´Futuros diálogos tendrían riesgos si no se aprueban objeciones a la JEP´

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El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, alertó que por 22 años el Gobierno nacional ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de miembros de grupos armados ilegales, pero esa potestad se pondría en riesgo si no se aprueban las objeciones.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, hizo este jueves un llamado al Senado de la República para que acoja las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, al advertir que, de no aprobarlas, se ponen en riesgo eventuales negociaciones con otros grupos armados ilegales.

En declaración a medios de comunicación en el Congreso de la República, el funcionario explicó que durante 22 años el Gobierno nacional -a través del Alto Comisionado para la Paz- ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de miembros de grupos armados organizados, potestad que se pondría en riesgo si no se aprueban las objeciones.

“Preocupa al Gobierno que esta indeterminación de esa facultad afecte tanto a procesos presentes, como el que se viene implementando con las Farc, como en un eventual proceso con el Eln, porque es la Justicia Especial para la Paz (JEP) la que termina definiendo quiénes son miembros o no de un grupo armado organizado y a su vez tendrían que ser jueces de ellos”, explicó el Alto Comisionado.

Agregó que “si es la JEP la que determina quiénes son miembros o no de un grupo armado organizado, a su vez tendrían que ser jueces de ellos: investigarlos, juzgarlos y sancionarlos. Ahí existe una gran inconveniencia, como lo ha advertido el Gobierno nacional. En ese caso el encargado de esta función haría las veces de juez y parte”.

Alertó que se abre la posibilidad de que personas que no hagan parte de los grupos armados ilegales se aprovechen de esa indeterminación y se beneficien de la Justicia Transicional.

Finalmente, el Comisionado indicó que es el Gobierno nacional el responsable de adelantar los procesos de negociación con los grupos ilegales y que es el Alto Comisionado de Paz el que tiene la responsabilidad política de verificar quién tiene derecho a acceder a los beneficios de la Justicia Transicional.

“La Justicia Especial para la Paz tiene una facultad muy clara para investigar, sancionar y juzgar a personas que se acogen a la Justicia Transicional, pero el Ejecutivo tiene una responsabilidad política e histórica muy clara: es él quien debe determinar si su contraparte, en una negociación de carácter político y no jurídico, hace parte o no del grupo con el cual está llevando a cabo un acuerdo de tipo político”, enfatizó el Alto Comisionado./Presidencia

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