Filipinas da la espalda a la justicia transnacional

Víctimas de asesinatos en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Manila, Filipinas, protestan contra la salida de su país de la Corte Penal Internacional (CPI).

A partir de hoy, los crímenes cometidos en Filipinas están fuera del alcance de la justicia internacional. Este país asiático hizo efectiva su salida de la Corte Penal Internacional (CPI ), decidida por el presidente Rodrigo Duterte hace un año, tras conocer las investigaciones preliminares en su contra por los asesinatos en medio de la lucha contra el narcotráfico.

Filipinas se convierte así en el segundo país en abandonar este tribunal de justicia, instituido en 1998 con el fin de evitar la impunidad sobre crímenes que, por su gravedad y premeditación, el mundo no podía dejar pasar, como el genocidio y los crímenes de odio.

Ya en 2017, Burundi se retiró de la CPI por motivos similares: para evitar las investigaciones sobre represión estatal que involucran al presidente de este país africano, Pierre Nkurunziza.

De acuerdo con Alejandro Godoy, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional y experto en Asia, la medida de Duterte busca dejar sin competencias a la CPI para indagar sobre su responsabilidad en las muertes que ha dejado su política antidrogas: 5.000 muertes según la Policía y 20.000 según varias ONG de Derechos Humanos.

Se trata de la bandera de campaña en las elecciones de 2016, cuando Duterte prometió llenar la bahía de Manila, capital del país, con los cadáveres de los drogadictos y los narcotraficantes.

Un presidente armado

Dennis David, un filipino que en 2016 votó por Duterte, vio cuando su hijo de 21 años, John Jezreel David, salió a trabajar en enero de 2017 y solo lo volvió a ver tres días después, en la morgue.

Según la denuncia que presentó en agosto de 2018 a la CPI junto con otras 8 familias de víctimas, los policías detuvieron a su hijo poco después de salir, supuestamente, por conducir sin casco. Lo llevaron a otro lugar de la ciudad y allí le dispararon junto a otros dos jóvenes que no conocía. Luego, como quedó registrado en las cámaras de un hospital cercano, tomaron su cadáver y metieron droga en su chaqueta.

Como señala Gonzalo de Cesare, abogado en tribunales internacionales para la exyugoslavia y Ruanda, el mandatario filipino mide el éxito de su política en razón de cuántos muertos deja.

Esa fue su política desde su tiempo como alcalde de la ciudad de Davao, entre 1988 y 2006. Allí, además de ganar la fidelidad de gran parte de la población repartiendo fajos de billetes a los pobres, habría instalado un esquema de escuadrones de la muerte.

De acuerdo con la otra denuncia en su contra ante la CPI, la que desató la investigación de la fiscal Fatou Bensouda en febrero de 2018, Duterte reunió a varios uniformados en el Hotel Meseng, de Manila, e hizo circular una cesta cubierta de la que cada uno sacó un arma. Su trabajo, les dijeron, era cazar criminales.

Golpe de impunidad

Aún no es claro si las investigaciones contra Duterte podrán continuar con la salida de su país de la CPI. Según la portavoz de este tribunal, Fadi El Abdallah, el examen preliminar sigue abierto al estar suscrito a hechos presuntamente cometidos mientras este país asiático seguía como miembro.

Sin embargo, para el gobierno filipino, la CPI perdió sus competencias. Su argumento es que la ratificación en el Congreso del Estatuto de Roma en 2011 nunca apareció en la Gaceta oficial.

En cualquier caso, de acuerdo con De Cesare, las salidas de Filipinas y Burundi para evitar investigaciones dejan al descubierto la fragilidad de esta instancia de la justicia internacional, acentuada por el hecho de que ni Estados Unidos ni Rusia son firmantes del Estatuto de Roma.

Duterte, aliado clave en Asia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,marca un precedente difícil de responder para la CPI, la cual no previó al momento de su creación que la respuesta de los mandatarios investigados pudiera ser simplemente levantarse e irse antes de recibir una condena

El Colombiano