Miembro de la Comisión Global de Política de Drogas. En este mismo panel estará su exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director de la Policía Antinarcóticos, general Jorge Luis Ramírez./Colprensa

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