Crisis en la cárcel es caótica e insostenible

El hacinamiento en el Centro Penitenciario corresponde al 300% cifra que genera alerta por posibles problemas de salubridad y condiciones humanas de los reclusos.

Como “caótica e insostenible”, así describen la situación actual de la Cárcel Rodrigo de Bastidas las autoridades que propenden por la protección de los derechos fundamentales como la Personería Distrital quien además reaccionó ante el reciente anuncio del inicio de indagaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde Distrital.

“Hemos sido una de las entidades que siempre ha liderado el llamado a que se protejan los derechos de quienes están recluidos en centros carcelarios (…) la situación en la cárcel Rodrigo de Bastidas es caótica e insostenible (…) hemos hecho toda clase de requerimientos relacionados con la guarda y la protección de los derechos de estas personas que se encuentran privados de la libertad” mencionó Rosado Taylor.

Agregó que desde finales del año pasado inició una cruzada reiterativa a las autoridades debido a la crisis social de los internos y la superpoblación que requieren de forma urgente la toma de medidas a los cuales estos tan solo han sido paños de agua tibia.

“La Alcaldía ha realizado diferentes jornadas; entrega de insumos para mejorar las condiciones de los reclusos, pero es insuficiente, porque realmente hay que gestionar la construcción de un centro penitenciario en óptimas condiciones” comentó el Personero Chadán Rosado.

La que apareció en el panorama por mucho tiempo como una solución a la situación de la cárcel distrital pronto en los últimos meses ha caído en el olvido, la construcción de la mega cárcel de San Ángel;  solo una reciente mención de la ministra de Justicia en el mes de febrero sobre que desde el Gobierno Nacional se están haciendo todas las gestiones para destrabar el proyecto, que sin duda alguna impactaría y seria solución a la crisis de hacinamiento que se vive actualmente en la cárcel Rodrigo de Bastidas.

CIFRAS ALARMANTES

Según la información entregada por el Personero si bien el centro carcelario tiene cupo para recluir a 350 personas, en la actualidad son más de mil 200 internos, lo que sin duda alguna no solo afecta las condiciones en las que se encuentran los reclusos sino también en potenciales problemas de salubridad.

“Es totalmente inaceptable el hacinamiento que supera el 300%; es inaudito que no estén con las condiciones mínimas para un proceso de resocialización completo a través de actividades lúdicas, academias, que realmente sistemático esa desprotección de los derechos humanos” mencionó Rosado Taylor.

Asimismo las quejas que se reciben continuamente no solo son de los mismos reclusos sino también de sus familiares. “Siempre recibimos quejas relacionadas con la salud de los internos, la cogestión judicial que no permite el proceso inmediato de liberación de los internos, hay una desprotección sistemática de los derechos”.

Las quejas ante los problemas de atención medica de los reclusos son las más constantes, ante las cuales el personero comentó que: “yo soy uno de los que apoyan que los internos que presentan enfermedades potencialmente contagiosas deben ser trasladados a un centro asistencial donde se le den todas las condiciones para su salud, y que incluso si es fuera de la ciudad, reciba una medicina especializada que propenda por el beneficio de salud, que por estar privado de la libertad no deben estar desprotegidos”.

PRODURADURÍA INDAGARÁ

Ante la grave situación de hacinamiento que se presenta en la cárcel distrital Rodrigo de Bastidas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación a la Alcaldía de Santa marta  debido a la presunta negligencia para atender la crisis que se vive en el centro carcelario donde según información de entidades que velan por la protección de los derechos fundamentales de los reclusos la “situación es insostenible”.

La presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria por parte del distrito además de otros 27 entes territoriales a nivel país, provocó que el Ministerio Público les abra indagación.

El pronunciamiento lo hizo el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, precisamente al instalar el “Encuentro Sobre Situación Carcelaria y Derechos a la Salud” realizado en Medellín el día de ayer; donde además, advirtió que el origen de de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto».

La Alcaldía de Santa Marta no será la única con investigación por parte del Ministerio Público, la larga lista de entidades indagadas cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional. “Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa”.

Frente al anunció del Ministerio Publico de iniciar indagaciones contra la Alcaldía de Santa Marta por la presunta negligencia en la atención y solución de la crisis carcelaria, mencionó que esta se respeta y se respalda. “Recibimos y respaldamos esta decisión; debemos coadyuvar al trabajo del ente y que propendan en la protección de los derechos humanos de los reclusos de la cárcel distrital” manifestó el Personero Distrital.

Las cifras a nivel nacional no dejan de ser alarmantes según informó la misma Procuraduría la disponibilidad de cupos en las reclusiones del Inpec es de 7.592 reclusos, cifra que se ve casi duplicada por la población carcelaria en la actualidad, la cual llega a los 13.827 internos.