El complejo ultimátum de la Corte a las cárceles

A la fecha, el hacinamiento en los centros carcelarios de todo el país alcanza el 50,07%.

Al menos cinco veces en los últimos 20 años se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre el grave hacinamiento en las cárceles del país. Y poco ha cambiado desde 1998, cuando el tribunal declaró que la situación en los centros de reclusión es inconstitucional, hasta este jueves, cuando dio a conocer una decisión en la que da un nuevo ultimátum al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

El documento fija un plazo de un mes para que ese instituto y la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios (Uspec) diseñen un sistema de priorización para garantizar los derechos fundamentales de los 120.298 internos hacinados (ver infografía).

Además, la Corte ordena a ambas entidades que en un plazo de 2 meses diseñen un plan de contingencia sobre los centros carcelarios y penitenciarios priorizados, que incluya un cronograma de actividades y el presupuesto destinado.

Pero esta decisión se suma los antecedentes del alto tribunal para pretender solucionar el hacinamiento carcelario, como en 2013, cuando alertó que en ellos había vulneración masiva de derechos de los internos, o en 2015, cuando ordenó al Gobierno tomar medidas urgentes para aliviar la situación de los centros de reclusión.

Tal vez por eso parece complejo que el Estado pueda llegar en 60 días a una solución –lleva dos décadas buscándola– y es probable que la orden de la Corte se quede en letra muerta.

Así lo considera el magíster en Derecho Penal, Luis Eduardo Agudelo, quien explicó que Colombia no tiene cómo solucionar en el corto plazo el hacinamiento por dos razones: “No hay infraestructura y el sistema penal es de tipo agravatorio premial”.

Esto quiere decir que los jueces imponen penas altas buscando que el sentenciado colabore con la justicia, para luego rebajarlas, pero aunque la intención en un principio era descongestionar el sistema, “las normas que se han expedido desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio (2014) lo que han hecho es limitar la de descongestión, porque cada vez hay menos posibilidades de que se otorguen mecanismos sustitutivos de la pena”.

Pero en opinión de Susana Escobar, coordinadora de la maestría en Derecho Penal de Eafit, el problema no se resuelve con construir más cárceles y mucho menos en el corto plazo. La experta explicó que “las medidas siempre tendrán que ser más enfocadas a la política criminal y ese es el aspecto que se ha descuidado”.

En ese orden de ideas, “hacer caso a la racionalización de la prisión preventiva, de la que se abusa en nuestro país”, es una de las soluciones más viables según Escobar.

Y aunque las dos entidades a las que la Corte solicitó diseñar el plan de contingencia aún cuentan con tiempo para dar respuesta, desde el Ministerio de Justicia se indicó que ya hay trabajo adelantado en la construcción del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario.

El plan busca racionalizar el ingreso de personas al sistema, mejorar la infraestructura, garantizar la prestación de servicios integrales a quienes viven en reclusión y promover la resocialización.

Según el proyecto, este será el gobierno “que dejará más cupos carcelarios en la historia de Colombia”. De acuerdo con el Ministerio, se prevé la gestión de al menos 27.000 cupos, de los que 15.000 se dejarán construidos en nueva infraestructura.

El Colombiano