Impunidad en asesinatos de líderes es del 86 %: ONU

Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.

 

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación del país entre enero y diciembre de 2018. Este documento es el diagnóstico que elabora el organismo como resultado del trabajo de las 1338 misiones que tiene en Colombia.

En este aseguró que el Gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo de Paz, hace hincapié en que los compromisos que asumió el Estado con estos hacen parte de una “agenda de derechos humanos”, resalta la importancia de la JEP y llama a la presencia del Estado en los territorios alejados.

Bachelet hizo un llamado a que tanto el Gobierno como el Eln respeten el Derecho Internacional Humanitario.

 

Asesinatos a líderes sociales, bajo la lupa de la ONU

La oficina manifestó su preocupación por el asesinato a líderes sociales, crimen que dejó 113 víctimas en 2018, en 24 departamentos, de los que 18 pertenecían a grupos indígenas y 12 eran afro. Antioquia, Cauca y Norte de Santander fueron los más afectados.

“Un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socaba la democracia y el Estado de Derecho”, aseguró en el documento”. Para la alta comisionada, el 93 % de los casos ocurrieron en lugares con una “débil o nula presencia del Estado” y como consecuencia de “sustanciales retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz”.

El 66 % de estos homicidios estuvieron vinculados con las denuncias de los líderes sobre delitos, especialmente de aquellos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.

También reseñó las agresiones a defensores de la comunidad LGTBI y señaló la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a las comunidades, como la Guardia Indígena.

Por otro lado, aseguró que la protesta pacífica es un derecho.

 

JEP, una “oportunidad sin precedentes”

Para la Alta Comisionada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una oportunidad “sin precedentes” para procesar judicialmente los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, amparar los derechos de las víctimas y atender los impactos violentos que tuvo en mujeres, niños, niñas, adolescentes y pueblos étnicos.

 “Es fundamental que todas las ramas del poder público promuevan y respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción”, señala el informe anual, y llamó por la “urgente sanción y promulgación” de la Ley Estatutaria de la JEP, de la que el presidente Duque objetó seis artículos el pasado domingo.

Respecto al conflicto armad,o también indica que las zonas afectadas por este tienen un índice de pobreza multidimensional que alcanza el 76 %.

 

Ejército: la única autoridad que llega al territorio

Llamó la atención de que el Estado solo llega a algunos sectores a través del Ejército y que este se ve obligado a desarrollar actividades que “no son propias de su responsabilidad institucional”, como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y el fomento de la convivencia.

Las funciones que ha tomado el Ejército preocupan a la Alta Comisionada argumentando que su uso en la lucha contra el crimen “puede producir un incremento de las violaciones a los derechos humanos”.

En el informe Bachelet denuncia presuntas ejecuciones extrajudiciales: 6 por parte de la Policía y 5 a manos del Ejército.

Finalmente, el documento de la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU reseñó la situación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas.

 

Las recomendaciones de la ONU a Colombia

Al finalizar el documento la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala seis tareas que debe atender el país.

Acelerar la implementación del acuerdo de paz, dar garantías a los defensores de derechos humanos, implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres, Lideresas y Defensoras; seguido por un llamado al Gobierno y al Eln a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además de la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Colombiano