La huelga de Avianca

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Completamos más de una semana con la huelga de pilotos de Avianca y realmente no alcanzamos a calcular cuánto daño ha causado como consecuencia tanto a los colombianos como a los extranjeros que viajaban en estas fechas a Colombia, algunos a desarrollar posibilidades de inversión o de negocios y otros simplemente con ánimo de hacer turismo o disfrutar sus vacaciones.

Más allá de evaluar las posiciones de la empresa o de los trabajadores, considero que el punto de fondo a considerar es el rol del Estado en la economía cuando se presentan situaciones que evidencian la afectación generalizada de los consumidores y el normal funcionamiento del mercado. En esta crisis los grandes perjudicados hemos sido los usuarios y la economía en general, pues ha quedado más que en evidencia que la participación de mercado, el control de las rutas y, en términos generales, las condiciones de un servicio como el transporte aéreo, que debe considerarse como un servicio esencial en un mundo cada vez más conectado y globalizado, no puede estar en manos de una sola empresa. El país debe reflexionar si conviene liberalizar el transporte aéreo y permitir que más compañías tengan acceso a los cielos de Colombia en condiciones de competencia y libre mercado en beneficio de los consumidores.

Para empezar es claro que dada la situación actual, el Estado debería reconocer que el derecho a la protesta no puede permitirse en detrimento de la sociedad como un todo, pero yendo más allá el Estado debería preguntarse si la forma y la manera como ha regulado el servicio de transporte aéreo está favoreciendo la libre competencia o está permitiendo consolidar la posición de dominio de una sola empresa. El Gobierno ha tratado de mediar y facilitar las negociaciones, pero en situaciones como las descritas esperamos del Estado que en el corto plazo impida la afectación de los usuarios y en el mediano y largo plazo revise las condiciones de competencia del sector para garantizar que estas situaciones indeseables no vuelvan a presentarse, garantizándole a los consumidores multiplicidad de alternativas.

Por último, si bien la oferta y la demanda rige los precios de los servicios, lo que no puede justificarse es que las pocas empresas y rutas que representan escasas alternativas abusen de sus clientes o de la necesidad que tienen las personas de viajar a cumplir compromisos de trabajo, salud, turismo, internacionales o institucionales imponiendo precios a sus pasajes en casos con incrementos de más del 600%. ¿Qué está haciendo el gobierno para controlar todas estas situaciones? ¿Cuáles son las garantías que tenemos los ciudadanos para no permitir la parálisis del país, contar con ofertas en un mercado de libre competencia y evitar los abusos en situaciones de necesidad? El Gobierno tiene que tomar acciones estructurales, pues de lo contrario los abusos se seguirán cometiendo.

 

*ExComisionado de Paz

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