Contraloría reafirma debate sobre la implementación del Fracking en el país

Un estudio de la Contraloría General de la República, para identificar los riesgos y posibles afectaciones sociales y ambientales de implementar el fracturamiento hidráulico, comúnmente llamado fracking, evidenció que el país no está preparado para desarrollar este tipo de técnica y concluyó que es necesario tomar precauciones para no tener resultados catastróficos.

“Los costos ambientales y sociales derivados de la eventual implementación de esta técnica han sido insuficientemente estudiados, por lo que resulta indispensable tomar precauciones adicionales y preparar adecuadamente la institucionalidad responsable del control y vigilancia de esta actividad, cuyos resultados pueden ser catastróficos e irreversibles”, indicó la Contraloría.

La investigación, que fue liberada en diciembre de 2018, evalúo varios aspectos entre ellos la afectación e impacto al recurso hídrico al implementar la técnica, ya que este es uno de los temas que más genera preocupación en la población. Asimismo, presenta un análisis identificando las debilidades institucionales del Estado en aspectos de planeación y de tipo normativo en materia técnico ambiental para implementarlo en el país.

La Contraloría identificó que Colombia cuenta con unas estructuras geológicas que deben ser estudiadas de manera complementaria, con el fin de gestionar los riesgos ambientales ante un eventual desarrollo de la exploración y explotación bajo esta técnica en sus cuencas sedimentarias de interés como el Valle Medio del Magdalena y la Cordillera Oriental, debido a que su evolución está caracterizada por rupturas o grandes deformaciones estructurales.

“Los componentes sismotectónicos y de geología estructural deben tener un muy buen nivel de detalle, para poder valorar de mejor manera la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y de acuíferos, en virtud a que esa técnica tiene unos riesgos altos y la incertidumbre de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico subterráneo”, reseña el documento.

Otro de los temas que alerta el organismo de control es el posible conflicto por el uso del agua, teniendo en cuenta que ese método requiere considerables volúmenes para el desarrollo de esta operación, en donde un solo pozo podría demandar aproximadamente 14.500 metros cúbicos de agua, dependiendo de las características de la zona, y solo un pequeño porcentaje de este líquido es reciclado.

“Debe analizarse, bajo una óptica local y regional, los eventuales conflictos por el uso de agua con los demás usos presentes en los lugares en donde se pretende implementar la técnica como el consumo doméstico, actividades de subsistencia, usos agrícola, pecuario e industrial, con el fin de evitar el estrés hídrico en las zonas en las cuales se desarrollarían eventualmente estos proyectos”, señala el estudio.

La Contraloría asegura que se deben analizar estos efectos, en especial en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena y la Cordillera Oriental, en donde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fijó las áreas para la exploración de este tipo de yacimientos en el país.

Una de las conclusiones del informe es que para implementar esta técnica  se requiere de medidas de prevención y control, que se deben tener en superficie frente al manejo de las aguas de retorno y de producción de los pozos, así como unas medidas de seguimiento y monitoreo, ya que no se tiene certeza del contenido fisicoquímico de estos fluidos.

“Se sabe que son altamente salinos y que pueden contener metales pesados, isótopos y elementos radiactivos que podrían causar un alto impacto a los recursos. Este impacto es de mayor magnitud en el recurso subterráneo, en virtud a que este es un medio poroso, haciendo prácticamente imposible su remoción y su remediación”, indica el informe.

Al organismo de control también le preocupa el manejo inadecuado de esos líquidos y sustancias ante la eventualidad de derrames por fallas técnicas, por lo que este es un punto crucial para no “desestimar los legítimos derechos de la población colombiana al goce de un ambiente sano y a una salud adecuada, los cuales podrían verse afectados ante un manejo inadecuado de estas sustancias”.

CERCANÍA DE ECOSISTEMAS PROTEGIDOS

Uno de los temas que llama la atención del informe, es que se observaron cercanías que varían entre uno a cinco kilómetros de ecosistemas protegidos como páramos y parques naturales frente a los bloques que fueron definidos de los yacimientos no convencionales (YNC), principalmente en la cordillera oriental.

“Es de especial interés la situación en cuatro páramos: el de la Serranía de Los Yariguíes se encuentra rodeado por los bloques COR 65, COR 49 y COR 64; el de Chingaza por los bloques COR 41, COR 59, COR 2 y LLA35; el de Pisba colinda en su flanco este con el bloque COR 25 y el Páramo de Sumapaz limita en su flanco oeste con el bloque COR 61. Estas proximidades deben analizarse con precaución al momento de valorar la zonificación ambiental de uso de eventuales bloques de YNC”, reseña el informe.

Para la Contraloría, las extensiones laterales de los pozos pueden afectar las zonas de recarga o unidades de los sistemas acuíferos, lo cual podría alterar potencialmente su dinámica de funcionamiento, generando unos impactos ambientales eventuales por la vulnerabilidad de estos ecosistemas.

Finalmente, el informe concluye que aunque el Gobierno Nacional ha venido realizado unos esfuerzos en materia de regulación, estableciendo unos requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración de hidrocarburos con esta técnica, aún no es suficiente y se requiere profundizar más condiciones para cumplir con los requisitos técnicos y ambientales.

“La CGR considera que aún falta establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de nuestro país, en donde se subsanen previamente las deficiencias de información existentes en la línea base ambiental y se acuerden medidas adicionales de manera preventiva de ser necesarias y que la mismas cuenten con la vigilancia y control de los organismos y autoridades técnicas y ambientales competentes» concluye el informe.

POSICIÓN DE LOS GREMIOS

Hace tan solo unas semanas, durante el evento ‘Colombia Genera’, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), defendieron la implementación de la explotación y exploración de yacimientos no convencionales (fracking), asegurando que avanzar en ese camino le permitirá al país garantizar su autosuficiencia energética por los próximos años.

Estos sectores indicaron que el aprovechamiento de los hidrocarburos, a través de esta técnica, tiene unas implicaciones positivas para el país en materia de competitividad y crecimiento económico, con el aseguramiento de la sostenibilidad fiscal y el ingreso de más recursos para el desarrollo de las regiones con las regalías. Además, resaltaron que la implementación de esta técnica para la explotación de gas y petróleo se puede hacer de forma responsable con el medio ambiente, cumpliendo la normatividad y haciendo partícipes a las comunidades.

“Esta industria tiene una significativa participación en las exportaciones colombianas y la consecuente retribución de recursos al país. En materia fiscal, es conocido que esta industria entregará recursos equivalentes al 1,2 % del PIB en los próximos años. Con la exploración en yacimientos no convencionales el aporte ascendería entre 2,5 % y 3 % del PIB”, afirmó durante el evento Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

En cuanto a la seguridad energética, los gremios aseguraron que las reservas de gas se podrían extender hasta 30 años y en el caso del petróleo se podrían triplicar con la implementación del fracking. En la actualidad se estima que el país tiene unas reservas de 5,4 años para petróleo y de 11 años para gas.

“Los yacimientos no convencionales podrían aportarle al país recursos hasta por 100 billones de pesos en su etapa de desarrollo, recursos que servirán para apalancar inversiones del Gobierno Nacional, en beneficio de todos los colombianos. Aquí hay una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de Colombia y no podemos dejarlo pasar, debemos hacerlo y estamos preparados para hacerlo bien”, enfatizó en su momento Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Los dirigentes gremiales resaltaron que la implementación del fracking implicaría desarrollo de otros sectores de la economía y la industria como la metalmecánica, minería, logística y cementero. Además, pusieron de ejemplo que en caso de que se desarrollen 5000 pozos en el largo plazo, esto representaría 275.000 empleos directos.

No obstante, los gremios coincidieron en que el Gobierno Nacional debe revisar cuidadosamente el informe de la Comisión de Expertos, para decidir cuál será el plan que Colombia deberá emprender para el desarrollo e implementación del fracking en el país.

En ese sentido, nuevamente se abre el debate en el país entorno a la implementación del fracturamiento hidráulico, el cual será uno de los temas centrales en la política económica y petrolera en los próximos años.

BOGOTÁ (Colprensa).