LA JEP: Acorralada y con descrédito

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A través de un comunicado la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares dijo: “En mi condición de presidenta de la JEP expreso mis sinceras disculpas por lo sucedido a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que han confiado en nosotros y les reitero que cumpliremos a cabalidad y no obstante las dificultades nuestro mandato y nuestros compromisos con la paz del país”.

POR
JUAN PABLO
GÓMEZ

En las mediciones que hace Google de las palabras más buscadas en sus motores de búsqueda, JEP y Bermeo aparecieron entre las primeras en Colombia en los últimos días. Todo por cuenta del escándalo que provocó la detención de uno de los fiscales de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de paz, que marcó un nuevo eslabón en la cadena de supuestas anomalías que se han denunciado desde su creación.

Para algunos, el arresto de Carlos Julián Bermeo puso en entredicho la rectitud de la labor que viene desarrollando la Jurisdicción y  mostró que, pese a haber cumplido apenas un año, ya desvela algunas viejas prácticas de corrupción que han permeado el sistema judicial colombiano.

Para otros, de lo que se trata es de un montaje, planificado desde la Fiscalía, para desprestigiar a una institución que tiene en sus manos en este momento el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como ‘Jesús Santrich’.

A quienes promueven esta tesis les causa curiosidad que la captura se haya dado a pocos días de que el tribunal se pronuncie sobre la posibilidad de extraditar a Santrich y de que el presidente decida si objeta o no la Ley que define el procedimiento de la jurisdicción.

“Hay un ambiente de mucha polarización a raíz de todo esto”, dice el exsenador Alirio Uribe, uno de los que apoyó los diálogos de paz que se desarrollaron en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. A su juicio, los detractores del proceso deben estarse frotando las manos a raíz de los últimos acontecimientos.

 “Para los que atacan todo el sistema de paz, la JEP queda como perdedora total. Deben estar muy contentos al ver que un fiscal de la JEP está recibiendo un maletín lleno de dólares”, señala.

Mientras la Jurisdicción daba explicaciones sobre Bermeo y sus actuaciones, le estalló otro escándalo. La senadora Paloma Valencia publicó un contrato que el tribunal de paz suscribió con Miguel Samper por 50 millones de pesos. La congresista del Centro Democrático denunció el excesivo gasto en contratos de prestación de servicios para suplir de personal al órgano judicial.

La denuncia motivó otro comunicado. En el noveno punto explicaban que la labor de Samper se desarrolló entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018 y tenía como finalidad un acompañamiento para la definición de los mecanismos de articulación entre los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y de este con las entidades del Sistema de atención a las víctimas.

 “El contratista cumplió satisfactoriamente sus obligaciones y con la ejecución de dicho contrato se logró establecer los mecanismos de articulación, consolidar una ruta para el funcionamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional y establecer un protocolo de cooperación e intercambio de información”, añadió el comunicado.

Este escándalo surgió el lunes, mientras se solucionaban los tropiezos que se generaron en el desarrollo de la audiencia en contra de Bermeo y de los otros cuatro capturados, entre ellos el exsenador de Opción Ciudadana Luis Alberto Gil, a quienes la Fiscalía acusó de hacer parte de una organización criminal. Los retrasos, dilaciones y recesos han sido tantos que solo hasta el próximo 14 de marzo se conocerá si la jueza acoge los argumentos de la Fiscalía y envía a la cárcel a los detenidos.

GRANDES PROCESOS A CARGO

La JEP celebró su primer aniversario a mediados de enero. En su primer año de funcionamiento, “1.675 personas han suscrito acta de sometimiento. De este total, 9.687 son excombatientes de las Farc, 1.938 de la fuerza pública, 38 de agentes del Estado y 12 de protesta social. La Jurisdicción recibió 168 informes que fueron entregados por parte de organizaciones de víctimas y entidades del Estado, sobre hechos ocurridos en contexto y en razón del conflicto armado”. Las cifras fueron entregadas por la propia entidad.

Ha abierto, además, siete grandes expedientes. El más reciente frente a uno de los temas sensibles del conflicto: el reclutamiento y utilización de menores. La información fue entregada el mismo día en el que Édgar López Gómez, ‘Pacho Chino’, el exjefe de las Farc que por años sembró el terror en el suroccidente colombiano rendía su versión por el primer caso que abrió la JEP, el de los secuestros.

Otro de los temas que más ha acaparado la atención es el referente a los militares que están involucrados en las ejecuciones extrajudiciales y que fueron reseñadas en el caso 003. Uno de los argumentos más frecuentes de los detractores de la puesta en marcha de esta jurisdicción es el trato que se les va a dar a los uniformados involucrados en delitos.

La JEP le salió al paso a esas declaraciones y en un reciente informe sostuvo que 1.529 integrantes de la fuerza pública han recibido beneficios jurídicos. De ellos, a 1.051 les otorgaron la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Estas cifras antecedieron a la declaración de varios militares que le enviaron al presidente Iván Duque el mensaje de que no objetara la le ley estatutaria.

Sin embargo, la puesta en marcha de la JEP no fue tan tranquila como se esperaría para un órgano llamado a ser protagonista del fin del conflicto. Con la salida de Néstor Raúl Correa se desveló una serie de anomalías basadas en temas burocráticos que obligaron a su dimisión.

 “Al interior de la JEP hubo discusiones por el tamaño de las oficinas, por el lugar en el que se iban a ubicar los auxiliares, debates por los vehículos y los escoltas”, señala un abogado que tuvo conocimiento de lo que pasaba al interior del tribunal de paz en ese entonces.

¿SESGO IDEOLÓGICO?

El caso Bermeo llevó también a poner en el escenario nacional la lupa sobre la idoneidad de los profesionales contratados por la Jurisdicción. Sus opositores señalan que fueron elegidos con una marcada postura ideológica y aseguran que eso ha llevado a que se le asocie a un tribunal amigo de las Farc y hecho a sus exigencias.

El penalista Francisco Bernate no duda en señalar que la escogencia no fue la mejor y que “salvo honrosas excepciones, se designaron personas con una ideología marcada, que más que una ideología es un activismo”.

En idéntico sentido, Rafael Nieto sostiene que dentro de todo lo sucedido hay razones que son del resorte exclusivo de la JEP y otras que le son ajenas. Entre las primeras advierte fallas en el proceso de selección para el personal del órgano de justicia transicional.

“Fue arbitrario, caprichoso y se les entregó a unas personas, algunas de las cuales no eran abogados y otras que no conocían el sistema jurídico y las necesidades del sistema.  Eso influye y se refleja en los problemas que están teniendo”, dice.

Para el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, lo ocurrido con Bermeo no se puede generalizar y si bien se pueden fortalecer los procesos de escogencia de personal es algo que se debe hacer en todas las instancias. “Ante situaciones como la que ha sucedido con el fiscal Bermeo lo más sano es que se revise lo que haya sucedido, pero eso no significa que la JEP haya sido descuidada. Los magistrados de la JEP fueron escogidos a través de un proceso sumamente complejo, transparente y con garantías”.

¿PAZ SIN JEP?

Esta semana, la JEP enfrentará un nuevo desafío: las objeciones que el presidente Duque le plantee al Congreso sobre la ley estatutaria. El tema es crucial y para Gabriel Becerra, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Magister en Estudios Políticos, de firmarse puede tener implicaciones críticas.

 “El riesgo es que se eche por la borda un esfuerzo descomunal que se ha hecho para acabar con un conflicto de tantos años. Es rehacer un acuerdo en temas sustanciales y el país puede avocarse a una realidad muy complejo”, explicó el jurista.

El exministro Luis Felipe Henao si bien reconoció que el hecho de corrupción en el caso Bermeo es una pandemia que afecta a instituciones como la Corte Constitucional, en el famoso cartel de la toga, y en la propia Fiscalía, con el arresto y la extradición del jefe anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, no debe plantearse acabar con la JEP.

En su concepto, mantener el funcionamiento de este órgano es “fundamental en el tránsito hacia la paz, es la columna vertebral. Es una entidad que en un año ya tiene más de once mil actas de compromiso, exguerrilleros y militares que se están viendo beneficiados, que ya empezó investigaciones de macro casos”.

Henao no duda en señalar al Centro Democrático como el artífice de mensajes para no dejar avanzar el funcionamiento de la JEP y desviar la atención a problemas relevantes y urgentes que tiene el resolver el gobierno de Iván Duque.

“Es una narrativa para esconder los fracasos de este gobierno y esa narrativa es volvernos a que todo el país esté enfocado en la guerra, seguir con el tema de las Farc, que ya es un hecho del pasado”, remata.

En lo que sí coincidieron tanto quienes están a favor como en contra de la JEP es que este órgano tiene que seguir produciendo más investigaciones, fallos y sentencias.

“La JEP debería producir menos comunicados de prensa y más decisiones judiciales”, señaló Alirio Uribe. Francisco Bernate insistió en que “no es necesario que se dediquen a hacer una rueda de prensa en todos los medios escritos y hablados. Que se dediquen a trabajar que hablan como lo hacen los jueces, a través de los fallos”.

ADOPTAR MEDIDAS TRAS ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

En medio del escándalo, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares Prieto, le pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la entidad, Giovanni Álvarez Santoyo, que adopte medidas tras la captura el pasado viernes de un fiscal de la unidad en un presunto caso de corrupción para interferir en el proceso de Jesús Santrich.

Linares Prieto aseguró que las medidas deben “garantizarle al país y a la comunidad internacional, que han depositado su confianza en nosotros, que se trata de un hecho aislado y que, como se lo pedí, dispondrá todo lo necesario para colaborar de manera decidida con las autoridades competentes en las investigaciones que conduzcan al pronto esclarecimiento de esos gravísimos hechos”.

La magistrada le solicitó, “con el debido respeto a su autonomía e independencia como director de la unidad”, que proceda a la desvinculación del funcionario capturado y la revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directores colaboradores.

“Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, no basta con la verificación de los requisitos de ley sino, lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la Unidad”, manifestó Linares Prieto.

La funcionaria señaló: “con mi reiterado respeto a usted y a su autonomía, debo solicitarle que una vez efectuada esa revisión, con la documentación que la sustente, la comparta con nosotros en el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción del que Usted hace parte. Esa información será publica en nuestra página Web para conocimiento de la ciudadanía”.

La magistrada considera que esto “en nada interfiere su independencia como Director y único nominador de la UIA”, pero que sí permitirá “empezar a reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación, que quedó seriamente afectada por los lamentables sucesos a los que me he referido”.

“Sin duda lo ocurrido ha causado en los servidores de la jurisdicción, incluidos los de la UIA, comprometidos con la paz, y con su trabajo, profunda indignación y dolor, pues puso en entredicho el valor más importante para el cumplimiento de nuestras funciones: una ética intachable e incuestionable que genere confianza en nuestras actuaciones, confianza que fundadamente quedó resquebrajada y que deberemos reconstruir para seguir avanzando en el proceso de implementación que ha sido difícil y complejo”, manifestó.

Finalmente, Patricia Linares indicó: “En mi condición de presidenta de la JEP expreso mis sinceras disculpas por lo sucedido a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que han confiado en nosotros y les reitero que cumpliremos a cabalidad y no obstante las dificultades nuestro mandato y nuestros compromisos con la paz del país”.

LA CONTRATACIÓN

La secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), María del Pilar Bahamón, se refirió este lunes a la información que ha circulado en diferentes medios de comunicación sobre los contratos de la entidad donde aparece el nombre de Miguel Samper.

La funcionaria explicó, en un comunicado de 11 puntos, que nunca ha militado en ningún partido político y sus posiciones y cargos desempeñados han obedecido a su idoneidad y trayectoria al servicio de lo público sin reproche o tacha alguna.

Bahamón señaló que el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Miguel Samper “no tuvo nada que ver con mi nombramiento” como directora general de la USPEC en 2014, a donde llegó “por invitación del doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y del Derecho” en ese momento.

También aclaró que en junio de 2018 el Tribunal para la Paz de la JEP la escogió como Secretaria Ejecutiva “luego de surtir un proceso de selección entre 62 aspirantes”, y que para ese momento “no conocía a la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, y mi elección se efectuó en el seno de un cuerpo colegiado”.

Sobre el contrato con Samper, Bahamón expresó que este se dio el 20 de novimebre y el 31 de diciembre de 2018, donde él hizo el acompañamiento en la definición de los mecanismos de articulación entre los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y de este con las entidades del SNARIV.

 “El contratista cumplió satisfactoriamente sus obligaciones, y con la ejecución de dicho contrato se logró establecer los mecanismos de articulación, consolidar una ruta para el funcionamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional y establecer un protocolo de cooperación e intercambio de información entra las instituciones que conforman el Sistema, paso fundamental para la satisfacción de los derechos de las víctimas”, señaló la funcionaria.

María del Pilar Bahamón resaltó que “la supervisión del contrato fue realizada por el Subsecretario Ejecutivo de la JEP, quien dio cuenta de su satisfactoria ejecución”, y que en la contratación de Miguel Samper “nada tuvo que ver la presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares”.

LLAMADO A LA PROCURADURÍA

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a la Procuraduría General y a la Controlaría General realizar visitar a los estrados de la justicia transicional para revisar los trámites de contratación que se han llevado a cabo.

En una carta enviada por la Secretaria Ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón Falla, la jurisdicción expresó: “el proceso de implementación y puesta en marcha del andamiaje institucional y transicional no ha estado exento de dificultades y controversias, por tratarse de un esquema de justicia inédito en Colombia”.

Por lo que a su juicio, “nos lleva a insistir en nuestra tarea de construcción de confianza para lograr el propósito superior de reconciliación y construcción de una sociedad en donde el conflicto ya no sea el protagonista”.

Bajo ese entendido, la secretaria le solicitó al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, se adelanten las actuaciones de vigilancia y control fiscal a que haya lugar frente a la gestión contraactual cumplida por la jurisdicción, sin perjuicio de la auditoria de cumplimiento a la JEP por la vigencia de 2018.

Por otro lado, la secretaria en una misiva le anunció al Procurador Fernando Carrillo, que es importante reiterar al órgano de control la solicitud de acompañamiento al proceso de selección objetiva de la JEP LP-001-2019, elevada mediante comunicación con fecha de 4 de marzo, “y anunciar respetuosamente al señor procurador que durante la vigilancia 2019, dicha solicitud será recurrente tratándose de procesos licitatorios que deba adelantar la jurisdicción”./Colprensa

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