Los días de ´El Paisa´ en la JEP están contados

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Hernán Darío Velásquez, alias ´El Paisa´, podría ser expulsado de la JEP en cualquier momento.

 El próximo 26 de abril se definirá la suerte de Hernán Darío Velásquez ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Para ese día fue convocada una audiencia de alegatos finales en la que la Procuraduría y el abogado del exjefe de la Teófilo Forero expondrán sus argumentos sobre la situación de alias ‘El Paisa’.

La decisión fue informada por el magistrado Óscar Parra, presidente de la citada Sala, quien hizo un recuento de los incumplimientos para con lo pactado en La Habana por parte de Velásquez. Dijo, por ejemplo, que el pasado 18 de marzo no compareció a rendir su testimonio en el proceso relacionado con los secuestros perpetrados por la guerrilla.

En ese entonces, el defensor de oficio de ‘El Paisa’ adujo problemas de seguridad de su cobijado, por lo que no se pudo trasladar hasta la sede del tribunal para entregar su versión.

El primer incumplimiento que se le comprobó a Velásquez Saldarriaga tuvo lugar en octubre pasado cuando los exjefes guerrilleros debían entregar un informe sobre las acciones que habían realizado relacionadas con su reincorporación y sus compromisos con el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc.

Velásquez ni lo presentó ni pidió prórroga para la presentación de ese documento, por lo que se abrió un incidente de incumplimiento.

Con estos dos antecedentes es que se toma la decisión de citar a la diligencia del próximo 26 de abril a las 8:00 de la mañana. “Al final de la audiencia se tomará una decisión que puede implicar pérdida de beneficios jurídicos previstos en el Sistema Integral”, precisó el togado.

Bajo el escenario de que sea retirado de la JEP se reactivarán las órdenes de captura en su contra y la Fuerza Pública deberá proceder a su ubicación y posterior arresto para que comparezca ante la justicia ordinaria.

El magistrado Parra indicó que el abogado de ‘El Paisa’ y el Ministerio Público radicaron sus alegatos finales ante la Sala y en cada uno de los escritos exponen sus explicaciones relacionadas con las pruebas que obran en el expediente. La Procuraduría pidió que se capture a Velásquez. Estos alegatos serán presentados oral y públicamente en la audiencia del 26 de abril.

“Esta es una fecha inmodificable para esta audiencia. Ya ha pasado un tiempo razonable. Ya la Sala ha evaluado y ha abierto todos los canales procesales para respetar, en la forma más rigurosa, el debido proceso. La Sala ha considerado que este es el momento oportuno para tomar una decisión”, concluyó Parra.

FALSOS POSITIVOS

De otro lado,  Organizaciones víctimas y defensoras de Derechos Humanos se dieron cita en el centro de Bogotá para acordar una entrega de informes que presentarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Colectivo José Alvear, entre otras organizaciones, anunciaron que la entrega de los informes se realizará entre mayo y junio. En él dan cuenta de la posible responsabilidad de las Fuerzas Militares en diferentes violaciones de derechos humanos.

“Con esto se busca demostrar la sistematicidad y las prácticas generalizadas, basadas en órdenes desde los altos mandos del Ejército Nacional y expresadas en acciones y formas de operar que no fueron aisladas, sino que obedecieron a una política de Estado y que en su gran mayoría permanecen en la impunidad en la justicia ordinaria”, expresaron colectivamente.

Entre los informes que prometieron enviar a la justicia transicional se encuentran las ejecuciones extrajudiciales en Arauca entre los años 2002 y 2008, la información sobre las masacres en los Montes de María, además de un informe de más de 100 casos de ejecuciones estrajudiciales cometidas por el batallón Bajes y la Brigada 14.

También entregarán un informe que vincula a la Décima Brigada Blindada del Ejército y las violaciones de Derechos Humanos por parte de la estructura de la inteligencia del Estado colombiano, así como también un informe del Sistema Integral sobre los departamentos de Meta y Guaviare.

BOGOTÁ COLPRENSA

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