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‘Colombia debe razonar ante los falsos dilemas’

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“No hemos rechazado jamás ninguna herramienta adicional, complementaria”, afirmó el Jefe de Estado, quien añadió que “estamos hablando del uso en conjunto de todas las herramientas, apelando a las que tengan más capacidad y eficiencia”, señaló el presidente Iván Duque.

 Medio ambiente versus aspersión, coca o nivel de vida, y aspersión y sustitución son antagónicos: estos -dijo el Mandatario al hablar en la Corte Constitucional- son “los falsos dilemas” a los que muchas veces se ha apelado en el debate público.

Desde la Corte Constitucional, el Presidente Iván Duque invitó al país a reflexionar sobre los “falsos dilemas” que en muchas ocasiones han nutrido la controversia pública sobre la conveniencia o no de utilizar la aspersión como una de las herramientas para erradicar los cultivos ilícitos.

El Mandatario, quien este jueves intervino en la audiencia pública de seguimiento a la Sentencia T-236 de 2017 (que establece la realización de consultas previas para la aplicación de políticas de erradicación de cultivos ilícitos), les dijo a los magistrados que “el debate público muchas veces ha apelado a los falsos dilemas”.

En esa línea, el Jefe del Estado dijo que un primer falso dilema es: medio ambiente versus aspersión.

Puso de presente que “existen múltiples herbicidas que se utilizan para la producción agrícola a nivel mundial, que tienen ese debate de manera constante”.

Afirmó que, frente a esa situación, la tarea es de prevención y de “advertir los mejores usos” de tales productos.

Sin embargo, enfatizó que también “es necesario que tengamos en cuenta el daño ambiental que generan los cultivos ilícitos en nuestro país, en la selva tropical húmeda y con el uso de químicos”.

Especificó que en el país el herbicida “motivo de gran controversia” es utilizado en “apenas el 5 por ciento para los cultivos ilícitos”, y agregó que su utilización está “estructuralmente orientada hacia los cultivos lícitos”.

Advirtió que, por eso, “hay que tener mucho cuidado con el falso dilema”.

SEGUNDO FALSO DILEMA

El Presidente indicó que la discusión también se ha centrado en: “Es coca o  nivel de vida o ingresos de vida“, refiriéndose al segundo falso dilema.

Al ampliar dicha afirmación, el Mandatario dijo que “se ha tratado de sembrar la idea de que quienes están dedicados a ese cultivo lo hacen bajo condiciones famélicas, encontrando allí la única oportunidad”.

Señaló, frente a esa consideración, que el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos “muestra que es una industria de carácter criminal, que cuando llega a las regiones amenaza, amordaza y afecta los derechos de los propios campesinos”, porque los “obliga” a seguir las pautas de “quienes tienen el control sobre esos territorios”.

Subrayó que “nosotros no hemos rechazado jamás ninguna herramienta adicional, complementaria, e inclusive, en muchos lugares, dando prelación” a los proyectos productivos, al acompañamiento social del Estado.

“Estamos hablando del uso en conjunto de todas las herramientas, apelando a las que tengan más capacidad y eficiencia”, sostuvo.

TERCER FALSO DILEMA

El Presidente manifestó que un “tercer falso dilema dice que aspersión y sustitución son antagónicos”.

“No es verdad. No es verdad. Lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, y lo que estamos llamados a hacer, es enfrentar este flagelo con todas las herramientas y hacer esa sustitución de economías ilícitas a economías licitas de manera integral”, señaló de forma enfática.

Añadió que “eso no quiere decir que nosotros no podamos ser más efectivos en algunos lugares del territorio, quizás con el desarrollo alternativo, quizás con la erradicación manual”.

En esta fase de su intervención, el Jefe del Estado indicó que en algunos territorios los integrantes de los grupos manuales de erradicación se enfrentan a campos minados y francotiradores.

“Hay una constante afectación a las vidas, a la integridad, de muchas de las personas que se dedican a esto”, recalcó.

Por último, reiteró la necesidad de enfrentar los cultivos ilícitos con todas las herramientas disponibles y puso de relieve que ante la situación descrita, “la aspersión no puede dejar de ser considerada como una herramienta efectiva”.

RIESGO PARA LOS LÍDERES SOCIALES

El narcotráfico, los cultivos ilícitos y la cadena con los actores armados son los principales riesgos identificados en las zonas donde se han emitido las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Estas alertas registran un incremento de amenazas y homicidios de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas.  De hecho, las cifras oficiales de homicidios, avaladas por la ONU, señalan que 61 casos se presentaron en 2016; 84, en 2017 y 110, en 2018. En lo corrido del 2019, se han presentado 6 casos.

A la fecha se contabilizan 98 alertas que abarcan 141 municipios y 26 departamentos del país; de estas, solamente 4 alertas (8 municipios) no están asociadas a temas de narcotráfico y cultivos ilícitos.  De los municipios referidos, el 53% (75 municipios) están en riesgo alto y medio alto por cultivos ilícitos, identificando una relación entre el incremento de la siembra y la cadena del narcotráfico en su complejidad, con la emisión de las Alertas Tempranas.

Los municipios de Tumaco, El Charco (Nariño); Tibú, El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), ubicados en zona de frontera con Venezuela y Ecuador, respectivamente, han sido identificados como de alta incidencia de la violencia asociada al narcotráfico.

También se estableció, teniendo en cuenta las 98 alertas tempranas emitidas hasta el momento, que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Cauca, Guaviare, Chocó y Atlántico presentan mayor afectación con relación a reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a grupos armados ilegales o como mano de obra directa en producción, distribución o comercialización de la cadena de narcotráfico.

El Ministerio del Interior recomendó priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones de todo el estamento, para la recuperación de la legalidad como garantía de los derechos humanos de la población que habita en estos territorios.

EL PULSO DUQUE – SANTOS

La audiencia citada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento a la sentencia con la que el alto tribunal prohibió el uso del glifosato, se convirtió en escenario para que dos presidentes, el actual y su antecesor, debatieran sobre la política antidroga.

Aunque la sesión tuvo como invitados a expertos nacionales e internacionales con todos los pergaminos para hablar del tema, dos de ellos se robaron el protagonismo: el presidente Iván Duque Márquez y el expresidente Juan Manuel Santos.

El primero basó su intervención en una defensa férrea del uso del herbicida como herramienta eficaz contra los cultivos ilícitos, para convencer a los magistrados de que revise la sentencia que lo prohibió. Aclaró que han acatado el fallo y que están listos para dar el paso siguiente. Sus escuderos, los ministros de Salud, Defensa, Justicia y Ambiente, que tuvieron cinco minutos por turno, respaldaron la petición del jefe de Estado.

“Hago una solicitud respetuosa y es que se haga una reformulación de la sentencia, que considere y entienda que esta expansión de los cultivos le hace un daño tremendo al orden constitucional, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales”, argumentó ante la Sala.

Enfatizó en que quieren hacer un uso responsable de las herramientas para buscar, según dijo, una integralidad con la salud, con el medio ambiente, con la legalidad y la protección de las comunidades. Para ello, ha creado, conforme aseguró, 14 planes de desarrollo con enfoque territorial.

La exposición del mandatario se basó en que el aumento exponencial de los cultivos viene afectando el componente del orden público nacional. “De 2013 al primero de agosto de 2018 el país tuvo el más rápido incremento de su historia de cultivos ilícitos prácticamente se quintuplicaron en el país. Y esa cifra no es menor, pues el índice muestra un crecimiento del 64% por año”, indicó Duque. Periodo de tiempo en el que gobernó Santos.

De acuerdo con su hipótesis el crecimiento de esas hectáreas con sembradíos constituye una amenaza a la seguridad de los colombianos y al orden público que les impide a las poblaciones gozar plena y libremente de varios derechos.

En su intervención manifestó que una de las razones por las que se han aumentado esos sembradíos radica en que los grupos de erradicación manual fueron desmontados en los últimos años. Aseguró ante los magistrados que en 2008 había 250 grupos y al iniciar su gobierno eran 23.

“No es coincidencia de la suspensión de la aspersión, las herramientas más efectivas se fueron desmontando. Nos hemos ido quedando sin las herramientas necesarias. Se crearon incentivos perversos el sembrar y comercializar los sembrados y luego recibir dinero por erradicar lo sembrado”, sostuvo.

Al tratar el tema ambiental, uno de los más críticos frente a la aspersión aérea con el químico, Duque dijo que si se quiere dar el debate desde ese punto de vista también deben considerarse las problemáticas que se entretejen alrededor de la producción de cocaína.

“Acá poco se habla de los 4.130.000 litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda, poco se habla tres millones de litros amoniaco, los 248.000 litros de ácido clorhídrico, los 102 millones de gasolina y los 1,4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína”, explicó.

 “LA ASPERSIÓN ES INEFICIENTE”

La intervención de Juan Manuel Santos estaba programada para las 2:50 p.m. de acuerdo con la agenda que publicó la Corte Constitucional en la citación de la audiencia. No obstante, el expresidente adelantó su ponencia y sobre las 12:30 m estaba ante el estrado.

Una de las primeras contestaciones que le dedicó a Duque fue sobre el tema de la política integral. “Ese enfoque lo adoptó mi gobierno. Y el de Uribe, el de Pastrana, el de Samper, el de Gaviria, el de Barco. En una cumbre antidrogas en el año noventa se hizo énfasis en la implementación de una política integral”.

Santos dijo que suspendió la aspersión durante su gobierno por el fallo de la Corte y porque comprobó que esa medida no era la ideal en la lucha antidrogas.

Recalcó en los años 2006 y 2007, cuando era ministro de Defensa, se asperjaron 172 y 153 hectáreas, respectivamente, pero reveló que en ese periodo la producción de cocaína se incrementó. Las cifras las trajo a colación para desestimar los argumentos que señalaban que a más áreas asperjadas menos producción.

 “Hay otra estadística diciente: entre 2008 y 2013 la aspersión bajó y la producción también. El año 2013 ha sido el de más baja producción de este siglo. Estas cifras dicen que no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción. Ni se puede argumentar que el aumento de la producción de los últimos años se debe a la suspensión de la aspersión”, expuso.

Pero fue más allá y desmintió las versiones de que la decisión de no fumigar más empleando ese método se pactó en los diálogos de paz de La Habana entre su gobierno y la entonces guerrilla de las Farc.

Sin dar nombres, Santos señaló: “Y no es cierto –repito, no es cierto– que la decisión del Gobierno de suspender la aspersión fuese un acuerdo, ni mucho menos una imposición de las Farc, como lo sostuvo hace poco un ilustre senador de los Estados Unidos, alimentado por tantas versiones falsas que han circulado sobre el proceso de paz”.

Al final de su intervención, el expresidente entregó sus recomendaciones a los magistrados que lideraron la audiencia sobre la polémica del glifosato. Una de ellas apuntaba a que se les dieran a los campesinos cocaleros alternativas legales viables para que sustituyan sus cultivos ilícitos.

“La única forma de combatir los cultivos de hoja de coca es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades en la economía legal. En segunda instancia, sería un error volver a la aspersión con glifosato por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente”, señaló.

Para Santos este método demostró con los años su ineficiencia e ineficacia por lo cual, añadió, no es la solución que debe ofrecerse a los colombianos que ahora están sin conflicto con las Farc.

Añadió que retomar la aspersión, aparte de ineficiente, sería un riesgo ya que hoy el 37% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas donde no se puede fumigar. El resto está entremezclado con productos lícitos. Vale decir que este fue uno de los puntos con los que coincidió con Duque.

El pulso ahora quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos quien analizará lo escuchado en esta sesión para tomar futuras decisiones frente a si es posible revisar su jurisprudencia sobre el uso del glifosato.

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