El silencio que condena al empresario Carlos Mattos.

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Según la defensa de Carlos Mattos, el cáncer de próstata que padece ha impedido que acuda al consulado colombiano en Madrid para atender el proceso judicial. 

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Del multimillonario empresario Carlos Mattos podría esperarse cualquier cosa, excepto un bajo perfil. Por eso no deja de ser por lo menos curioso el silencio que ha guardado en los últimos meses.

Esa actitud le ha valido ser declarado contumaz en los dos procesos que la justicia adelanta en su contra, pero que no fue obstáculo para que, desde el pasado miércoles, su juicio fuera suspendido.

Mattos es inversor, coleccionista de arte y dueño de una cuantiosa y extravagante fortuna que le llevó a ser protagonista de un episodio de “21 días de lujo”, programa de la productora de TV Mediaset.

Su éxito en los negocios se forjó mediante la relación estratégica que sostuvo desde 1992 con la surcoreana Hyundai Motor Company, convirtiéndose en el único importador de sus vehículos a Colombia. Lo que ocurrió después que se rompiera ese vínculo, es lo que lo tiene hoy en la mira de la Fiscalía.

 

Las demandas

En 2015, tras 23 años de trabajar juntos, Hyundai decidió terminar cualquier tipo de relación comercial con Carlos Mattos y entregó la importación de sus vehículos al ecuatoriano Grupo Eljuri.

Ese viraje fue un golpe bajo para Mattos, quien interpuso contra la multinacional surcoerana y su nuevo socio una demanda comercial, otra por competencia desleal, una tercera por integración no reportada y una última por el uso indebido de la marca Hyundai en Colombia.

Mattos pretendía, entre otras cosas, una compensación inicial de 770.000 millones de pesos, por las consecuencias que para su empresa trajo la decisión.

El proceso avanzó asombrosamente rápido. Para junio de 2016, el juez sexto civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, impuso medidas para que Hyundai solo comercializara vehículos en Colombia a través de Mattos. De acuerdo con la Fiscalía, el juez “habría recibido cerca de 2.500 millones de pesos en efectivo” por imponer la medida.

 

Imputado en su ausencia

Por las presuntas maniobras fraudulentas, la Fiscalía abrió desde entonces una investigación contra el empresario y el juez. El ente investigador le abrió un segundo proceso por presuntamente pagar 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia Hernández, para que dejara en firme las medidas impuestas por Huertas.

Mattos reside en España, por lo que en octubre de 2018, cuando un juez le emitió orden de captura, la Fiscalía solicitó al país europeo su extradición y pidió a Interpol emitir circular roja.

Pero el pasado 31 de enero, el Juzgado 47 de control de garantías de Bogotá revocó la orden de captura y el 12 de marzo, la Dijín informó que la circular roja tampoco regía.

En dos oportunidades, Mattos ha sido declarado contumaz. Eso quiere decir que en 6 oportunidades no ha acudido al llamado de las autoridades para que, mediante videollamada, se realice la audiencia de imputación de cargos en su contra.

La defensa del empresario, a cargo de la firma Hartmann Ortiz, ha presentado entre octubre de 2018 y marzo de 2019, documentación médica para argumentar que la ausencia del investigado se debe a que por sus delicadas condiciones de salud no puede ser sometido a estrés.

No obstante, la edición española de la revista Vanity Fair publicó el pasado 28 de febrero un artículo que da cuenta de la presencia de Mattos en una fiesta para coleccionistas de arte, realizada la noche anterior en la galería Malborough de Madrid.

De acuerdo con la publicación, Mattos no solo “no parecía preocupado con sus problemas judiciales”, sino que además “está centrado en la creación de una fundación que planea inaugurar a finales de año”. Una tarea, sin duda, enérgica y estresante.

A esta revelación se suma la del columnista Daniel Coronell, quien ayer en la revista Semana afirmó que el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habría pedido a Mattos en 2005, cuando era su abogado, el 10 % de lo que costaran las medidas que la juez Hernández dejara en firme.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con la abogada Mildred Hartmann, defensora del empresario, pero no obtuvo respuesta. Por lo pronto, el juez consideró la ausencia reiterada de Mattos “una falta de respeto por la justicia” y le imputó el cargo de cohecho. Quizá las revistas sociales sigan logrando lo que las autoridades colombianas no han podido: ver al empresario frente a frente.

El Colombiano

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