Jenny Ambuila no pudo ir a prisión domiciliaria porque no pagó el arriendo

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Jenny Ambuila, hija del funcionario de la Dian Ómar Ambuila, capturado por corrupción, se ha vuelto el blanco del escándalo por cuenta de las múltiples fotografías y videos puestos en redes sociales en los cuales hacía alarde de los multimillonarios gastos que su padre obtuvo de manera ilícita. 

Ahora, se suma un nuevo capítulo. Aunque un juez le dictó detención domiciliaria, cuando la mujer llegó a la casa donde vivía en Cali no la dejaron entrar porque debe dos meses de arriendo e, incluso, a la vivienda le cortaron los servicios públicos por falta de pago. 

Miguel Ángel Sánchez, abogado de los propietarios del inmueble, explicó que «dentro del último plazo de este contrato de arrendamiento ellos incumplieron dos canon de arrendamiento». Además, señaló, desde 2018 no se pagan dichos servicios públicos. «Estas fueron las verdaderas razones por las cuales se pidió la casa, no por la situación legal de la familia», agregó el abogado, en declaraciones al noticiero CM&.

Posteriormente, en LA FM, el abogado Miguel Ángel Sánchez dijo que por cuenta de esta negativa, Ambuila tendrá que registrar cómo domiciliaria la casa de algún familiar.

Así las cosas, Jenny Ambuila quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la espera de evaluar dónde puede purgar su pena. Por ahora permanece en los calabozos de Jamundí, en el Valle del Cauca. 

El caso

Vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por la Fiscalía General de la Nación y que no han podido ser justificadas por los presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando ni por algunos de sus familiares, que ostentaban los lujos en el extranjero.

Durante más de un año, un equipo especializado de la Dirección contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, con apoyo de agencias de los Estados Unidos, descifraron un esquema de corrupción que estaría en cabeza de dos funcionarios de la Dian, quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura.

Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dianen la terminal marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, de acuerdo con el material probatorio recaudado, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido, o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero.

A cambio de su ilícito actuar, estas dos personas y otros señalados cómplices habrían recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica.

Por ejemplo, estaría demostrado que los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los 6 millones de pesos; sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen.

Riqueza sobre ruedas

En el curso de la investigación llamó la atención que la hija y esposa de Ómar Ambuila gozaban de una vida de comodidades y así lo mostraban a través de las redes sociales. Ya en la verificación de sus movimientos financieros se constató que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.

Respecto a Jenny Ambuila, hija del funcionario de la Dian, se conoció que estudiaba en una de las más reconocidas y prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo. Esta joven sería la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca.

El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre.

Capturas

Gracias al material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación, a través de la policía judicial de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, capturó a 5 presuntos integrantes de esta red de corrupción y contrabando en Cali y Buenaventura.

Los dos funcionarios y los otros tres detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cali, quien legalizó las capturas. En este momento se les imputan cargos como presuntos responsables de algunos de los siguientes delitos:

Lavado de activos
Favorecimiento al contrabando
Enriquecimiento ilícito
Concierto para delinquir.

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