Reclutamiento de menores en el conflicto, el nuevo caso de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció la apertura del caso 007 con el que se busca establecer lo concerniente al reclutamiento de menores durante el conflicto colombiano. Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca son los departamentos en los que se concentra la mayor cantidad de casos de reclutamiento, de acuerdo a los informes previos con los que cuenta la Sala de Reconocimiento del tribunal de paz.

El magistrado Iván González dijo que los casos que se estudiarán tras un análisis a las informaciones que han suministrado como los informes que presentó la Fiscalía denominados ‘Inventario del conflicto armado interno’ y ‘Vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc’.

También se incluirá material entregado por el Centro de Memoria Histórica, bases de datos de organizaciones indígenas y estudios realizados por organizaciones civiles como la coalición Coalico.

Tan solo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), registra 540 hechos de reclutamiento de niños y niñas de estas comunidades entre 1989 y 2016. De estos, 100 cuentan con posible actor identificado y 64 de estos casos están atribuidos a las antiguas Farc.

“Tenemos que empezar a cruzar las bases de datos de reclutamiento y fundamentalmente las bases de datos de víctimas con bases relacionadas con homicidios, desaparición forzada, violencia sexual para tratar de identificar en qué casos encontramos coincidencia y seleccionar los casos que nos interesan para determinar la violación de derechos”, explicó González.

En su intervención, el magistrado señaló que la Sala de Reconocimiento convocó a más organizaciones de la sociedad civil a complementar la información disponible para este caso mediante la presentación de informes y, concretamente, envió copia de este Auto a la Alianza por la Niñez colombiana y a la Corporación Rosa Blanca.

Sobre los vejámenes sexuales a los que eran sometidos los menores de edad, el magistrado González dijo que se investigarán conductas como planificación y abortos forzados, así como los casos de acceso carnal violento en contra de los niños y niñas reclutados.

“Determinar que se trata de fines sexuales es demasiado limitante en la perspectiva del análisis. Lo que hemos advertido es que algunas de las personas reclutadas padecían violencia sexual de diferentes órdenes”, precisó.

Bogotá Colprensa