HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Una JEP con nuevas expectativas

El pasado martes quedaron seleccionados los 51 magistrados que harán parte del Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP), quienes tendrán la responsabilidad de juzgar a todos aquellos exguerrilleros, agentes del Estado y civiles que cometieron delitos graves durante el conflicto armado y que buscarán la opción de penas alternativas, siempre y cuando cuenten toda verdad acerca de lo ocurrido en esos años de violencia.

La diversidad que representan, tanto por ser la mayoría mujeres, por haber representantes de negritudes e indígenas y hasta por llegar abogados de procedencia militares, ofrece garantías de que sus decisiones serán fruto de ricos debates que concluirán con fallos sensatos. Los magistrados de la JEP deben tener claro que su mayor preocupación será cumplir con las expectativas de las víctimas para satisfacer sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una responsabilidad histórica que está llamada a dar ejemplo de dignificar la justicia. Estos magistrados deberán demostrar con sus actos que tienen los más altos niveles éticos, que son independientes y que carecen de conflictos de interés.

Por eso es también muy positivo que se evidencie la representación de múltiples sectores ideológicos y que haya una gran cantidad de estos jueces que provienen de ambientes académicos, lo que les da una visión diferente a lo que hoy está en crisis en los altos tribunales, donde diferente a los debates apegados a la ciencia jurídica está primando la feria del que pague más. El hecho de que haya reparos simultáneos de militantes de los partidos Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y Centro Democrático (CD) demuestran, incluso, que hay un intento de equilibrio en la conformación de ese tribunal, y que no hay favorecimientos para nadie.

Como sociedad también debemos comprender que estos jueces deberán acogerse a los principios de la justicia transicional, con la que se busca castigar de maneras alternativas a la prisión (aunque la detención intramural no se excluye), y en donde los compromisos de no repetición tienen un peso mayúsculo, porque lo más importante no es anclarse en el pasado con castigos ejemplares, sino mirar hacia el futuro y garantizar que nunca más vuelvan a repetirse todos esos horrendos hechos que han manchado de sangre a Colombia.

Debemos entender que más que guiarnos por sentimientos de venganza es el momento de pensar que quien fue nuestro enemigo a muerte puede ser visto como un ser humano que se equivocó y tiene la voluntad de reparar el daño. Es verdad que nunca será posible una reparación plena, incluso cuando el responsable se envejece en una cárcel. También es claro que aquellos que no digan la verdad pasarán a la justicia ordinaria y serán juzgados sin beneficios. De que esta justicia funcione pronto y con equilibrio depende, en buena medida, que Colombia pase la página de la violencia.

Lo que esperamos ahora es que en el Congreso de la República avance con firmeza la Ley Estatutaria de la JEP, que reglamentará todos los procedimientos que deberán seguir estos jueces para impartir justicia. Se han dado muchas demoras para concretar ese asunto, que es fundamental para que se haga un trabajo riguroso y serio, como es la esperanza de todos. Como van las cosas, pese estar ya escogidos los magistrados, pasarán todavía meses para que se comiencen a abrir los procesos y tomar las decisiones.

También es saludable que esta semana haya comenzado oficialmente la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuyo mandato es comprobar el cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz con las Farc, que incluyen la reincorporación de los excombatientes a la vida civilizada.

*Internacionalista.

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