Contraloría investiga corrupción en construcción de 1.310 colegios

El contralor general Carlos Felipe Córdoba  dijo que el organismo investiga  lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan  además, en algunos casos, costos exagerados.

La Contraloría investiga por qué se desembolsaron 2.5 billones en el 2015 para la construcción de estas aulas. Ya se gastaron 700 mil millones de pesos.

La Contraloría General de la República acaba de  apertura una investigación fiscal en el sector de la educación en el país, donde inicialmente ha puesto en evidencia un monumental caso de corrupción en el cual se encuentran comprometidos más de dos billones de pesos.

Se trata de una investigación al Ministerio de Educación sobre uno de los programas banderas del Gobierno de Juan Manuel Santos, la creación de nuevas aulas escolares en todo el país para el funcionamiento de la jornada única escolar.

En el año 2015 se creó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada única escolar junto con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media.

El objetivo era «construir, ampliar, mejorar y asegurar la dotación de aulas escolares en zonas urbanas y rurales, necesarias para la implementación de la jornada única, de modo que en la vigencia del Pnd 2014-2018 Todos por un nuevo país, se cubra el 60 por ciento del déficit de aulas actualmente existentes (51.045 Déficit Total de aulas ).

En ese momento (2015) la meta, según el gobierno para el año 2018, era la construcción de 30.680 aulas, el 60 por ciento del déficit total. Para darle cumplimiento desembolsó 2.5 billones de pesos al Ministerio de Educación. (de los cuales 1.1 billones fueron aportados por las entidades territoriales como cofinanciación y se quejan porque giraron y el FFIE no ha cumplido)

Con el fin de lograr ese objetivo, el Gobierno estableció que las aulas se construirían en 543 Proyectos , es decir,  en ese número de Colegios en diferentes zonas del país. La mayoría para hacer colegios nuevos y la tercera parte mejorar y adecuar las instalaciones actuales donde aumentarían su número de aulas, sobre todo las especializadas.

Las aulas son clasificadas en varias categorías, unas nuevas, otras mejoradas y algunas especializadas ( para laboratorios de Química, Física, etc)  además de canchas deportivas.

En una investigación que inició la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría encontró que para el 2018 la meta del Gobierno no se cumplió, y peor aún, la cifra es dramática , tan solo se terminaron de construir para esa fecha 1.310 aulas en desarrollo de sólo 73 del total de proyectos.

No obstante, de acuerdo con  la investigación de la Contraloría,  de estas 1.310 aulas, tan solo se han entregado para su funcionamiento 230 aulas correspondientes a tan sólo 12 proyectos, es decir, las otras aunque en el papel aparecen terminadas, aún no han sido entregadas físicamente para que puedan ser utilizadas.

Estas aulas fueron construidas en distintos municipios de Cundinamarca, Cauca, Atlántico, Cesar, Santander, La Guajira, Huila, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Córdoba, Caldas y Valle.

Actualmente, en obra negra se encuentran 237 proyectos que equivalen a un número igual de colegios equivalentes a 5.655 aulas nuevas y mejoradas.

Un reciente informe del Ministerio de Educación citado por fuentes de la Contraloría da cuenta de que los demás proyectos presentan un retraso sustancial que tiene a más de 180 mil niños, niñas y jóvenes se ven afectados en su protección y en su derecho a la educación por las demoras, atrasos, suspensiones y defectos constructivos que presentan los proyectos que han venido entregando los contratistas, lo que ha dado lugar a una lluvia de denuncias ante la Contraloría tanto de padres de familia, veedores, secretarios de educación, alcaldes, y jueces de tutela,  quejándose de que el respectivo municipio puso su parte del dinero para financiar los proyectos pero el Ffie  y sus contratistas no han entregado las obras desde que se celebraron los contratos a mediados de 2016 cuando se comprometieron más de 3.5 billones para la ejecución.

«Muchas de ellas, según las propias denuncias de las directivas de los colegios y de los padres de familia no son aptas para su funcionamiento, tienen deficiencias en la construcción, presentan un riesgo  para los niños, otras por ejemplo carecen de una ventilación adecuada en zonas de altas temperaturas, otras no tienen servicios públicos y dos instituciones educativas nuevas que hay que demoler porque no cumplen con los estándares constructivos», explicó uno de los investigadores.

Pero los hallazgos van más allá. Dice la Contraloría que dos Colegios nuevos, construidos con estos recursos, tendrán que ser demolidos en su totalidad  por fallas en sus estructuras.

¿MILLONARIOS SOBRECOSTOS?

Los investigadores de la Contraloría, que en las últimas semanas se han dado a la tarea de recopilar la información sobre el manejo de los millonarios recursos,  ya iniciaron la investigación preliminar para establecer si se cometieron irregularidades, como sobrecostos o malversación de los recursos públicos.   De encontrar actuaciones ilegales le darán traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría.

De acuerdo con la Contraloría y con base en el Conpes del 2015, el precio promedio estimado para la construcción de cada aula fue de 146 millones para la nueva, 138 millones para la mejorada y 180 millones para la especializada.

El balance financiero para finales del 2018 fue el siguiente. De los 2.5 billones de pesos se gastaron o pagaron 715 mil millones de pesos, de los cuales el 91 por ciento fueron destinados para la construcción de las obras e interventoría de infraestructura educativa, esto es 10 contratos de obra y 11 de interventoría.

Hay un dato sorprendente en estos registros, el Fondo Financiero de Infraestructura Educativa, creado para el manejo administrativo y la vigilancia para que los proyectos lleguen a buen término, se ha gastado más de 53 mil millones de pesos sin alcanzar las metas para 201835. ´Eso es lo que se conoce como burocracia administrativa´.

En criterio de uno de los investigadores del caso y cruzando la información financiera, podría establecerse que los 646 mil millones pagados a contratista de obra e interventores es para que se hubiesen ya entregado a diciembre de 2018 unas 4.400 aulas nuevas pero la estrategia que parece haberse adoptado por los contratistas es abrir muchos de frente de obra, recibir el pago de los hitos iniciales y dejar abandonados los proyectos.

Paralelamente para el manejo de estos recursos fue creado un fondo de patrimonio autónomo para el manejo de los millonarios  recursos y la contratación. ´ Se está investigando si se violaron las normas de contratación estatal y de esta manera se habría contratado prácticamente de manera directa es decir sin licitación´.

3 MIL MILLONES POR TRES AULAS

Hasta ahora la información recopilada por la Contraloría del costo de estas aulas entregadas es el siguiente:

En la institución educativa Pompilio Martínez, en Cajicá, Cundinamarca, se pagó 3.117 millones de pesos por la construcción de tres aulas especializadas. 1.039 millones de pesos cada aula.

En el instituto de Educación Técnica de Acción Comunal, en Fusagasugá, Cundinamarca, se pagó 1.241 millones de pesos por la construcción de 2 aulas nuevas. 620 millones por aula.

En el centro educativo Nuestra señora del Rosario de Pitalito, en Polonuevo, Atlántico, se pagó 2.788 millones de pesos por cinco aulas, entre ellas dos especializadas. 557 millones por aula.

Institución Educativa San Joaquín, La Mesa Cundinamarca, se pagó 1.670 millones por 4 aulas, dos especializadas, 417 millones cada una.

Instituto Tecnológico de Madrid, en Madrid Cundinamarca, se pagó 4.256 millones por 13 aulas, una de ellas especializada. 327 millones por cada una.

Institución educativa las Malvinas, en Barranquilla, se pagó 8 mil millones por 25 aulas. 320 millones por aula.

Institución Educativa Luis Antonio escobar, Villapinzón Cundinamarca, se pagó 2.512 millones por 8 aulas, cuatro de ellas especializadas. 314 millones por cada una.

Institución educativa El Triunfo , El Colegio, Cundinamarca, se pagó 2.654 millones por 9 aulas, 4 de ellas especializadas. Cada una 294 millones.

Instituto Técnico Nacional de Comercio, Barranquilla, Atlántico, se pagó 4.704 millones por 17 aulas, dos de ellas especializda. 276 millones cada una.

Institución educativa Juan Mejía Gómez, Chiriguaná, Cesar, se pagó 3.235 millones por 13 aulas nuevas, Cada una 248 millones.

¿QUÉ INDAGA LA CONTRALORÍA?

La indagación preliminar en curso tiene por objeto investigar, con base en las denuncias conocidas por la CGR, el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018, durante dichas vigencias y hasta el presente año.

Dado que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE es una cuenta especial sin personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional se considera por parte de la Contraloría que esta es una de las entidades que puede resultar afectada con las presuntas irregularidades que se investigan en esta actuación.

La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, el riesgo que se tiene de alta pérdida de recursos del erario por los críticos problemas de ejecución de varios proyectos, el incumplimiento de las metas del Plan de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar, así como la presunta falta de seguimiento y control en algunos de los proyectos.

Las denuncias que ha recibido la Contraloría proceden tanto de comunidades afectadas con los retrasos en las obras y por demolición de los antiguos establecimientos, como denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE por mora en los pagos.

De acuerdo con la Ley 610 de 2000, la indagación preliminar busca determinar si existe un detrimento fiscal e identificar a los presuntos responsables fiscales, si a ello hay lugar y, de lograr probarse, se ordenaría la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR se inició luego que el pasado 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para la Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018.