Paso a paso, la justicia llega a las zonas afectadas por la violencia

El estado ha hecho presencia en Tierradentro donde hay más de 80 mil víctimas del conflicto armado que viven en este lugar.

Por
DEIVER CONDE.

Tierradentro, Córdoba

Hasta su humilde parcela, llamada El Paraíso, en la vereda Saltillo San Ciprián, del corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelibano (Córdoba), a Turiano Manuel Canchila, un campesino de 78 años, le llegó la noticia de que en el pueblo (como suelen llamar al casco urbano), iba a encontrar personas a las que les podría preguntar por reparación.

En 2003, don Turiano tuvo que desplazarse y dejar a la intemperie los animales y cultivos que tanto esfuerzo le costaron, para salvaguardar su vida y la de su esposa y dos hijos. Desde entonces espera una respuesta del Estado. Él hace parte de las más de 80 mil víctimas del conflicto armado que viven en este lugar. En total, representan el 80% de la población del territorio, que hasta hace una década fue la despensa agrícola de la región del Alto San Jorge.

El pasado jueves caminó por casi hora y media desde su parcela hasta la Institución Educativa Técnico Agropecuario Claret en el corregimiento de Tierradentro.

Allí fue una de las cerca de 250 personas que se beneficiaron de la jornada móvil realizada en este corregimiento para facilitar el acceso a la justicia de los habitantes de esta población, que por lo general tienen que movilizarse hasta Montelibano para adelantar trámites ante entidades como la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, el ICBF y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

«La población valora mucho estos procesos debido a la distancia que tenemos de la cabecera municipal y de la ciudad; se ahorra la gente tiempo y dinero, ellos ven esa parte como una oportunidad para que le sean reestablecidos sus derechos», expresó Arnoldo Ricardo, coordinador de la escuela IETRAC.

Según Ricardo, son necesarias más jornadas como esta porque el tiempo de desplazamiento hacia el casco urbano de Montelíbano supera en ocasiones las dos horas y media, dependiendo de las condiciones del clima y de la vía. Los pobladores de este corregimiento también tienen dificultad para acceder a la justicia por factores como la situación socieconómica, la fallas en la información y las dificultades en la conexión a redes de internet.

«Ellos me llamarán a una entrevista para decirme qué tengo que hacer», expresó emocionada doña Cándida después de salir del salón en el que funcionarios de la Unidad de Víctimas atendieron a más de 120 personas.

Cándida Rosa Martínez Mendoza tiene 74 años y a su edad ya ha sufrido dos desplazamientos, uno en noviembre de 2006 en la vereda Bocas de San Ciprián y otro en 2011 en Tierradentro; manifiesta que hace dos años dejó de recibir el subsidio destinado para población víctima y desde entonces realizó diferentes diligencias que hasta la jornada habían sido infructuosas. Afortunadamente encontró en la asesoría de los profesionales que se trasladaron hasta el lugar, una guía que le permite estar más cerca de su objetivo.

Por su parte, Karen (nombre cambiado), de tan sólo 15 años, acudió a la delegación de la Comisaría de Familia para obtener orientación frente a la supuesta inasistencia alimentaria por parte del padre de su hija, que al parecer, hace parte de una comunidad indígena. «Me dijeron que tengo que ir a Montelíbano y que debíamos presentarnos los dos; si él no quería presentarse, que fuera donde el Cacique para que me ayudara y así acordemos una cuota de alimentación», manifestó la joven que dice no contar con un trabajo estable. «No voy a decir que nunca me ha dado, pues sí lo ha hecho, pero no lo que la niña necesita, porque necesita todos los días y debo subirle el peso porque está baja de peso», agregó.

Los casos atendidos en la primera jornada móvil de acceso a la justicia en Tierradentro, realizada como parte del programa Justicia para una Paz Sostenible, de USAID, estarán en permanente supervisión y diligenciamiento por parte de las entidades.

Los habitantes de Tierradentro expresaron su gratitud y manifestaron que esperan verles más seguido, en un territorio que para ellos necesita que el Estado fije en él sus ojos, a fin de establecer justicia, cerrando brechas entre lo urbano y lo rural.