La historia del pueblo antioqueño que se aferra al asbesto

La mina está ubicada entre las veredas La Solita y Norizal. La empresa Brisas de Colombia tiene título minero vigente. Además de la explotación del crisotilo del asbesto, Campamento vive de la producción de la panela, que representa el 60 % de su economía, y del cultivo del café.

Los azares de la historia quisieron que, enclavado en medio de la cordillera que atraviesa el corazón de la región, emergiera un poblado conocido como la cuna de la Independencia de Antioquia.
Antes de librar la batalla de Chorros Blancos, combate definitivo que selló la liberación de España, el general José María Córdova acampó en ese terreno ondulado, hecho que le dio el nombre al caserío.Pero lejos de ser conocido por el asalto final de la campaña de Independencia (12 de febrero de 1820), el municipio de Campamento tiene otra particularidad geográfica: en medio de sus montañas está ubicada la única mina de asbesto que tiene Colombia, polémico mineral con múltiples destinaciones industriales, entre ellas, la fabricación de tejas, tubos y pastas para frenos de carro.
El uso de este mineral fibroso es restringido en el mundo, tanto que 75 países, incluidos seis latinoamericanos, vetaron el material debido a su potencial cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La utilización del asbesto en Colombia es legal, pero en el Congreso se debate, por octava ocasión, un proyecto de ley para prohibirlo.
El mayor paso para limitar definitivamente su uso en el país lo dio un juez administrativo del Circuito de Bogotá, que el pasado 1 de marzo le ordenó a la Nación estructurar un plan para sustituirlo y terminar su manipulación en un término “improrrogable de cinco años”.
Pero en la antigua morada del general Córdova, donde el mineral mueve la economía local desde hace 40 años, el asbesto es motivo de orgullo. En la quinta estrofa del himno cantan: “Y en la industria resalta tu puesto / no en la plata, metal, ni en el oro / ya que albergas un rico tesoro / al contar con un trono de asbesto”.

Pulso a la salud

Hace 25 años, la OMS incluyó el asbesto como un elemento cancerígeno de primer orden, debido a que incide en el desarrollo de cáncer y de patologías del aparato respiratorio (ver módulo).
En Campamento no hay registro, hasta la fecha, de alguna persona con secuelas por la manipulación del crisotilo, el tipo de asbesto que se explota en la mina, diferente a otro conocido como anfíboles.
Diego León Zapata Gaviria, gerente del Hospital La Sagrada Familia del municipio, afirmó que, tras una revisión de los archivos clínicos de los últimos 20 años, no encontró ningún caso de asbestosis (enfermedad producida por la infiltración del polvo de asbesto) o mesotelioma maligno (tumor canceroso). “La gente acá se muere de enfermedades cardiopulmonares o de diabetes, pero no de cáncer producido por el asbesto”, señaló.
El panorama lo confirmó Alberto Aristizábal, director de Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, quien dijo que en una pesquisa que realizaron, hallaron registro de 109 pacientes que consultaron, por urgencias o fueron hospitalizados por alguna enfermedad derivada de la exposición al asbesto, entre 2015 y 2017, en el departamento.
Estos registros corresponden a consultas en todas las EPS que prestan servicio en Antioquia. El 80 % tuvo lugar en Medellín y el restante 20 % en los otros municipios del Aburrá. “Esto se explica porque son enfermedades que requieren remisión y tratamiento de especialistas”, explicó.
Indicó que dentro de los 109 registros no halló remisiones desde Campamento ni tiene referenciados casos de personas oriundas de ese municipio. Eso sí, dijo que la secretaría activará una vigilancia sobre esta zona para determinar el estado de la población.
Joaquín García Barrientos, quien fue supervisor de producción en la mina entre 1983 y 2005, relató que desde que salió de la empresa se realiza exámenes periódicos y “nunca me han encontrado algo”.
Lo mismo contó José de Jesús Adarve Misas, quien trabajó 30 años en diferentes oficios: “Me tocaba subir material a la banda que lo mueve y trabajé empacando asbesto en el tambor. Estoy aliviado, he ido donde el médico pero no me han dicho que tenga algo”.

Incertidumbre en la cumbre

Adornado por las flores lilas de los curazaos, este pueblo de 9.000 habitantes está situado a 141 kilómetros al norte de Medellín.
Según Jorge Durán Lopera, alcalde de Campamento, el 60 % de la economía del municipio se basa en la panela, cuyo precio está en $1.200 el kilo, la mitad del que tenía hace tres años. “Lo que están pagando hoy por la panela es una vergüenza”, dijo Durán.
El mayor proveedor de empleos fijos en el municipio es la mencionada mina, llamada Las Brisas, porque en el casco urbano hay pocas empresas: una ruta de buses, un banco y una cooperativa, además de la alcaldía y el hospital. La mina oferta entre 150 y 200 empleos, según la producción.
“(La sentencia) es una noticia triste para nosotros. Además de que aporta el 70 % de los ingresos por industria y comercio, la mina moviliza la dinámica económica”, añadió.
Mencionó que una de las alternativas para reemplazar las vacantes que dejaría Las Brisas, es la construcción de tres pequeñas centrales hidroeléctricas en el tramo del río Nechí que pasa por Campamento, aunque los proyectos están en fase preliminar de diagnóstico ambiental.
Por lo pronto, el mandatario les pidió a las autoridades regionales y nacionales cofinanciar la resiembra de hectáreas de caña y desarrollar las vías terciarias para que los campesinos puedan llevar sus cosechas hasta el casco urbano. El temor de Durán es que sin la mina, sin vías y con el precio de la panela y el café a la baja, el campesino termine empacando para irse a la ciudad o migre a cultivos ilícitos y se aumenten las 1.000 hectáreas sembradas.
“Los campesinos están esperando que el gobierno desarrolle las vías terciarias. Por eso no nos hace bien que cierren una fuente de 200 empleos. No vemos el asbesto como un riesgo porque no tenemos asentado un problema. Si fuera así, yo sería el primero en salir a defender mi población”, concluyó.
El párroco Diego León Arroyave Zapata coincidió en que ahora, con la inminente restricción del asbesto, la principal necesidad del pueblo es buscar oportunidades laborales. “Muchos se fueron a trabajar a Hidroituango. La mina significó progreso, por eso se recibe con cierto dolor. La alternativa es la tierra”, apuntó.

Lo que ordenó la sentencia

La providencia fue emitida por el Juzgado 39 del Circuito de Bogotá, el pasado 1 de marzo, dentro de una acción popular interpuesta en 2005 en contra de la Nación.
En la sentencia ordenó al Ministerio de Salud y de Trabajo diseñar y estructurar un plan de sustitución del asbesto en un término “perentorio” de cinco años.
Para ello, añadió, es necesario que el Ministerio del Trabajo realice un inventario de empresas que utilicen el asbesto en sus procesos productivos, por sectores industriales y zonas geográficas, y revise los límites permitidos a la exposición a la fibra de asbesto, conforme “a la comprobada inexistencia de un umbral de uso seguro del asbesto”.
La Nación también deberá diseñar y coordinar un programa de readaptación laboral para los trabajadores de la mina de Campamento, que incluya talleres de emprendimiento para que puedan encontrar otras ocupaciones, según las características económicas del municipio.
Corantioquia, la autoridad ambiental, tendrá que realizar monitoreos de medición del aire para determinar la concentración de las fibras de asbesto por centímetro cúbico en la planta y área de explotación, con periodicidad trimestral, “hasta la culminación de los procedimientos sancionatorios a que hubiere lugar por los incumplimientos de las obligaciones ambientales”.
¿Qué dice la minera?
Jorge Enrique Gómez, representante legal de la Minería Las Brisas de Colombia, señaló que los estudios para explotar la mina comenzaron en los años 50 por parte de inversionistas canadienses. Solo hasta 1972 comenzó la construcción de las carreteras de acceso y la electrificación de la zona.
Ocho años después empezó la producción. Los canadienses cedieron el control de la mina en 1999, luego del asesinato del gerente de la planta. Los empleados asumieron la empresa hasta enero de 2011 cuando entró en liquidación y fue intervenida por la Superintendencia de Industria.
La nueva administración compró la factoría, durante una subasta pública, en 2012.
Gómez contó que hasta 2017 vendieron la producción, de hasta 1.000 toneladas mensuales, en Colombia. Luego, tras las restricciones en el mercado local, llevaron el crisotilo a Indonesia, India y Sri Lanka. “Nuestra empresa es legal, cumple con las normas, pero nos tratan como si fuéramos delincuentes”, criticó.
Indicó que ya radicaron la apelación a la sentencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo pronto, señaló, migrarán a otros productos derivados del silicato de magnesio —de donde se extrae el crisotilo— con lo que, espera, se puedan triplicar los puestos de trabajo.
Gómez aseguró que con recurrencia realizan placas de tórax y exámenes de pulmón a los empleados y, hasta la fecha, no tienen registro de algún trabajador enfermo o han sido notificados de alguna demanda. Anotó que cumplen con estrictas medidas de salud ocupacional en la factoría.

Título minero sigue vigente

Dora Elena Balvin, secretaria de Minas de Antioquia, explicó que la mina corresponde al título minero con placa No. C744011, otorgado por un término de 30 años.
El título se encuentra vigente y la empresa beneficiaria, detalló Balvin, ha cumplido las obligaciones mineras derivadas del mismo.
Según la interpretación de la Secretaría, el fallo judicial no ordenó la prohibición del asbesto, toda vez que dicha competencia está reservada para el legislador.
“Así lo indicó textualmente en uno de los apartes del citado fallo judicial: ‘No se ordenará la prohibición del asbesto porque de conformidad con los artículos 333 y 334 constitucionales, la competencia está reservada al legislador, lo que no obsta para que se ordene la sustitución del asbesto en cumplimiento del Convenio OIT, los tratados y normas constitucionales y demás del bloque constitucionalidad’”.
Balvin conceptuó que la providencia no impuso carga alguna a la Secretaría de Minas, toda vez que no se pronunció con relación a la exploración y a la explotación del asbesto, en el entendido de que la regulación en la materia, le corresponde al órgano legislativo y no al judicial.
“Mientras tanto, son las corporaciones autónomas regionales las que tienen que revisar la salud pública, el manejo industrial y el estado de las comunidades”, dijo.

Añadió que como autoridad minera en el departamento darán un compás de espera a que la minera presente alguna solicitud para cambiar de actividad, con el aprovechamiento de talco u otros materiales no prohibidos presentes en la zona titulada.
Mientras se resuelven los recursos jurídicos y el Congreso define o no la prohibición del mineral, los campamenteños aguardan una batalla más en sus montañas, la de su supervivencia. Un poblado de antaño que, como dice su himno, demuestra la resistencia de antiguos patriarcas .