Sigue ´embolatada´ la extradición de ´Trichi por tráfico de cocaína

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Ha sido un año de rifirrafes entre la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Suprema de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, ya que no había claridad en quién tenía las competencias para entrar a definir la situación del exmiembro de las Farc, quien tampoco se pudo posesionar en la curul como representante a la Cámara el 20 de julio del año pasado.

Este martes se cumple un año de la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como ‘Jesús Santrich’, quien fue solicitado en extradición porlos Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con grupos narcotraficantes y envío de cocaína a ese país tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación llegaron ese lunes 9 de abril de 2018 a las 4:00 de la tarde hasta la residencia del exmiembro de las Farc, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, donde se realizó el operativo de captura y allanamiento tras la solicitud hecha por la embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Sin duda alguna, este era un gran golpe para el proceso de paz que había firmado el Gobierno Nacional, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, con una de las guerrillas más antiguas del continente, dado el papel protagónico que tenía Santrich en el partido político conformado tras la desmovilización y su posición como uno de los cinco representantes a la Cámara por el movimiento.

Por eso el caso conllevó a que Santos y el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregarán detalles de la captura a través de una declaración oficial, en la que vincularon a Santrich, según las investigaciones, como miembro de la organización ‘La Familia’, estructura que estaría dedicada a enviar droga al exterior y que tendría nexos con el Cartel de Sinaloa.

Santrich fue enviado a la cárcel La Picota, donde inició una huelga de hambre que duró cerca de un mes y que lo llevó a pasar más de 15 días en el hospital El Tunal, al sur de Bogotá. De allí salió a la Fundación Caminos de Libertad, ofrecida por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias y, posteriormente, regresó a la cárcel, donde hoy todavía espera que se defina su situación.

Ha sido un año de rifirrafes entre la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Suprema de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, ya que no había claridad en quién tenía las competencias para entrar a definir la situación del exmiembro de las Farc, quien tampoco se pudo posesionar en la curul como representante a la Cámara el 20 de julio del año pasado.

Según se explicó en su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió formalmente la solicitud de extradición a comienzos de junio de 2018, la cual fue remitida al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Jurídica de la JEP y a la Fiscalía General, con el fin de avanzar en el caso de extradición, la cual se demoraría entre cuatro y seis meses.

El 8 de junio el Ministerio de Justicia concluyó el estudio de la documentación, en solo uno de los cinco días que tenía para hacerlo, y se le envió al tribunal de la JEP, quien tenía 120 días desde ese momento para emitir un concepto sobre la fecha en la que habría sido cometida la conducta por la que es acusado Santrich, es decir, que definiera si fue antes o después de la firma del proceso de paz.

Para ese momento la Corte Constitucional estaba definiendo el conflicto de competencias que había alrededor del caso, por lo que la JEP pidió que se suspendiera la extradición. Sin embargo, la respuesta del alto tribunal fue que la justicia transicional no podía suspender las extradiciones de los exmiembros de las Farc y ratificó que la Fiscalía era competente para mantener la custodia de los exguerrilleros

Una vez definidas las competencias por parte de las Corte, el proceso de Santrich volvía a tomar forma y nuevamente la JEP entraba a estudiar el caso. Fue en septiembre cuando el tribunal decidió solicitar a la Fiscalía los audios y videos de las pruebas que pesaban sobre Santrich y, posteriormente, las pruebas fueron solicitadas directamente a la justicia de Estados Unidos.

En medio de este proceso, surtió un hecho de no creer. La carta que definía el futuro de Jesús Santrich, a través de la cual se le pedía a Estados Unidos las evidencias con las que cuentan para pedir la extradición, nunca llegó a manos de la justicia norteamericana, por lo cual tuvo que salir a dar explicaciones el Ministerio de Justicia y hasta 4-72, la compañía de correos colombiana.

Este problema llevó un retraso de 40 días en el andar del proceso de extradición de Santrich. Tras superado el tema, el 4 de febrero la JEP volvió a dar otro plazo de 20 días para recibir la asistencia judicial de Estados Unidos, la cual fue recibida a finales del mes, con lo cual el proceso entró en su recta final con la presentación de conclusiones por parte de la Procuraduría y de la propia JEP.

El pasado 8 de marzo la Procuraduría hizo entrega de su concepto, que advierte no procede la garantía de no extradición, por cuanto el requerimiento formulado por Estados Unidos se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo final de paz, el primero de diciembre de 2016. Ahora la Sala de la JEP entrará a revisar el caso de la garantía de no extradición.

En caso de que la fecha del ilícito fuera después de la firma del acuerdo final, la JEP enviaría la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de avalar este tipo de pedidos. Si se da luz verde al proceso, será el presidente de la República quien decida si firma o no la extradición. En caso de hacerlo, la documentación pasaría a la Fiscalía, que tendría 30 días para entregar a Santrich.

Sobre Santrich no solamente recayeron procesos judiciales. En enero, magistrados del Consejo de Estado lo visitaron para promover la audiencia de pérdida de investidura en su contra por cuenta de una demanda que llegó al Alto Tribunal de parte de la Sala Directiva de la Cámara de Representantes. En la misiva solicitaban que se decretara, debido a que no se posesionó en su curul el 20 de julio.

En la diligencia, el excombatiente argumentó que si bien no era el espacio para hacer mención de su inocencia, este dejó ver entre líneas que era víctima de las arbitrariedades que a su juicio ha cometido el fiscal general. Por lo que en medio de la diligencia no escatimó en asegurar que no ha pensado en mover “ni un solo gramo de cocaína ni participar en ningún acto legal o ilegal”. Así como también declaró que “no soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”.

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