En 2018 aumentaron las  masacres en Colombia 

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La investigación sostiene que en el 66 % de los crímenes estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afectan a la población o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos.

Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá fueron los departamentos en los que en 2018 hubo más masacres. Así lo concluye el Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual para Colombia, en el que además reseña los hallazgos en esta materia tras el segundo año de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Las cuentas indican que con respecto a 2017, las masacres aumentaron en un 164 %.

Al respecto, desde ese organismo se indica que “el Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos”.

La primera de las nueve recomendaciones que se hacen al Estado colombiano es que se acelere el ritmo de la implementación de los puntos 1,3 y 4 del Acuerdo de Paz, es decir, reforma rural integral, fin del conflicto y reincorporación de las Farc, y solución al problema de las drogas ilícitas, en su orden.

Si se redoblan los esfuerzos en lo relacionado con la reforma rural integral, sería “una oportunidad para promover el desarrollo y garantizar el acceso a los derechos en territorios que presentan altos niveles de pobreza, gravemente afectados por el conflicto armado, con baja capacidad institucional y presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilícitas”.

En lo referente a la reincorporación, se exhortó al Gobierno para que redoble esfuerzos y se garantice la participación de los exintegrantes de la guerrilla delas Farc como actores políticos.

 “Preocupante que el Congreso no haya podido completar el trámite de aprobación de las Circunscripciones Especiales para la Paz en la presente legislatura y el proyecto de ley deba ser presentado nuevamente en 2019, lo que pone en riesgo el espacio de representación y participación en el Congreso de lasvíctimas de las regiones más afectadas por el conflicto”, advierten.

Sobre defensores de derechos humanos, el organismo advirtió que el año pasado fueron asesinados 113, lo que en promedio significa que cada semana de2018 se registraban dos homicidios en su contra. De ese total, la oficina del Alto Comisionado reportó que en 12 casos las víctimas fueron afrodescendientes y en 18 indígenas.

“Los asesinatos contra defensores ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander. En 93 % de los casos a los cuales hizo seguimiento ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz”, advierte el documento.

La investigación sostiene que en el 66 % de los crímenes estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afectan a la población o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. De esta última causa se registraron homicidios en el Cauca y Putumayo.

Las evidencias indican que estructuras paramilitares estuvieron detrás de 40 casos y a las disidencias de las Farc se les atribuyen ocho homicidios. El EPL es el responsable en cuatro crímenes, el ELN en ocho e integrantes de la Fuerza Pública en cinco.

“Con respecto a la Unidad de Protección observa con preocupación que, en 2018, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”, dice el informe.

Sobre casos de presuntos falsos positivos presentados el año anterior, la oficina del Comisionado indica que hubo once en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. El Ejército, en cinco hechos, y la Policía, en seis, serían los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, a consideración del documento./Colprensa

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