Ordenan el cierre de mataderos y los expendios ilegales de carne

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De acuerdo con el fallo judicial en 30 días la Policía y el Invima deben presentar los resultados que obtengan luego de operativos tendientes a controlar la producción, venta y distribución de carne que en teoría no cumple los requisitos mínimos de salubridad.

 

Ahora con esta medida, las autoridades están en la obligación de rendir un informe sobre los operativos de cierre, erradicación y hasta capturas de quienes tengan mataderos ilegales.

 

La justicia contencioso administrativa le impuso la obligación a las autoridades sanitarias y de Policía el cierre inmediato de todos los mataderos clandestinos donde se sacrifican animales y de aquellos expendios ilegales que operan en el departamento del Magdalena.

Los ganaderos de la región celebraron la decisión y conminaron al Invima, a las secretarías de Salud y a la misma Policía, a proceder de conformidad

Los miembros de las asociaciones en diferentes municipios agremiados ahora a la Asociación de Comités de Ganaderos del Magdalena, Acogamag, aseguraron que ahora será mucho más efectivo el trabajo de las autoridades que según la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendrán un plazo de dos meses para rendir un informe sobre los procesos en cada una de las zonas donde intervengan.

Según la sentencia del Tribunal firmada por el magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, se ordena al Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima y a la Policía Nacional, para que de manera coordinada adelanten inspección, tendientes al cierre de sitios clandestinos de sacrificio animal.

La Asociación de Frigoríficos de Colombia instauró una acción popular para obligar a las entidades de control a ejercer sus funciones y tomar las determinaciones legales que durante meses, aparentemente, se obviaron con excusas de cada entidad.

 “La Policía expresa que no posee facultades para el acto administrativo de decomiso y tampoco para la labor de destrucción del producto… Las autoridades de territoriales de salud, que no les compete el transporte y expendio en su municipio y la Fiscalía expresa que no ha recibido denuncias o información criminal”.

 El Tribunal decretó medidas cautelares que además de ordenar operativos, obligan al Invima a establecer los protocolos sanitarios que ya están en la ley y que incluyen a las gobernaciones y alcaldías.

En 60 días deben presentar un informe con las estrategias para identificar y cerrar los centros clandestinos dedicados al sacrificio y venta ilegal de carne.

Así mismo la medida ordena al Invima y a las autoridades policivas a que deben rendir un informe de los resultados de lo dispuesto, dentro de los 30 días siguientes a la notificación.

Sobre esto el Invima, deberá establecer los instrumentos y protocolos necesarios para el cumplimiento del decreto 1.500 de 2007 en asocio con gobernadores, alcaldes y representantes de las plantas de beneficio animal.

LOS GANADEROS

Carlos Farelo, presidente de la Asociación de Comités de Ganaderos del Magdalena, Acogamag, recibió la medida como una oportunidad para fortalecer a la institucionalidad en los azotes contra el gremio, por parte de quienes practican el sacrificio ilegal y el abigeato en el Magdalena.

“Nosotros nos mostramos complacidos con este tipo de decisiones de las altas cortes, porque creemos de será fundamental para que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la norma, se vean en la obligación de fortalecer su tarea”, dijo el líder gremial.

Afirmó que a pesar de los golpes que se conocen por parte de las autoridades con el traslado y comercialización ilegal de carne en las zonas de frontera y en las carreteras del Magdalena, “ese trabajo aún es un poco insuficiente, aún faltan más herramientas y que las autoridades sean drásticas”.

CIERRE DE PLANTAS

Según informes rendidos por la Gobernación del Magdalena, en cumplimiento del decreto 1500 de 2007, en este Departamento fueron cerrados 26 mataderos municipales que no cumplían con las especificaciones sanitarias y reglamento técnico del Invima.

Según las autoridades las únicas plantas de tratamiento animal con permiso para operar son las de Santa Marta y el municipio de El Banco. Es por esto que la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, adelanta la vigilancia y los operativos junto con la Policía para combatir el sacrificio irregular de ganado en mataderos ilegales.

“Con las autoridades ya definimos y venimos ejecutando las acciones por competencias para que se lleve a cabo un solo plan de acción, que indique la obstrucción de la apertura o utilización de los mataderos clandestinos”, indicó el  secretario de Desarrollo Económico del Magdalena, Carlos Gutiérrez Caballero.