Antídoto contra la corrupción en contratos de obras públicas

Ángela María Orozco, ministra de Transporte, habló sobre en qué consiste la reglamentación y qué garantías se darán en materia de transparencia.

POR:
DANIELA
MIRANDA

Un estudio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) sobre ‘pliegos sastre’ fue lo que impulsó al Gobierno Nacional a tomar la decisión de aplicar, por decreto, los ‘pliegos tipo’ en los procesos de contratación y licitación de obras públicas de infraestructura en el país, que en un 80% terminan siendo a “dedo” abriendo así la puerta a la corrupción.

La decisión, que ha sido celebrada en su mayoría por el gremio porque abre la puerta a la multiplicidad de oferentes, contempla que desde abril las nuevasobras de infraestructura que se contraten deberán ser a través de este decreto para así cerrar la brecha de que un único oferente, en su mayoría en las regiones, se quede con las licitaciones. Ante los aplausos y críticas del decreto enfocado a un solo sector, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, habló sobre en qué consiste la reglamentación y qué garantías se darán en materia de transparencia.

¿Cuál es el objetivo de implementar ‘pliegos tipo’ en el país?

El requerimiento de pliegos tipo se introdujo en la última ley de infraestructura y lo que faltaba era su reglamentación, a lo que dimos paso esta semana. A partir de abril, todas las entidades del Gobierno, de todos los niveles: nacional y territorial, tendrán la obligación de estandarizar los pliegos bajo condiciones legales en la contratación de obra pública en infraestructura, lo que va a permitir una mayor transparencia y va a dar a la ciudadanía la posibilidad de que no haya ‘pliegos sastre’ hechos a la medida de un contratista.

Los estudios contratados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura en los que se evidenció que el 80% de la contratación a nivel de Gobernaciones y municipios terminaba con un solo proponente o contratante sacó a flote el panorama que se ha estado viviendo en el país durante los últimos años y que ha llevado a enredos en las obras. Tras esto, quisimos regular que la contratación debe tener estándares mínimos, tanto en requisitos habilitantes como en el tema de las garantías, para que todo el mundo sepa la información y así haya mayor independencia en las zonas del país donde se contrate.

¿Habrá certeza de que esa transparencia que buscan se dé?

Claro, porque la medida la promueve. Pero, además beneficia a la pequeña y mediana empresa, quienes son los que contratan en las regiones. Esto era un clamor de esas empresas para que no haya más errores en la contratación de obras públicas de infraestructura y que al contrario permita abrir un mayor campo de acción en los oferentes que están en las regiones.

Su foco son las regiones, pero en su momento ellas se opusieron a la implementación de este tipo de pliegos. ¿Cómo se garantizará que haya cumplimiento al pie de la letra?

Esto es obligatorio, así de sencillo. La adopción de ‘pliegos tipo’ tienen unos estándares mínimos de información y de documentos que tienen que tener todas las entidades que estén sometidas a la ley 80. Además, para que las regiones no se sientan por fuera de esto, realizaremos talleres de capacitación y socialización de la mano de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, también tendrán participación los entes de control, quienes van a estar supervisando que se cumpla con la medida. Debemos tener claro que en el país un gran porcentaje de contrataciones públicas se dan por la infraestructura y esto no puede estar sin control.

¿Cuáles son las regiones que más incurren en la selección a “dedo” de contratistas?

No tengo ningún diagnóstico puntual. Las cifras con las que contamos son de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que evidenció un porcentaje muy alto en la elección de un único proponente. Pero aquí no se trata de estigmatizar a nadie, de lo se trata esto es de que estamos montando todo un programa de tolerancia cero con la corrupción y que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es por esto que invitamos a todos los alcaldes del país a que apliquen la norma que es obligatoria, pero más allá de eso se resalta las ventajas que tiene.

¿Cuáles son esas ventajas?

La principal es la generación de más empleo, porque va a promover la participación de la pequeña y mediana empresa en todos los departamentos del país. Ellos van a sentir que vale la pena participar, que se justifica invertir en su región y que se justifica aún más en la medida en la que van a tener unas garantías de transparencia y de competencia legítimas en los procesos de contratación pública.

Esta medida se aplicará para las nuevas obras públicas de infraestructura ¿pero qué pasará en las que están andando y hubo selección a «dedo»?

Lo que ya está contratado así queda. Además de esto, el que tenga pruebas para denunciar que en algún proceso hubo corrupción está más que bienvenido y los acompañaremos a evidenciar el caso. En estos momentos, el proceso se trata de promover la transparencia de la contratación pública y que los pliegos tipo lleven a que la gente recupere la credibilidad en el sector de la infraestructura.

¿La entrada en vigencia de la medida también significará un impulso financiero para las vías terciarias?

Sí, habrá más confianza para las licitaciones. Además de esto, en el Presupuesto General de la Nación se aprobó un rubro, por primera vez en cinco años, para este tema. Desde el 2015 había cero pesos para vías terciarias en el Invías y eso implicó que cada quien contratara por su lado, como quisiera.

Ahora, el Invías estará presente con un proceso que hemos diseñado de la mano del Departamento Nacional de Planeación donde esos recursos que son muchos comparados con cero, pero que en realidad son pocos si se mira las necesidades que tiene el país, llevarán a que se avance en los 142.000 kilómetros de vías terciarias.

 ¿Cómo será ese proceso?

Los municipios se postularán a través de una página web, así habrá mayor transparencia, con base a unos criterios que tiene que ver con circuitos productivos y circuitos turísticos y los cuales tendrán unas calificaciones de acuerdo a esos criterios para poder asignar la prioridad de los proyectos y sus recursos.

Quienes salgan seleccionados, el Invías tendrá convenios con ellos para girar los recursos, obviamente condicionados a una cuenta para el destino de este proyecto, desarrollándose así la interventoría y supervisión del proyecto.

 Y en 4G qué se ha avanzado…

A fin de mes tendremos más del 80% de los proyectos 4G destrabados. Eso significa que estarán andando en las regiones. El crecimiento del sector venía de abajo, pero ha ido subiendo, además esperamos que con estas obras reactivadas los resultados de este primer trimestre sean aún mayores. Algunos proyectos tienen retos todavía, por ejemplo, los que están en tribunales de arbitramento y que deben tener conciliación, son procesos en los que tenemos que involucrar a los entes de control y se llevará más tiempo, pero hemos venido trabajando de la mano con ellos en todo. Las 4G han empezado a andar de nuevo.

¿En qué regiones se sentirá el impacto del destrabe de los proyectos 4G?

En todo el país, de norte a sur. Estas troncales atraviesan el país y de alguna manera generan empleos en zonas de apartadas influencias. Uno de los que está próximo a salir es la Ruta del Sol III, este es un proceso que encontramos casi caducado y nos sentamos a negociar con el concesionario, a mirar cómo lo sacábamos adelante. Si logramos un acuerdo, el proyecto puede llegar a generar 5.000 empleos solamente en el departamento del Cesar. Ese es una pizca de lo que la reactivación de todos estos proyectos deja, al final se generan alrededor de 80.000 empleos.

 Las 4G de Ruta del Sol tienen antecedentes de corrupción. ¿Qué control habrá con Ruta del Sol III para evitar repetir lo del pasado? 

Primero, toda la información ha sido transparente. Montamos un módulo de publicidad de contratos y de las actas de interventorías, todo el mundo puede verlos porque para generar transparencia los documentos deben ser públicos y así lo hemos venido haciendo. La información de cada proyecto 4G, además de los demás proyectos de infraestructura que llegan al país, están montados en la página web del Ministerio de Transporte y son de libre acceso. Además, cada región agrupada con las universidades y sociedades de ingenieros harán también veeduría para entre todos vigilar a los contratistas y así se está haciendo.

– ¿Cuándo tendrá “luz verde” Ruta del Sol III?

Eso depende del acuerdo, hasta que no haya un acuerdo yo no puedo dar más detalles, pero va bien avanzado.

¿Qué significa que el proyecto se esté salvando de caducar?

La obra iba a caducar por incumplimiento, pero esto iba más allá porque perjudicaba a toda una región, no solamente por las deudas a los proveedores sino porque aquí hubo un problema de socios del concesionario cuando entró alguien y les compró su participación.

Arrancamos con la negociación del proyecto cuando la región se acercó a nosotros a decirnos que por favor no caducáramos, porque el peor escenario para ellos era ese, ya no habría contratación y sí quedaría la deuda que ronda los $128.000 millones. Por esto nos sentamos a decirle al concesionario que ponga garantía original desde su país y que estábamos dispuestos a sacar esto adelante si ponen la cara y les pagaban a los proveedores, en eso andamos. Es decir, en la medida en que se acuerde el pago con los proveedores se dará la certeza de que están poniendo la cara por el proyecto y que el proyecto puede salir adelante.

¿De cuánto ha sido la inversión?

A diciembre de 2018, el proyecto tenía un valor de $3.5 billones. De estos se han ejecutado $311.000 millones. Además de esto, si el acuerdo se logra, el 75% de los pequeños proveedores tendrán un pago inmediatamente de $20.000 millones. Para la 62 empresas que son más grandes habría un acuerdo de pago por mucho más, cerca de $100.000 millones en 24 meses. Ese acuerdo tiene que tener el visto bueno de la Superintendencia de Sociedades para que salga por fin, y ahí vamos. /Colprensa