Revive en forma indebida

Es común ver que quienes están en cargos de dirección o tienen alguna autoridad en el sector público, actúan frente al despliegue mediático de la noticia del día o a las críticas y manifestaciones de indignación expresadas en las columnas de opinión.

Servidores públicos anuncian “medidas contundentes”, crean comités de trabajo o advierten que iniciarán investigaciones o impondrán sanciones por hechos que se repiten una y otra vez y que solo hasta ver las publicaciones en las notas de prensa, genera una reacción de las autoridades buscando acallar el furor ciudadano con propuestas que no surgen de estudios serios o análisis detallado de la realidad, más bien persiguen la aceptación popular.

Pareciera que dentro de esa categoría está la proposición hecha en el Congreso de la República, al incluir en la reforma política la creación del Tribunal de Aforados. Esta iniciativa deja la sensación de que se quiere mostrar acciones inmediatas frente al escándalo suscitado en la Rama Judicial por los presuntos hechos de corrupción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La reforma política que está siendo debatida en la Cámara de Representantes nació como consecuencia del proceso de paz con las Farc negociado en La Habana; nada tiene que ver el organismo que se pretende crear para procesar judicialmente a funcionarios con fuero constitucional, con el espíritu de dicha reforma.

Recordemos que ya se había intentado crear el Tribunal de Aforados en la reforma de ‘Equilibrio de Poderes’ (Acto Legislativo 02 de 2015), pero los artículos que le dieron vida fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.

La adición que hizo el Congreso en la reforma política que está en trámite, incluyendo el Tribunal de Aforados, seguramente correrá la misma suerte en el control de la Corte cuando sea el momento de examinar su constitucionalidad, porque no existe unidad de materia frente al objeto de este proyecto y las motivaciones para revivir un ente que asumiría la investigación y juicio de los magistrados de cortes y el Fiscal General de la Nación.

No se podría reemplazar la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por la falta de resultados en los procesos sometidos a su competencia, con una iniciativa que nace del escándalo del momento. Por supuesto que es necesario hacer modificaciones en la Rama Judicial, salvaguardando su autonomía e independencia, pero mediante un proyecto libre de vicios de forma y fondo.

Se requiere el Tribunal de Aforados porque no pueden existir categorías de ciudadanos frente a la ley. No debe haber discriminación en la justicia entre colombianos de primer o segundo nivel y en ese sentido, ningún ciudadano está blindado.

Es claro que servidores que tienen la obligación de cumplir ciertas funciones, que  ejercen influencia por sus altos cargos, tienen que ser procesados por una corporación que actúe de manera autónoma y sin ninguna atadura al momento de adoptar las decisiones.

El Tribunal de Aforados debe incluirse en un proyecto de Acto Legislativo independiente de otra consideración. Incluso en el mismo texto podría tramitarse la erradicación de ciertas prácticas en la Rama Judicial que no le hacen bien, como las funciones electorales que tienen las cortes, forma de elección de magistrados, entre otras.

La propuesta de anexar a la reforma política ese Tribunal, es un globo lanzado al aire que de salir avante en el Legislativo, tendrá un examen difícil ante la Corte Constitucional, donde seguramente correrá con la misma suerte de la misma proposición hecha en la reforma de ‘Equilibrio de Poderes’.

 

*ExMagistrado