El tema al que le huyen las Farc en la JEP

En 2017, Sisma Mujer, organización que visibiliza y defiende los derechos de la mujer, contabilizó desde 1985 hasta ese año, por lo menos 17.669 colombianas víctimas de la violencia sexual, tanto de guerrilleros de las Farc como de paramilitares.

Por:
FERNANDA
TORRES TOVAR

“A mí me reclutaron a los 15 años. Me violaron y quedé embarazada”. Así recuerda Yamile Noscué esa etapa de su vida en la que le arrebataron no solo parte su adolescencia, sino la posibilidad de estar con sus padres y continuar con sus estudios.

“Me sacaron de la casa de mis padres en el sur del Tolima, en Herrera. Fui violada por varios cabecillas, no tengo conocimiento si todavía siguen vivos o no. Entre ellos está Jerónimo y alias ‘El Abuelo’”, expresó la excombatiente de las Farc, que hoy denuncia que fue víctima del reclutamiento forzado y además, se convirtió en el trofeo sexual de hombres que la torturaron con malos tratos durante dos años, lapso en el que estuvo en el frente 21 que delinquía en el sur de Tolima. Yamile, posteriormente, se convirtió en una cifra más del registro de víctimas del conflicto.

Desde el momento en el que la guerra sacudió a Colombia, la violencia sexual hizo parte del conflicto. Tal ha sido su importancia que desde hace cinco años se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, promovido por la periodista Jineth Bedoya, víctima de este delito por parte de paramilitares. La iniciativa se convirtió en el decreto presidencial 1480 de 2014.

En 2017, Sisma Mujer, organización que visibiliza y defiende los derechos de la mujer, contabilizó desde 1985 hasta ese año, por lo menos 17.669 colombianas víctimas de la violencia sexual, tanto de guerrilleros de las Farc como de paramilitares.

En 2016, el Instituto de Medicina Legal estableció en los 20.820 exámenes que se realizaron por presuntos hechos de violencia sexual, que 17.740 correspondieron a mujeres, es decir el 85,21%, y 3.080 a hombres, es decir el 14,79%. Esto significó que, por cada hombre agredido, aproximadamente seis mujeres fueron víctimas de violencia sexual.

Este año, con corte a 28 de febrero, Medicina Legal reportó 3.263 casos de presunta violencia sexual contra la mujer. Este delito se lleva el 85.7% de las cifras de abuso sexual, pese a que hay una firma final del acuerdo de paz.

Yamile hace parte de esas cifras. Entró a esa estadística desde que, según le dijo a Colprensa, era guarda personal de Alirio Rojas Bocanegra, ‘El Abuelo’, jefe de seguridad de ‘Alfonso Cano’ abatido en 2011 en la vereda Rionegro, municipio de Rioblanco, (Tolima).

 “Aparte de que yo tenía que poner el pecho por ese señor, tenía que someterme a la violencia sexual, además de cargarle los medicamentos y estar pendiente de las horas en el cual se tenían que aplicar los mismos”, cuenta.

En su relato asegura que era una de las 14 mujeres entre los 13 y 17 años que tenía ‘El Abuelo’, no solo para que lo cuidaran en los combates sino para satisfacer sus deseos sexuales. Yamile recuerda que cuando ella o una de sus compañeras eran llamadas a “la oficina”, lugar del campamento donde permanecía el guerrillero, era porque iban a ser abusadas sexualmente.

“La intención de ellos solo era satisfacer su necesidad sexual y una seguía siendo guerrillera común y corriente, en ningún momento ofrecían beneficios. En ese momento estaba la situación más o menos así: o dejan que nosotros nos saciemos como hombres o te mueres. No teníamos otra opción”, explicó Noscué.

Sus días en 2005, añade, eran inconsolables, pues producto de las múltiples violaciones tanto de ‘El Abuelo’ como de varios comandantes, quedó embarazada y cuando tenía seis meses de gestación fue obligada a abortar.

“Eso lo hicieron sin ninguna medida adecuada para practicar esos procedimientos. El mío me acarreó un problema, luego de que me aplicaron dos inyecciones para matar la criatura. Me introdujeron unas pastillas y como el feto ya estaba formado no se moría, por lo que me aplicaron una inyección en cada glúteo y desde ese momento cuando hace mucho frío no puedo caminar”, contó.

LA JEP Y ROSA BLANCA

El caso de Yamile, fugada de la guerrilla en 2007, hace parte de un grueso de denuncias que ahora están en el centro del debate sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque y de la propuesta de reforma constitucional que anunció.

En el fallo en que declaró exequible la Ley Estatutaria de la JEP, emitido el 16 de agosto del año pasado, la Corte Constitucional avaló que los delitos sexuales cometidos con ocasión del conflicto sean investigados por la justicia transicional y, por ende, puedan ser susceptibles de penas alternativas.

Este es uno de los puntos de la ley que no le gusta al presidente Duque, quien anunció que buscará su reforma. “Nada, ninguna ideología, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad”, afirmó en su discurso televisado del pasado 10 de marzo.

Mientras tanto, la JEP ya avanza en el ejercicio de esta competencia. A comienzo de mes, el tribunal anunció la apertura del caso 007 que busca indagar lo concerniente al reclutamiento de menores de edad y su utilización en el conflicto.

Es decir, el expediente investigará comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus derechos, por ejemplo, la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados.

El proceso, sin embargo, está marcado por un contrapunteo entre la JEP y las víctimas, en especial la Corporación Rosa Blanca, cuyas integrantes aseguran que no han sido recibidas por el tribunal de paz. Otra es la versión de esa jurisdicción.

“Hicimos la denuncia contra 25 exmiembros de las Farc. En la reunión que tuvimos con la JEP, la presidenta (magistrada Patricia Linares) no se presentó. Ellos han venido haciéndonos una serie de invitaciones, pero nunca para sentarse a escucharnos las denuncias de los delitos que se cometieron con nosotras dentro de la organización”, dijo la excombatiente.

La JEP respondió con un listado de fechas sobre las reuniones que han sostenido con la Corporación Rosa Blanca, a la que pertenece Yamile. Según el reporte, el 9 de abril de 2018, la organización fue convocada y asistió a la socialización del proyecto de protocolo para la presentación de informes ante la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Un mes más tarde, Lorena Murcia, su presidenta, participó en una reunión como representante de la Federación Nacional de Víctimas. En dicha reunión estuvo la magistrada Patricia Linares, según el comunicado.

En el auto del caso 007, la Sala de Reconocimiento convocó a la Corporación Rosa Blanca a complementar la información disponible para este caso mediante la presentación de informes mixtos, orales y escritos.

El pasado 5 de marzo, la Sala de Reconocimiento sostuvo una reunión con la Corporación Rosa Blanca, a la que asistió su representante legal Bertha Alicia Suárez. En dicha reunión el magistrado Iván González, relator del caso 007, les entregó copia del Auto y les manifestó el interés y la importancia de contar con la información que pudieran suministrarle a la JEP frente a casos y presuntos responsables de reclutamiento y delitos conexos.

La Sala expresó que a la fecha han recibido 169 informes, de ellos 15 se centran en casos de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado. Estos informes fueron presentados por la Corporación Humana, la Mesa Nacional de Víctimas, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Campaña No es Hora de Callar (promovida por Jineth Bedoya), la Ruta Pacífica de Mujeres, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía General de la Nación.

DISCUSIÓN POR LAS PRUEBAS

Pero más allá de si la JEP se ha reunido o no con las víctimas, el problema de fondo, sea en la justicia ordinaria o en la transicional, será la posibilidad de probar la comisión de esos delitos. Para Yamile, exigirle a las víctimas la prueba, las revictimiza, pues no hay cómo comprobar abusos sexuales que fueron cometidos, en su caso, hace más de una década.

“Nos están poniendo la carga de la prueba, yo cómo voy a probar que me violaron si a mí eso me pasó hace 10 años, qué prueba le puedo entregar a una persona de eso”, dijo.

A esto se suma la posibilidad de que por estos crímenes los responsables solo tengan que cumplir penas alternativas o incluso lleguen a ser amnistiados.

“La JEP se ha convertido en el refugio y en la entidad para proteger a los criminales y nos han dejado de lado a nosotras las víctimas. Entonces nosotros lo que queremos es que el tema de delitos sexuales quede por fuera de esa jurisdicción para que sean juzgados por la justicia ordinaria para que efectivamente nos garanticen que los culpables si van a pagar con cárcel”, indicó Yamile.

En eso coincide el penalista Camilo Burbano, pues este tipo de delitos, por su gravedad, exigiría penas mayores. “La violencia sexual ha sido siempre determinante como un arma de guerra, no solo en el conflicto armado colombiano. Lo que sí sucede es que para tan graves violaciones de derechos humanos como sucede con la violencia sexual, las penas no parecen ser proporcionales, razón por la cual se tendría que hacer un análisis de proporcionalidad”, explicó.

El penalista Francisco Bernate aclara, por su parte, que esto no va a ocurrir en todos los casos, pues la JEP solo asumirá aquellos relacionados directamente con el conflicto, lo cual tendrá que determinarse caso por caso.

“El debate está en determinar si las agresiones de tipo sexual forman parte o no del conflicto armado. Si forman parte pueden ir a la JEP, pero si son crímenes cometidos de manera sistemática y masiva pues no forman parte de los delitos conexos con el conflicto”, señaló.

El tema promete un gran debate en el Congreso, en donde, precisamente, tienen curul algunos de los miembros de las Farc acusados de estos crímenes.

HABLAN LAS FARC

Victoria Sandino, actual senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y señalada por las víctimas de conocer las aberraciones cometidas, expresó en su cuenta de Twitter que “la JEP es un mecanismo de justicia transicional orientado a garantizar el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición para todo el universo de víctimas del conflicto armado. En este sentido, quienes fuimos integrantes de las FARC – EP, nos hemos comprometido a comparecer a esta instancia para contar la verdad sobre los hechos ocurridos y asumir las responsabilidades correspondientes”.

En su comunicado expresó que “repudia a quienes hayan hecho actos de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, invitamos a todas las víctimas de estos hechos a que acudan y respalden a la JEP para que se les garantice sus derechos”.

LOS INVOLUCRADOS

En el informe entregado por Rosa Blanca está consignado que Raúl Reyes fue el presunto responsable de 19 casos de aborto, tres casos de violación y 12 casos de reclutamiento.

En cuanto al comandante de Héroes de Marquetalia, Jerónimo Galeano, tienen registrados siete casos de aborto. Sobre uno de los máximos jefes de las Farc, Rodrigo Londoño, tienen el reporte de 14 reclutamientos, seis casos de aborto y tres casos de violación.

De Pastor Álape tienen registro de tres casos de aborto, 14 casos de reclutamiento y dos de violación. De Iván Márquez denunciaron nueve abortos, dos casos de violación y siete de reclutamiento.

Henry Castellanos, ‘Romaña’, es señalado de ordenar la práctica de 19 de abortos, violar tres mujeres y reclutar a 26 personas. El polémico Hernán Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’, no solo es señalado de violar mujeres sino también hombres. A él se le acusa de 21 abortos, tres violaciones y 64 casos de reclutamiento.

Carlos Antonio Lozada es señalado de promover 12 casos de aborto, tres casos de violencia sexual a hombres y 32 casos de reclutamiento. Lozada es conocido bajo el seudónimo de ‘Tornillo’.