Gobierno emprende la tarea de explicar decisiones sobre la JEP

El ministro de relaciones exteriores, Carlos Holmes Trujillo, anunció una vista a Nueva York para dialogar con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para explicarle los alcances de las objeciones hechas por el presidente a la Ley Estatutaria de la JEP. También planeó una reunió con el Consejo de Seguridad de esta organización para comunicar la misma información.

Lo primero que hizo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, luego de anunciar el pasado domingo las seis objeciones que le hizo a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue convocar una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, para explicarles los argumentos de dicha media, calificada por algunos sectores como riesgosa para la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

Pese a que dicha reunión fue privado, trascendió a la opinión pública algunas preocupaciones de la comunidad internacional alrededor de dicha decisión. Gautier Mignot, embajador de Francia en Colombia, pese a que prefirió abstenerse de lanzar juicios alrededor de las objeciones antes de estudiarlas detalladamente, aseguró que le reiteraron al mandatario de los colombianos la importancia de mantener la JEP y el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición en su totalidad.

Sin embargo, lo que prendió las alarmas del Gobierno fue la carta pública que envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que aseguró que es importante que se garantice la libertad y funcionamiento de la JEP para preservar la paz. Dijo que se mantiene a la expectativa de que la jurisdicción reciba el apoyo político y práctico para su funcionamiento, porque de este respaldo dependerá que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción de paz.

 “Lamentamos que a más de dos años de la firma del acuerdo final la JEP aún no cuente con una Ley Estatutaria, marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios claves que la ONU desde el Consejo de Seguridad ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones”, afirmó las Naciones Unidas.

A raíz de este hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, anunció una vista a Nueva York para dialogar con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para explicarle los alcances de las objeciones hechas por el presidente a la Ley Estatutaria de la JEP. También planeó una reunió con el Consejo de Seguridad de esta organización para comunicar la misma información.

 “El secretario general destacó la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Reiteró las preocupaciones expresadas anteriormente por las Naciones Unidas, con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la Ley Estatutaria y su esperanza de que se tomen medidas rápidas para asegurar que este fundamento jurídico se establezca lo antes posible, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes interesadas”, comunicó la ONU, después de que el Canciller colombiano asegurara que Guterres había atendido con gran interés sus explicaciones.

Estos pronunciamientos de la comunidad internacional, en especial de la ONU, parecieran una muestra de que la decisión del Presidente no termina de convencer. Sin embargo, para Iván Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, por ahora es difícil sacar una conclusión sobre si es acertada o no la forma en la que el Gobierno ha venido manejando el tema a nivel internacional.

El experto añadió que puede haber algunas críticas o debates alrededor del tema. “Me parece lo más normal, pero me parece que en la medida que se trata de ajustes menores y muy puntuales, no creo tampoco se pueda llegar a la conclusión de que las objeciones hayan abierto el camino a la Corte Penal Internacional y otras cosas que se han mencionado”.

Garzón agregó que la actitud de los países garantes y de la comunidad internacional ha sido de respeto y de acompañamiento. Aseguró que tampoco se los imagina ejerciendo mayor presión para que se obtenga algo diferente a lo que quiere el presidente Duque, debido a su autonomía, y añadió que este Gobierno tiene una agenda diferente al anterior, más de implementar una estrategia de orden y  seguridad. Por eso la paz va seguir siendo más un tema accidental o secundario.

Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, señaló que el Gobierno se ha equivocado, porque si algo tiene el apoyo de la comunidad internacional es el acuerdo de paz y por extensión la JEP. Añadió que una estrategia que tienda a presentar el debilitamiento de la JEP como algo aceptable es poco vendible a nivel internacional, tanto en las representaciones diplomáticas en Colombia como en el exterior y, en especial, cuando se trata de objeciones a una ley que previamente tuvo aval de la Corte Constitucional.

“Han actuado de manera equivocada y creo que el balance de eso va a ser negativo para el Gobierno. Creo que puede ser una pelea que no tenía sentido darla. Fue más intentando dar respuesta a determinado sector de su partido que mantiene la idea de cambiar los acuerdos”, agregó Vargas.

El analista añadió que el Gobierno viene hablando de concertación, pero para poder llegar a ellos debe citar a todos los sectores políticos, principalmente con la dirigencia de las FARC, y esto todavía no lo ha hecho.

ESTRATEGIA CON EL ELN

Frente a la ruptura de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que este grupo armado atentara contra la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander, el Gobierno Nacional emprendió una estrategia de presión internacional para lograr que Cuba entregara a los miembros del equipo negociador que permanecen en La Habana, bajo la protección que les brinda  los protocolos firmados para los casos de rupturas.

 “Es equivocado creer que lo que hizo el anterior Gobierno no vale. Según eso todos los acuerdos y tratados tendrían que perder vigencia, porque hay cambio de Gobierno. Eso me parece que es una estrategia equivocada y que la comunidad internacional considera que hay que darle cumplimiento. Eso de ninguna manera significa que se aprueben los actos del ELN, pero son acuerdos que se habían hecho para prever situaciones de rupturas”, sostuvo Vargas.

Por su parte, Garzón añadió que en ese caso el Gobierno quedó mal parado, porque no logró su propósito de presionar a Cuba para que entregara a los miembros del ELN, pero tampoco se aplicaron los protocolos para que salieran de ese país, porque tomó la decisión de desconocerlos.

Mientras tanto, el ELN ha incrementado sus ataques contra la población civil, la infraestructura y la Fuerza Pública.