‘El Tribunal para la Paz merece una oportunidad’

La magistrada del Tribunal de Paz Ana Caterina Heyck consideró que la escogencia fue un proceso serio, transparente, honesto, responsable, de cara a una  gran responsabilidad frente al país y frente al gran reto de aportar justicia. Para mí es un honor haber sido escogida y lo acepto con profunda orgullo y alegría. Le cumpliremos al país y a las víctimas.

 

En medio de polémicas y un álgido debate legislativo sobre la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, esta semana se conocieron los nombres de los 51 integrantes de esta nueva justicia, tanto del Tribunal para la Paz, como de las Salas de Reconocimiento de Verdad, Sala de Amnistía y de Definición de Situaciones Jurídicas.

Las críticas no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de algunos de los magistrados escogidos, como Rodolfo Arango, por su filiación al Polo Democrático y las críticas que ha hecho hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez; o Sandra Gamboa, quien fue abogada en el Colectivo José Alvear Restrepo, entre otros.

En medio de los ‘trinos’ y el anuncio de Cambio Radical de no votar la Ley Estatutaria, el presidente Juan Manuel Santos anunció un nuevo decreto para que la JEP pueda iniciar algunas labores.

Entre estas, una urgente: el proyecto de ley que deberán redactar los magistrados sobre los procedimientos internos que tendrá la JEP y el Tribunal, que son procedimientos de índole penal y administrativos. Una vez esté listo, este proyecto de ley será presentado por el Gobierno al Congreso para su trámite.

HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Colprensa entrevistaron a la magistrada del Tribunal de Paz Ana Caterina Heyck y a los magistrados de las Salas de Justicia de la JEP Iván González, Catalina Díaz y Belkis Izquierdo y les hizo las mismas preguntas:

 

1. ¿Cómo recibe su elección?
2. ¿Cuáles son los retos de esta tarea, teniendo en cuenta la cantidad de procesos que se asumirán?
3. ¿Cómo responder a una sociedad polarizada y a un sector que cree que la JEP y el Tribunal no es de justicia sino de venganza?

 

“LA JUSTICIA DEMORADA NO ES JUSTICIA”: HEYCK

1. La recibo con profundo orgullo. Considero que fue un proceso serio, transparente, honesto, responsable, de cara a una  gran responsabilidad frente al país y frente al gran reto de aportar justicia. Para mí es un honor haber sido escogida y lo acepto con profunda orgullo y alegría. Le cumpliremos al país y a las víctimas.
2. El reto mayor es la consolidación de la paz, aportar justicia, responderles a las víctimas, al país, poner en marcha cuanto antes la Jurisdicción, dar resultados visibles (…) La metodología, los procedimientos, la focalización y la  priorización resultan muy importantes a efectos de dar resultados concretos. El país no necesita de teoría ni de diagnósticos sino de resultados visibles.

Hay varios desafíos y uno de ellos es que el Sistema no colapse por exceso de información y por esto se requiere un orden, una debida sistematización y priorización para poder avanzar. Esto implicará un acuerdo y una lógica pragmática. Hay que hacer las cosas bien, no hay paso para la mediocridad pero tampoco para la eternización, porque la justicia demorada no es justicia.

3. La verdad no he escuchado mayores críticas, sé que ha habido, pero no he encontrado críticas que impliquen un mínimo grado de preocupación. Siempre, como todo en la vida, hay críticas pero esto es normal. Que todo el mundo quede contento, pues no. La lógica de la diversidad es eso. Creo  en la responsabilidad y la transparencia de lo que fue el proceso de selección. No hubo influencias políticas, no hubo presiones. En un momento de crisis, un proceso como este no solamente es ejemplo y es motivo de orgullo.

Magistrado Iván González, dijo que primero hay que organizar el trabajo, determinar cuántos casos son, cuáles se pueden resolver con los mismos criterios, cuáles se deben priorizar e ir atendiendo una gran cantidad de asuntos de la manera más pronta posible.

 

“LA SOCIEDAD DEBE DARLE UNA OPORTUNIDAD AL TRIBUNAL”: GONZÁLEZ

1. La designación fue producto del proceso de selección que hasta donde llega mi conocimiento fue objetivo. La parte más importante del proceso de paz viene ahora, arranca ahora. Hay una cantidad de procesos que hay que atender, de victimas que reparar y de asuntos sobre los cuales hacer justicia. Hay que asumir la obligación de la mejor manera posible para que no se vuelvan a repetir hechos como los que se han venido repitiendo por 60 años.
2. Será necesario utilizar muchos criterios gerenciales que nos permitan responder a la gran cantidad de procesos que van a llegar en diferentes estadios procesales y con múltiples sindicados. Así que primero hay que organizar el trabajo, determinar cuántos casos son, cuáles se pueden resolver con los mismos criterios, cuáles se deben priorizar e ir atendiendo una gran cantidad de asuntos de la manera más pronta posible.
3. Esa es una de las cosas que tenemos que dejar de lado: dividir. Darle al Tribunal la oportunidad de trabajar y dar resultados. Me parece que la descalificación de las personas elegidas a partir de posiciones políticas anteriores o comentarios anteriores o actividades que han cumplido, es, en todo caso, injusto. El juez debe caracterizarse por su imparcialidad.

Ni siquiera se ha puesto en marcha el Tribunal y ya lo quieren ‘matar’ de una vez, sin darle oportunidad de qué es lo que va a hacer y cómo lo va  hacer. La sociedad debe darle la oportunidad al Tribunal para que empiece a funcionar.

La magistrada indígena Belkis Izquierdo dijo que como mujer indígena, como abogada, para mí es un honor hacer parte de esta gran Sala que realmente se escoge teniendo criterios muy importantes como el enfoque de los territorios, de los derechos humanos, étnico, de género, y creo que refresca mucho la posibilidad de fortalecer la justicia y la reconciliación.

 

“ES EQUIVOCADO DECIR QUE ES UN TRIBUNAL DE VENGANZA”

1. Para mí es un gran honor poder ser magistrada de las Salas de Justicia de la JEP. Creo que es una gran oportunidad para la administración de Justicia en el país, para demostrar que es posible hacer una justicia legítima, efectiva, eficiente, que produzca los resultados que le hemos prometido a la sociedad, a las víctimas y a quienes se acojan a la JEP.
2. Los retos son gigantes. En primer lugar, el reto es producir resultados en un tiempo razonable, resolver la situación jurídica de quienes se acojan a la JEP, satisfacer los derechos de las víctimas. En términos más concretos, la Sala de Verdad tiene una tarea titánica de recibir todos los informes que vienen de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar, de la Procuraduría, cruzarlos con los de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, para poder convocar a las personas para reconocer su responsabilidad. 

Esos actos de reconocimiento de responsabilidad, la Sala puede determinar que sea en una audiencia pública, con participación de las víctimas. No podrán ser todos, porque sería poco eficiente, pero tendrá que ser muy estratégico sobre cómo hacerlos, y, luego, producir las resoluciones de conclusión, que es donde se remiten los casos, explicando quiénes reconocieron responsabilidad a las Secciones respectivas del Tribunal para la Paz, y quiénes no lo hicieron.

3. El proceso de escogencia ha sido sumamente serio, riguroso, transparente, público. Creo que es francamente histórico lo que ha hecho el Comité de Escogencia, que es un paso trascendental que haya una equidad  de género y en términos de pluralidad y de participación de indígenas y afros en este tribunal. 

Los principios por los cuales opera la JEP son muy claros y entre ellos está que se trata de un modelo de justicia restaurativa: no es, por definición, venganza. La JEP no es venganza, todo lo contrario, es  un modelo de justica restaurativa. Me parece equivocado decir que es un Tribunal de venganza, me parece equivocado estigmatizar a algunos porque vienen del mundo de los derechos humanos o a otros porque han administrado justicia en la justicia penal militar, son dos tipos de trayectoria legítimas.

 

EL REFLEJO DE UN PAÍS DE REGIONES”: IZQUIERDO

1. Como mujer indígena, como abogada, para mí es un honor hacer parte de esta gran Sala que realmente se escoge teniendo criterios muy importantes como el enfoque de los territorios, de los derechos humanos, étnico, de género, y creo que refresca mucho la posibilidad de fortalecer la justicia y la reconciliación. Considero muy importante para que la justicia indígena visibilice sus principios y valores y sobre todo que son justicias con un gran enfoque restaurativo.

2.Tenemos que avanzar en una justicia ya no urbanizada sino pensando en el país rural, colocando a las víctimas en el centro. El reto principalmente es que todos los procesos internos estén en el marco de los estándares internacionales de los derechos humanos y en el marco de la Constitución Política. Creo que habrá una gran oportunidad de ser muy creativos y por eso insisto en la importancia de incorporar elementos de la justicia indígena, que tiene valores muy interesantes, pensando en la restauración y en cómo equilibrar las sanciones.

3.Creo que aquí es muy importante la composición del Tribunal y ese reflejo del país, de un país de regiones, donde hay diversidad ética. Creo que se recogen estas visiones. Uno no estaría muy cerca de esas polarizaciones, creo que hay una composición interesante y por eso estamos muy contentos. Hombres, mujeres, de muchas regiones, género y  territorio./Colprensa

 

 

LOS RETOS DE LOS MAGISTRADOS 

Tras la designación de los 20 magistrados que integrarán el Tribunal para la Paz, los 18 de las tres Salas de Justicia y a Mirtha Patricia Linares Prieto como directora de la Jurisdicción Especial para la Paz, empieza a clarificarse el camino de la justicia especial acordada en La Habana con la guerrilla de las Farc.

En estas personas queda el reto histórico de poner punto final a la verdad judicial de 52 años de conflicto, con la revisión de miles de expedientes penales, administrativos y disciplinarios cometidos en ocasión y en relación directa con el conflicto.

Para esta trascendental tarea se pactó un plazo de diez años, con un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad, que podrá ser prorrogado a solicitud de los magistrados de la JEP.

Colprensa consultó expertos quienes señalaron que los nuevos magistrados de esta jurisdicción tienen el deber de dar legitimidad al proceso de paz ante la ciudadanía, con retos específicos de técnica jurídica ante la cantidad de casos.

El director de Dejusticia, César Rodríguez, señaló que hay retos jurídicos enormes dada la magnitud de procesos que conocerá el Tribunal, “en una guerra que se está acabando a través de un acuerdo de paz y no en una victoria militar de una parte sobre la otra”, dijo.

“Ellos tienen una misión sin precedentes, no hay un Tribunal de transición con tantos casos y actores potencialmente cubiertos por este”, agregó.

Los retos jurídicos pasan entonces, según Rodríguez, por interpretar qué significa la cadena de mando “para responsabilizar a los comandantes; interpretar qué significa complicidad de terceros, etc. Son asuntos jurídicos complicados”.

Pero además, los nuevos magistrados del Tribunal tienen un reto administrativo. De acuerdo con Rodríguez para determinar “cómo se priorizarán casos, cómo se encuentran patrones de investigaciones para que no se vean desbordados por el número de miles de situaciones jurídicos que tendrán que conocer”.

Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra el reto fundamental que tendrán estos juristas será “hacer viable, creíble y confiable esa Justicia Especial para la Paz”.

“Se debe generar confianza y ser sumamente eficiente, rápida, pero al mismo tiempo juiciosa, cuidadosa, pausada, objetiva, sobria y alejada de la política totalmente”, agregó.

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se fundamentó en el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Tiene tres Salas, compuestas por 18 magistrados colombianos y 7 suplentes: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto.

Igualmente, contempla el Tribunal para la Paz como órgano de cierre y la máxima instancia de la JEP, con 20 magistrados colombianos y 6 suplentes, dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una sección de apelación y una Sala de Estabilidad y Eficacia.

El Tribunal se encargará de revisar los casos, someter a juicio a quienes no reconozcan responsabilidad, emitir sentencias, imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones para su ejecución; así como la de supervisar el cumplimiento de las sanciones. Igualmente, revisará condenas emitidas por la justicia ordinaria, siempre que se trate de delitos cometidos en el marco el conflicto.

Aunque todavía el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP está en curso en el Congreso, el Tribunal impondrá sanciones con restricción efectiva de libertad a personas que hayan cumplido con todos los requisitos del sistema como contar la verdad y reparar a las víctimas, que no es cárcel. También habrá sanciones alternativas, que van dirigidas para las personas que se acojan de manera tardía a la JEP o que no cuenten toda la verdad, y que incluyen prisión de 5 a 8 años.

Y habrá sanciones ordinarias a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. No serán inferiores a 15 años, ni superiores a 20 en el caso de conductas muy graves.

La JEP también tiene la Unidad de Investigación y Acusación, cuyo director será elegido próximamente, y quien realizará las investigaciones correspondientes y adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y establecer acuerdos de cooperación con esta y tendrá un mínimo 16 fiscales colombianos.

Cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que es la única que está en marcha, y se encarga de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz; así como un presidente, cargo en el que quedó Mirtha Patricia Linares, y 6 juristas extranjeros quienes podrán intervenir excepcionalmente.

 

LAS SALAS

La Sala de Verdad recibirá toda la información sobre el conflicto que tengan entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, entre muchas otras instancias, para su análisis y que allí se quedará la información de lo más grave y representativo del conflicto.

Lo que tenga que ver con amnistías pasará a la Sala de Amnistía en donde se definirá si es posible otorgar amnistías o no; y el resto pasa a la Sala de Definiciones Jurídicas.

Será en la Sala de Verdad en donde los magistrados estudiarán los casos más importantes y en donde la persona involucrada dirá si acepta o no la responsabilidad de los hechos que se señalen en una resolución. Si la acepta, el expediente pasa al Tribunal para que le fijen una sanción, si no lo hace, irá a juicio ante el Tribunal./Colprensa

 

Por
ALEJANDRA
BONILLA MORA